La flota pesquera se retira de Marruecos tras la sentencia europea sobre el Sáhara

La flota pesquera española abandonará este lunes las aguas bajo control marroquí tras la expiración del protocolo suscrito entre la Unión Europea y Rabat hace cuatro años. Los 20 barcos andaluces, canarios y gallegos que cuentan con licencia en la actualidad —de un máximo de 93 negociadas para España por Bruselas— dejarán de faenar por tiempo indeterminado en esos caladeros del Atlántico. El protocolo no ha sido renovado a causa de la sentencia dictada por el Tribunal General de la UE en 2021 que declaró nulo el acuerdo pesquero con Marruecos, que se extiende a las aguas del Sáhara Occidental. La justicia europea justificó su decisión en que la Comisión Europea no había recabado el consentimiento de la población saharaui, “representada por el Frente Polisario”. Para Naciones Unidas, se trata de un “territorio no autónomo” o pendiente de descolonización. A instancias de España y Marruecos, el Ejecutivo comunitario recurrió el fallo ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que todavía debe dictar sentencia firme. A la espera de que se resuelva el litigio, el protocolo se ha mantenido en vigor hasta su vencimiento, sin que las partes hayan intentado negociar una prórroga.

En plena recta final de la campaña electoral, la retirada indefinida de la flota pesquera de unos caladeros donde llevan faenando desde hace siete décadas (bajo el paraguas de la UE desde 1988), pese a interrupciones y sobresaltos periódicos, amenaza la línea de flotación de la estabilidad de las relaciones entre Madrid y Rabat. Tras una etapa de desencuentros y tensión entre 2020 y 2021, el presidente Pedro Sánchez giró en 2022 hacia un acercamiento a la tesis de autonomía bajo soberanía marroquí para el Sahara Occidental. El jefe del Gobierno expresó entonces su aval a esa propuesta al considerarla como la “más seria, creíble y realista” para solventar un conflicto enquistado desde hace casi medio siglo.

El ministro de Agricultura Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha confirmado que su departamento está ultimando la publicación de una orden para la concesión de ayudas a la flota a partir del parón del lunes. La organización empresarial Confederación Española de Pesca le ha reclamado que ejecute con celeridad el esquema de compensaciones. Fuentes conocedoras del sector resaltan que ocho de los 20 barcos registrados para pescar en aguas bajo control marroquí han solicitado la licencia para el tercer trimestre de este año, esto es, a partir del 1 de julio.

La expectativa de optar a las ayudas para marineros y armadores afectados anunciadas por el Gobierno a partir de este lunes choca, sin embargo, con los requisitos exigibles: haber faenado un número mínimo de jornadas al año y no haber consumido otras ayudas con anterioridad. La salida de la flota que opera en Marruecos a solo seis días de la cita con las urnas conllevará previsiblemente la aprobación de “medidas extraordinarias”, según las fuentes consultadas. El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (EMFF, por sus siglas en inglés) cuenta con recursos consignados para financiar las compensaciones por cese temporal de la actividad, aunque solo hasta el final de 2023. Pescadores afectados por la expiración del protocolo en los puertos gaditanos de Barbate y Conil han convocado de inmediato acciones de protesta ante “el abandono y la dejadez” de la Administración, informa Europa Press.

Las 93 licencias reservadas a España, del total de 138 previstas en el acuerdo suscrito con Marruecos, se dividen en cinco categorías. Las dos primeras son para cerco y palangre de fondo, y suman en la actualidad 11 barcos basados en Andalucía. Hay también una de arrastre de fondo, para una embarcación gallega. Y otras dos de pesca artesanal sur y atuneros, para ocho buques con puerto en las islas Canarias. Solo se ha hecho un uso efectivo de una quinta parte de las licencias, en parte debido a la pandemia y al encarecimiento del combustible, y en parte al coste del canon por capturas (unos 12 millones de euros por parte de los armadores, según la agencia Efe) que se debe abonar a la Administración marroquí.

España, sin embargo, tiene un interés económico directo en el mantenimiento de un acuerdo pesquero por el que Bruselas ha abonado 208 millones de euros durante los cuatro años de aplicación del protocolo. Los caladeros bajo control marroquí representan una reserva alternativa para 47 pesqueros con puerto en Andalucía, 38 en Canarias y siete en Galicia ante la eventual escasez de capturas en sus zonas de pesca tradicionales.

La apuesta económica de Marruecos se centra ante todo en los ingresos por las licencias y el canon de capturas, al igual que en garantizar la contratación obligatoria de sus marineros y el mantenimiento de la actividad y el empleo en sus puertos de descarga. Bruselas busca además caladeros alternativos para los pesqueros de otros países miembro, como Alemania, Lituania, Polonia y Países Bajos. Pero los peces no lo son todo en un acuerdo con indudables repercusiones políticas. La Comisión Europea ha reconocido que no hay negociaciones en marcha para renovar el protocolo pesquero. Aguarda a que el más alto tribunal de la Unión dicte una sentencia definitiva. “En estrecho contacto con los socios marroquíes, la UE va a evaluar una eventual renovación del protocolo teniendo en cuenta las actuales restricciones, y los parámetros económicos y medioambientales”, puntualizó lacónicamente un portavoz de la Comisión tras la reunión de la comisión mixta de pesca Marruecos-UE, el jueves en Bruselas.

El ministro Planas, que ha ejercido como embajador en Marruecos y ante la Unión Europea, ha expresado su confianza en que se suscriba un nuevo convenio “lo antes posible”. Considera que va en interés de España, en tanto que país europeo “más próximo geográficamente a África”. Para anticipar las consecuencias de la expiración de la vigencia del protocolo, Planas ya se reunió con su homólogo marroquí, Mohamed Sadiki, a comienzos de mes en Roma, en el marco de la conferencia anual de la FAO, la organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura. Como solución provisional de desbloqueo, fuentes conocedoras del acuerdo pesquero UE-Marruecos han apuntado a un retorno al sistema de empresas mixtas hispano-marroquíes, con una formal mayoría de capital local, como mecanismo para la reanudación de la actividad pesquera española en aguas marroquíes si no llega a fraguar un nuevo acuerdo con la UE.

Antes de participar en un acto de campaña electoral en Córdoba, el ministro español calificó el viernes las conclusiones de la comisión mixta de pesca Marruecos-UE de “muy positivas e interesantes”, según informa Europa Press. El comunicado conjunto sobre la reunión difundido por la Delegación (Embajada) de la UE en Rabat evita mencionar que el convenio pesquero sigue pendiente de la apelación ante el TJUE. Ambas partes se declaran dispuestas a proseguir con la cooperación prevista en el acuerdo de pesca, “que se mantiene en vigor”, según afirman. Más allá de la extinción de su plazo de vigencia, la declaración conjunta avala su continuidad en “capítulos esenciales como las campañas (de investigación) científica, la cooperación técnica, la lucha contra la pesca ilegal (...) la seguridad en el mar y la mejora de las condiciones de trabajo de los marineros”.

Rabat se anticipó el miércoles a la reunión de Bruselas para poner sobre la mesa sus cartas. El ministro de Asuntos Exteriores, Naser Burita, advirtió de que la renovación del protocolo pesquero dependerá de una evaluación propia de su Gobierno. Burita preconizó “una visión de la asociación con Europa (...) con socios más avanzados, que aporten valor añadido a Marruecos”, en alusión a la cuestión del Sahara Occidental, “el prisma a través del cual Marruecos considera su entorno internacional”, de acuerdo con la la doctrina oficializada en un discurso del rey Mohamed VI en 2022. Rabat reclama además una política pesquera basada en criterios de rentabilidad económica y sostenibilidad ecológica.

“Nuestra prioridad es conseguir una prórroga del protocolo, pero antes necesitamos una aclaración de la decisión adoptada por parte del Tribunal de Justicia de la UE”, había alegado poco antes el comisario europeo de Pesca Virginijus Sinkevicius, en una reunión ministerial celebrada en Valladolid en el marco de la presidencia española de la UE.

El Frente Polisario, que controla un 20% del territorio de Sahara Occidental, frente al 80% que se encuentra en manos de Marruecos, confía en revalidar en la segunda instancia de la justicia europea el logro judicial que obtuvo en 2021 al promover la anulación inicial del acuerdo de pesca. El movimiento independentista asentado en Tinduf (Argelia) desde que España abandonó su antigua colonia en 1975, se ha ofrecido a otorgar licencias de pesca en aguas del Sahara para 13 buques españoles a través de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, según informa la agencia Efe. Ni España ni la UE han establecido contactos con el Polisario sobre esta controvertida cuestión, que ha sido vista por el ministro Planas como un mero gesto sin valor real.

El Gobierno de Rabat ha buscado afianzar en anteriores acuerdos de pesca con la UE una base de legitimidad internacional para su reclamación de soberanía en el Sahara Occidental. El reconocimiento de la autoridad marroquí sobre la antigua colonia española que le brindó Estados Unidos a finales de 2020 y la presencia de consulados de casi tres decenas de países en El Aaiún o Dajla (antigua Villa Cisneros bajo Administración española), han contribuido a relegar al convenio pesquero con Bruselas como cuestión prioritaria para el Ejecutivo marroquí.

“La UE ha cerrado con Marruecos una serie de acuerdos de pesca desde los años ochenta, que han sido prorrogados varias veces, sin que nunca se mencionara que pudieran ser inválidos en la parte marítima del territorio de las provincias del sur (Sahara Occidental)”, argumenta Ghada Boudass, especialista en derecho internacional marítimo de la Universidad de la Sorbona, citado por el semanario marroquí Tel Quel. “Ese comportamiento reiterado implica un reconocimiento tácito de soberanía”, concluye, “y Marruecos no va aceptar un cambio de enfoque jurídico”. Bruselas siempre ha mantenido que el acuerdo de pesca no afecta a “las posiciones respectivas de las partes en relación con el estatus del territorio del Sahara Occidental”. Según su doctrina oficial, “la UE apoya los esfuerzos de Naciones Unidas por alcanzar una solución política justa, realista, pragmática, duradera y mutuamente aceptable de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad”.

El veredicto final del TJUE, que previsiblemente no llegará antes de fin de año o comienzos de 2024, cuando están previstas elecciones europeas, marcará el devenir del acuerdo. Marruecos ha desarrollado las últimas décadas su propio sector pesquero, que genera más de 200.000 empleos, con un incremento de las exportaciones del 13% en 2022, hasta alcanzar los 2.800 millones de dólares (2.490 millones de euros), según datos oficiales citados por la agencia Reuters. Rabat suscribió en 2020 un acuerdo de pesca con Rusia que concluye a finales de este año, y que ya ha comenzado a ser revisado en reuniones bilaterales celebradas en mayo pasado en Rabat. China también ha dado los primeros pasos para echar sus redes mediante la firma de un principio de acuerdo, el pasado día 5, con el objetivo de desarrollar en Marruecos actividades pesqueras, de acuicultura y de transformación de los productos del mar. Las potencias globales que tienen a África en la diana de sus intereses ya están tomado posiciones en los caladeros bajo control de Marruecos mientras la flota europea recoge velas.

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