Las claves de la reforma judicial de López Obrador: elección de jueces en 2025 y una Suprema Corte de nueve ministros

La reforma judicial propuesta por Andrés Manuel López Obrador ha avivado la discusión pública y ha puesto los reflectores sobre qué tanto de sus profundos alcances dejará pasar Claudia Sheinbaum, la presidenta electa. Esa enmienda ha provocado turbulencias en el plano económico y ha golpeado la celebrada estabilidad del peso en cuestión de días. Los mercados financieros temen por la vitalidad de los contrapesos en el Gobierno de Sheinbaum, tras unas votaciones que dieron a Morena, el partido en el Gobierno, una aplastante mayoría calificada en el Congreso, que le permitiría al oficialismo aprobar enmiendas a la Constitución sin necesidad de negociar con la oposición ni tampoco afrontar a un Poder Judicial adverso.

Las dudas sobre la reforma de López Obrador están puestas, principalmente, en la posibilidad de que los integrantes de la judicatura federal sean removidos de sus cargos y sustituidos por unos nuevos surgidos de una elección por voto popular. La propuesta legislativa traza cuáles serán los cargos judiciales que se someterían a votación, las fechas de los comicios y su duración en el puesto. La iniciativa forma parte del paquete de reformas enviado por el Ejecutivo al Congreso el 5 de febrero, cuando se conmemora un aniversario más de la Constitución de 1917. Durante su campaña, Sheinbaum abrazó la propuesta y la usó como bandera. Ahora, la próxima presidenta ha intentado contener el nerviosismo y ha delineado un matiz: que la propuesta no llegue al Legislativo sin antes ser discutida en un debate público con sectores sociales, incluidos los propios jueces.

La iniciativa propone que vayan a elección los cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), magistrados del Tribunal Electoral federal, magistrados de circuito y jueces de distrito. En total, más de 1.600 cargos judiciales irían a las urnas, a los que podrán postularse miles de abogados. La primera elección de todos estos cargos judiciales se realizaría en junio de 2025.

La propuesta plantea además una reforma al CJF, el órgano encargado de la administración de la judicatura y de la vigilancia de la actuación de los jueces, a excepción de los ministros de la Suprema Corte y los magistrados del Tribunal Electoral. Se propone crear por separado un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial con facultades para sancionar a todos los miembros de la judicatura, incluidos los ministros.

Otro de los cambios más importantes es la eliminación de las dos salas del Supremo, en las que se despachan asuntos en materias civil y penal y administrativa y laboral, para que todo se resuelva en el pleno. También se establece un candado para que la Corte no pueda otorgar suspensiones de normas generales ni suspensiones con efectos generales, una facultad que ha sido objeto de crítica por parte de López Obrador, luego de que los ministros han suspendido leyes expedidas por el Congreso hasta en tanto resuelven el fondo de las impugnaciones, como sucedió en su momento con el frustrado “plan B” electoral de López Obrador. Este cambio en la reforma plantea que “no puede cesar la aplicación de una ley mientras no se dicte sentencia, lo que conlleva a que no puedan ser objeto de medidas cautelares como son la suspensión”.

Reducción de la Corte

La reforma oficialista propone una Suprema Corte integrada por nueve ministros, en lugar de los 11 actuales. La postulación a estos cargos no será abierta a toda la ciudadanía. La iniciativa establece que el Ejecutivo propondrá a 10 candidatos, el Supremo a otros 10 (tras conseguir el voto aprobatorio de seis integrantes del pleno) y el Congreso a 10, cinco la Cámara de Diputados y cinco el Senado (con el voto de una mayoría calificada de dos terceras partes en cada Cámara). Los nuevos ministros durarían en el cargo 8, 12 y 14 años, en función de la votación que obtengan en las urnas (entre más votados, más tiempo se quedan).

Los ministros actuales perderían su nombramiento en el momento en que los nuevos jueces tomen posesión del cargo, el 1 de septiembre de 2025, tras la votación ciudadana. La iniciativa señala que a ninguno de los ministros salientes se le pagará su “haber por retiro”, una prestación por encima de la ley que incluye una pensión de por vida, asistentes pagados por la Corte, aguinaldo, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores para el juez y su cónyuge, prima vacacional y bono por riesgo.

Los candidatos a ministros deberán tener un título de licenciatura en Derecho con 10 años de antigüedad y no haber sido funcionarios federales. Los actuales ministros no podrán postularse a la elección de los nuevos integrantes del Supremo. Los aspirantes harán campaña, tendrán acceso a espacios en radio y televisión para presentar sus propuestas y participarán en debates, pero no contarán con recursos públicos ni podrán recibir donaciones privadas para ello. Los comicios serán organizados y fiscalizados por el INE, que enviará los resultados de la elección al Senado y este, a su vez, al Tribunal Electoral, para que resuelva las impugnaciones de los comicios, califique el proceso y declare su validez.

En el caso de la elección de nuevos magistrados electorales, se prevé el mismo mecanismo de listas de candidatos por cada Poder de la Unión. La diferencia es que las impugnaciones de esta elección serían revisadas, no por el propio Tribunal Electoral, sino por la Suprema Corte. Los siete nuevos magistrados de la Sala Superior y las salas regionales durarían en su encargo cinco y ocho años, en virtud de los votos que obtengan. Los actuales magistrados podrán participar en la elección venidera y repetir en el cargo.

Los nuevos magistrados de circuito y jueces federales podrán durar en su encargo nueve años, con la posibilidad de reelegirse uno o varios periodos adicionales. Los jueces que actualmente ostentan esos cargos pueden participar en la elección que organice el INE por voto popular. La elección de estos cargos se hará por circuito judicial. En México hay 32 circuitos, uno por cada Estado de la República, en los que hay juzgados y tribunales colegiados organizados por materias: administrativa, penal, civil, amparo, trabajo y otros especializados.

Un nuevo órgano de sanción

El nuevo Tribunal de Disciplina judicial estará integrado por cinco magistrados que durarán en su cargo seis años. Las propuestas de candidatos para este Tribunal se harán de manera parecida a la que regirán las postulaciones a la Suprema Corte. Su presidencia rotará dos años y será definida en una votación por los propios integrantes de su pleno. El Tribunal podrá investigar y sancionar a jueces por corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes, o cuando sus sentencias no se ajusten “a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia”. Las sanciones posibles incluyen la amonestación, suspensión, multa, destitución e inhabilitación. Estas últimas dos sanciones no aplicarán para los ministros de la Corte, en cuyo caso, el Tribunal deberá pedir a la Cámara de Diputados el inicio de un proceso de desafuero. El Tribunal podrá presentar ante la Fiscalía denuncias adicionales.

El nuevo órgano de administración judicial se integrará por seis personas, de las cuales una será designada directamente por el Ejecutivo, dos por el Senado (por el voto de dos terceras partes) y tres por el pleno de la Corte (con mayoría de seis votos). El Tribunal de Disciplina Judicial entrará en funciones el 1 de septiembre de 2025, y ese mismo día deberán ser designados los integrantes del órgano de administración judicial. En ese instante quedará extinto del CJF.

Al margen de los plazos establecidos para la elección judicial en 2025, si la iniciativa se aprueba, todos los jueces federales, incluidos los magistrados y ministros de la Corte, deberán ajustar sus sueldos para no ganar más que lo que ingresa el presidente de la República. Además, los jueces salientes no podrán, durante los dos años siguientes, litigar asuntos ante el Poder Judicial.

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