La abogada de la UE da un varapalo al acuerdo pesquero entre Bruselas y Marruecos

La Abogada General de la Unión Europea cree que el acuerdo pesquero alcanzado con Marruecos en 2019 “deberá anularse”. “Al no tratar al territorio del Sáhara Occidental y las aguas adyacentes de forma separada y distinta al Reino de Marruecos, el Consejo se equivocó por no respetar el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui”, razona la abogada, en un paso previo a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que no es vinculante, aunque en un 80% de las ocasiones, jueces y abogados generales coinciden en sus decisiones.

Esta conclusión de la Abogada General de la UE, la croata Tamara Capeta, llega por los recursos contra una sentencia del Tribunal General de la Unión, de septiembre de 2021, que daba la razón al Frente Polisario. Los argumentos de los jueces entonces eran, básicamente, que en la negociación de los dos acuerdos impugnados —el pesquero y el de comercio agrícola— se había ignorado a la población del Sáhara Occidental, algo fundamental porque las resoluciones de la ONU no reconocen la soberanía de Marruecos sobre este territorio.

La justicia europea negó la validez de las consultas, favorables a los acuerdos, que la UE había mantenido previamente con asociaciones, agentes sociales y entidades locales en el Sáhara Occidental bajo control de Marruecos. El Polisario, asentado en Tinduf (Argelia) desde que España abandonó su antigua colonia en 1975 y que solo controla un 20% del territorio, confía en revalidar el fallo favorable ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), la máxima instancia judicial de la Unión.

El razonamiento de Capeta es diferente y ella lo explica en la nota emitida por la Corte de Luxemburgo: “El Acuerdo de Pesca y el protocolo de aplicación no cumplen el requisito de tratar el territorio del Sáhara Occidental como ‘separado y distinto’ del Reino de Marruecos. Ello vulnera el principio de autodeterminación”. Estos argumentos estarían en consonancia con la jurisprudencia europea, razona.

Capeta añade que “el hecho de no tratar los dos territorios por separado también puede repercutir en el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a disfrutar y beneficiarse de sus recursos naturales, incluidos los recursos pesqueros de las aguas adyacentes a dicho territorio”.

En línea similar parece apuntar otra opinión de la abogada general, esta sobre productos agrícolas, emitida este jueves sobre los acuerdos comerciales de la UE con Marruecos en los que está afectado el Sáhara. Capeta indica que las etiquetas de tomates y melones deben reflejar el origen de estos productos, es decir, el Sáhara Occidental, y no agruparlas en una denominación genérica de Reino de Marruecos. En este caso, la jurista croata matiza que el acuerdo agrícola considera a Marruecos y el Sáhara Occidental como “territorios separados y distintos”, aunque también asigna a Rabat el papel de “potencia administradora de facto”.

Rabat se ha limitado a señalar, por boca de su portavoz del Gobierno, Mustafa Baitas, que la UE debe “asumir la responsabilidad de blindar su [acuerdo de] de asociación con Marruecos y protegerla de provocaciones y maniobras políticas”, según informa la agencia Efe. En 2022, el 56% de las exportaciones marroquíes tenían como destino los países de la Unión, de donde procedieron el 45% de sus importaciones.

El Frente Polisario, por su parte, ha considerado la recomendación de la Abogada General como “un avance hacia el reconocimiento del derecho a la autodeterminación y la independencia del pueblo saharaui”, de acuerdo con un comunicado. El movimiento independentista ve como una cuestión clave el reconocimiento que le han otorgado hasta ahora los jueces de Luxemburgo como “representante del pueblo saharaui y parte en el proceso de autodeterminación del territorio”, legitimado para actuar ante los tribunales internacionales. “Se traspone la jurisprudencia sobre los productos procedentes de los asentamientos Palestina ocupada [colonias israelíes en Cisjordania]”, destaca el Polisario. Sin embargo, califica de “desafortunada” y “aberración jurídica” la calificación de Marruecos como “potencia administradora de hecho”.

El acuerdo pesquero, en suspenso

La vigencia del protocolo pesquero suscrito entre la Unión Europea y Rabat en 2019 expiró en julio de 2023, cuando abandonaron las aguas bajo control marroquí en el Sáhara Occidental la veintena de barcos andaluces, canarios y gallegos que contaban entonces con licencia, entre un máximo de 93 negociadas para España por Bruselas. Mientras no se dicte una sentencia firme sobre la demanda del Polisario, las partes han dejado en suspenso la renovación del acuerdo.

Hasta que caducó el protocolo, era posible seguir el rastro de los peces capturados en aguas del Sáhara Occidental por barcos españoles. No parece ser así con los productos agrícolas que llegan a territorio de la UE procedentes de la antigua colonia española. Marruecos está obligado en principio a etiquetar su origen, pero sus autoridades son las únicas que pueden certificar la procedencia, sin intervención externa independiente.

La Comisión y el Consejo Europeo basaron sus recursos en la alegación de que el Frente Polisario carece de legitimidad para representar al pueblo saharaui, en contra de lo establecido por Naciones Unidas hace más de 40 años, después del fallido proceso de descolonización iniciado por España sobre un territorio considerado “no autónomo” (colonia) por la ONU desde 1963.

Tras una etapa de desencuentros y tensión entre Madrid y Rabat en 2020 y 2021, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio un giro en 2022 hacia la tesis de la autonomía bajo soberanía marroquí para el Sáhara Occidental. Tras abandonar la neutralidad como antigua potencia administradora, el jefe del Ejecutivo expresó entonces su aval a dicha propuesta, frente a la autodeterminación y la independencia reclamadas por el Polisario, al considerarla como la “más seria, creíble y realista” para solventar un conflicto enquistado desde hace casi medio siglo.

Marruecos buscó afianzar mediante anteriores acuerdos con la UE una base de legitimidad internacional para su reclamación de soberanía en el Sáhara Occidental, lo que la justicia europea cuestiona ahora. Pero el reconocimiento de la autoridad marroquí sobre la antigua colonia española que le brindó Estados Unidos en 2020, así como la presencia de consulados de casi tres decenas de países en El Aaiún o Dajla, han alterado desde entonces el paradigma de las relaciones entre Rabat y Bruselas.

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