El Supremo de Estados Unidos extiende su bloqueo a la ley antimigrante de Texas

El Supremo ha alargado de último minuto su bloqueo a la antimigrante más dura de Estados Unidos. El juez conservador Samuel Alito publicó esta tarde de lunes, solo minutos antes de que se extinguiera el plazo, una orden que alarga el proceso de evaluación de la polémica norma, que permite a agencias de seguridad locales solicitar papeles a cualquiera bajo sospecha de haber llegado al país de manera irregular. El aspecto más controvertido de la ley, conocida como SB4, es que ponía en marcha un sistema que permite a las autoridades estatales iniciar la expulsión de personas a México, una facultad exclusiva del Gobierno Federal hasta ahora. La decisión de Alito no ha establecido una nueva fecha límite para la entrada en vigor de la SB4.

El Tribunal constitucional frenó a inicios de este mes la entrada en vigor de la controversial norma, que contempla penas de hasta 20 años de prisión a quienes crucen la frontera de manera irregular. El juez Alito dio a conocer el bloqueo el 4 de marzo, horas antes de que la ley entrara en vigor. Era una decisión temporal que tenía como objetivo dar tiempo a los togados para determinar los siguientes pasos. El juez extendió el plazo al 13 de marzo y después volvió a intervenir para empujar el fin al lunes 18 de marzo. La ley iba a entrar en vigencia desde las 16.00 (hora de Texas) para ser aplicada en los 254 condados si el Supremo no se pronunciaba. La moción de Alito llegó pocos minutos antes de que la ley se hiciera válida.

La SB4 fue promulgada en diciembre por el gobernador Greg Abbott, quien abandera una dura cruzada en contra de la inmigración ilegal. El mandatario firmó la ley en la zona del Valle del Río Grande, una zona en la frontera que ha registrado un agudo incremento en el flujo migratorio. Aquel mes rompió todos los récords en el número de detenciones. Las autoridades de Seguridad Interior aseguraron entonces que se procesaban a diario unas 5.000 personas en la frontera. Los republicanos afirman que unos 3,3 millones de personas han entrado a Estados Unidos en la presidencia de Biden. El número de aprehensiones bajó en el arranque de 2024.

Un juez federal de distrito ha argumentado que la ley firmada por Abbott es inconstitucional. El magistrado aseguró que la norma da a autoridades estatales facultades de regulación de la migración que solo competen al Ejecutivo federal. El fiscal de Texas apeló a la decisión y se defendió asegurando que la SB4 imita leyes federales para “atender la crisis en curso en la frontera”. La SB4 permite a policías locales detener a cualquiera en prácticamente cualquier sitio, a excepción de escuelas, iglesias y hospitales y centros de salud.

El Quinto Circuito de Apelaciones, sin embargo, le dio la razón al Gobierno de Texas. El panel de jueces le dio al Gobierno federal siete días para recurrir su decisión. La apelación llegó pronto. A nadie sorprende que el destino de esta ley se va a dirimir en Washington dentro de los muros del Supremo. Lo anunció el propio gobernador Abbott en cuanto un juez de distrito la consideró inconstitucional.

El Departamento de Justicia pidió al Supremo conocer el caso al considerar que la SB4 puede alterar “el estatus quo que ha existido entre Estados Unidos y los Estados en el contexto de la inmigración por casi 150 años”. En su demanda, la Administración del presidente Biden traza similitudes entre esta y otra famosa ley antimigrante, la SB1070, promulgada por Arizona en 2010.

Esta permitía a las fuerzas de seguridad locales pedir papeles a casi cualquiera bajo sospecha de haber entrado ilegalmente al país. La norma, aprobada por un Legislativo controlado por los republicanos, estuvo en los tribunales por dos años. En junio de 2012, el Supremo invalidó varios aspectos de la norma y permitió otras seguir en vigor. Entre lo que dictaminó estaba que solo el Gobierno federal tiene el poder para dictar leyes contra la inmigración ilegal.

Puede que la SB4 no haya entrado en vigor, pero el texto de la ley ya ha hecho que las comunidades migrantes pongan la guardia en alto. La red consular de México en Texas, compuesta por once oficinas en varias ciudades, ha iniciado esta semana sesiones informativas para conocer el potencial alcance de la normativa. El Gobierno mexicano ya ha rechazado categóricamente la ley al considerarla que será utilizada para perseguir a personas de color.

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