Un tribunal de Nueva York reduce el importe de la fianza de Trump a 175 millones de dólares y le da 10 días más de plazo

El expresidente de EE UU Donald Trump ha logrado este lunes un pequeño respiro judicial, pero también económico. Un tribunal de apelaciones de Nueva York ha fallado que el candidato republicano a la reelección en noviembre debe pagar únicamente 175 millones de dólares (unos 161,5 millones de euros) de fianza para satisfacer una sentencia por fraude civil, para lo que dispone de un plazo de 10 días más, a la espera de la apelación. Se trata de una sensible rebaja respecto de la sentencia completa de 464 millones de dólares (casi 355 de sanción más intereses) que vencía este lunes. La orden significa que Trump y sus hijos pueden seguir dirigiendo su negocio en Nueva York, si bien supervisados por orden del juez, y obtener préstamos de instituciones financieras neoyorquinas por el momento.

Mientras Trump comparecía en el tribunal penal de Manhattan para una vista previa al juicio por el caso Stormy Daniels (el pago de dinero negro a una actriz porno para acallar una aventura extramatrimonial), el Trump magnate, el condenado por fraude continuado en sus negocios ―durante una década engordó el valor de sus propiedades para obtener ventajas crediticias y de las aseguradoras―, ha podido evitar que la ejecución de la sentencia le dejase prácticamente sin liquidez, más allá de los 100 millones de dólares que logró reunir a finales de febrero para la fianza, insuficientes según el juez.

La semana pasada, sus abogados informaron de que una treintena de compañías aseguradoras habían declinado acudir en su ayuda, lo que había desatado todo tipo de especulaciones por la falta de avales del magnate. A primeros de mes, una aseguradora ya respaldó el importe íntegro de la fianza (92 millones de dólares) que tuvo que depositar para recurrir su condena por difamación a la escritora E. Jane Carroll.

Creciente falta de liquidez

Ante la creciente falta de liquidez del magnate, las especulaciones sobre el posible embargo de bienes raíces, o incluso de automóviles, por parte de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, habían arreciado en los últimos días. Alguien, en cualquier caso, se equivocó con los cálculos. El viernes, el mismo Trump aseguraba en su red social Truth Social que disponía de casi 500 millones contantes y sonantes para pagar la fianza, requisito indispensable para recurrir la multa que un juez de Nueva York le impuso el 16 de febrero por fraude continuado en sus negocios. Sus abogados, al contrario, habían manifestado días antes que no podía afrontar el pago.

La salida a Bolsa de su red social, el mismo viernes, permitió al candidato republicano a la reelección apuntarse una ganancia teórica de 3.000 millones de dólares, un potencial salvavidas de efectivo aunque no canjeable de inmediato, mientras sobre su imperio inmobiliario se cernía la amenaza del embargo parcial. La fiscal James ya se había fijado en varias propiedades embargables, en concreto una fastuosa finca y un campo de golf en el condado de Westchester (norte de Manhattan).

La millonaria multa por fraude en sus negocios ha sido un revés para su reputación, para la imagen de marca de hombre de éxito que en su día le permitió dar el salto a la política. Además de Trump, fueron declarados culpables sus dos hijos mayores y otros ejecutivos de la organización. Pero ni este caso, civil, ni ninguno de los cuatro penales que afronta en Nueva York, Washington, Florida y Georgia han hecho mella de momento en su candidatura, coronado ya como candidato republicano, antes de la convención del partido en julio, para las elecciones del 5 de noviembre.

Aunque su campaña renquea económicamente, por detrás de las boyantes cifras de la de Biden, el republicano no ha dado señales de desánimo. Solo de enfado ante lo que califica de persecución legal (o “caza de brujas”) con motivación política. El jueves, Trump reiteró esta línea de defensa en su red social: “INTERFERENCIA ELECTORAL”, escribió con sus mayúsculas habituales. También se quejó de que depositar dinero para poder recurrir era “MUY CARO”, y lanzó un mensaje a sus partidarios para recaudar fondos titulado “¡Mantened vuestras sucias manos fuera de la Torre Trump!”, su sede en Nueva York y en ocasiones citada como una de las propiedades que primero serían embargadas llegado el caso.

El viernes por la mañana, sin embargo, el expresidente escribió en Truth Social que tenía “CASI QUINIENTOS MILLONES DE DÓLARES EN EFECTIVO”. Uno de sus abogados aclaró más tarde que Trump se refería a “dinero reportado en sus formularios de divulgación de campaña que ha acumulado a través de años de poseer y administrar negocios exitosos”, no efectivo en mano. Porque hay un vínculo directo entre sus cuitas judiciales y su campaña: la instrumentalización política que el candidato republicano ha hecho de cada uno de los procesos. Y otro, más delicado, entre sus apuros económicos y la recaudación de fondos electorales: el nuevo acuerdo de Trump con el Comité Nacional Republicano garantiza que las donaciones vayan primero al PAC (siglas en inglés de Comité de Acción Política, el motor de la campaña) que paga sus facturas legales antes que al partido.

La lucha del expresidente por conseguir fondos, después de que múltiples aseguradoras declinaran suscribir la fianza, se ha convertido casi en un thriller político. Hipotéticos conflictos de intereses si recurre a donantes privados —o a fuentes extranjeras— para encontrar el dinero en una carrera contra reloj han sazonado los últimos días. El juez Arthur Engoron, que le declaró culpable en septiembre de fraude y le condenó a la millonaria sanción en febrero, ha impuesto nuevas restricciones a la Organización Trump ampliando la supervisión de un perito externo, lo que significa que la empresa no podrá mover grandes cantidades de dinero ni tomar medidas importantes sin ser examinada, aunque, en virtud del fallo de hoy, pueda seguir operando.

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