Un centenar de organizaciones denuncian el último intento de Orbán de “intimidar, disuadir y silenciar” a la sociedad civil

El Gobierno ultraconservador de Viktor Orbán ha emprendido una cruzada contra los poderes extranjeros que supuestamente amenazan la soberanía húngara. Su partido, Fidesz, presentó la semana pasada ante el Parlamento un paquete legislativo para la “defensa de la soberanía”. El Ejecutivo plantea reformar el código penal para castigar con hasta tres años de prisión la financiación extranjera de actividades políticas y crear una Oficina para la Defensa de la Soberanía, con amplias competencias de investigación. Más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil han denunciado este viernes lo que ven como el último intento de Orbán de “intimidar, disuadir y silenciar” a las voces críticas.

“Un país donde se intimida a la gente para que no represente sus propios intereses no es una democracia”, afirman las ONG en un comunicado conjunto. “Al insinuar que detrás de cada posición crítica hay intereses extranjeros, las autoridades desprecian a sus propios ciudadanos cuando pretenden intimidar, disuadir y silenciar a quienes participan activamente en la vida pública”, insisten.

Los presuntos ataques a la soberanía nacional se han convertido en una prioridad para el ultranacionalista Orbán, que ha empezado a calentar la campaña electoral para las elecciones europeas y municipales de 2024. La propuesta legislativa va más allá de la prohibición de financiación extranjera de los partidos políticos ya en vigor al introducir penas de cárcel y ampliar el veto a organizaciones ciudadanas, muy activas en las elecciones locales en Hungría. También prevé la 12ª reforma de la Constitución desde que Orbán volvió al poder en 2010 para incluir, entre otras provisiones, que “la defensa de la patria es un asunto nacional”. Este otoño el Gobierno ha empapelado Hungría con carteles contra el supuesto intento de injerencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Alexander Soros, hijo de su archienemigo, el magnate George Soros, para promocionar una de sus clásicas consultas nacionales.

El Gobierno quiere que la nueva Oficina para la Defensa de la Soberanía funcione desde febrero de 2024. No tendrá competencias disciplinarias, pero sí amplios poderes para iniciar investigaciones y acceder a todo tipo de información sobre partidos políticos, asociaciones de la sociedad civil, periodistas o ciudadanos, según las ONG. Además, podrá hacer recomendaciones a otras instancias.

Márta Pardavi, copresidenta del Comité Helsinki de Hungría, una de las principales organizaciones de defensa de la democracia y los derechos humanos del país, explica al teléfono que la nueva autoridad puede iniciar investigaciones cuando considere que determinadas actividades suponen un riesgo para la soberanía nacional porque responden a intereses extranjeros. También cuando vea financiación del exterior que crea que puede interferir en las elecciones o influenciar la voluntad de los votantes. Esta experta en derecho compara “la arbitrariedad sin control de esta oficina” con “los servicios secretos internos que estaban destinados a intimidar, acosar y difamar a los ciudadanos húngaros” en la época comunista.

El texto deliberadamente ambiguo de la norma permite poner bajo la lupa de esa agencia todo tipo de actividades, según las ONG. Organizar una conferencia sobre el Estado de derecho o la guerra en Ucrania —ambos asuntos que enfrentan a Budapest con Bruselas—; pedir una de las subvenciones del Parlamento Europeo para fomentar la participación en los comicios; organizar debates sobre el Acuerdo Verde europeo o juntar a eurodiputados para hablar de cualquier asunto. La lista de actividades sospechosas puede ser infinita.

La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, advirtió este lunes en un comunicado de que la oficina “proporcionará al Ejecutivo aún más oportunidades de silenciar y estigmatizar a las voces independientes y a los opositores”. Zoltan Kovacs, secretario de Estado de Comunicación internacional del Gobierno húngaro, le dedicó un ataque personal a la comisaria por el pasado político de su madre y abuelo y después le respondió en la red social X, antes Twitter: “La ley dista mucho de ser una herramienta autoritaria; más bien, sirve para reforzar nuestros baluartes clave, garantizando la integridad de los procesos políticos húngaros y protegiéndolos de la intromisión extranjera”. En otro mensaje defendió la norma recordando que Péter Márki-Zay, líder de la fallida candidatura conjunta de la oposición para las elecciones de 2022, que no formaba parte de ningún partido, recibió financiación estadounidense.

Precedente en 2017

El Gobierno húngaro ya aprobó en 2017 una ley dirigida a controlar la financiación extranjera de las ONG, pero la norma fue derogada tras un procedimiento de infracción iniciado por Bruselas. Stefánia Kapronczay, directora ejecutiva de TASZ, la Unión por las Libertades Civiles de Hungría, explica que la propuesta de ahora va más allá porque ya no solo habla de financiación extranjera, sino de actividades que sirvan a intereses extranjeros.

Kapronczay ve un doble peligro en la actividad de la nueva oficina. “Por un lado, es una herramienta de propaganda en el sentido de que no tiene definiciones claras, pero se puede utilizar para etiquetar a las organizaciones que consideren que perjudican a la soberanía de Hungría”, dice. “También es muy problemática porque los informes que produzca pueden ser utilizados por otras autoridades para causar aún más daño a organizaciones y ciudadanos”.

La esencia de la ley recuerda a la normativa rusa sobre agentes extranjeros. A Kapronczay no le extrañaría que el Gobierno se haya “inspirado” en ella, porque “los ejemplos rusos se utilizan siempre como libro de texto” en Hungría. Señala, además, que “el presidente Vladímir Putin hizo hace muy poco un discurso sobre la soberanía de Rusia, y tenía sorprendentes similitudes con lo que el primer ministro Orbán está diciendo sobre la soberanía de Hungría y cómo Occidente está amenazando nuestra soberanía”.

“La ley viola la Constitución de Hungría y también incumple la legislación de la UE”, señalan las organizaciones firmantes del comunicado, que recuerdan la ley de 2017 y otra de 2018. “Esas ya fracasaron y esta no será diferente”, confían. La norma todavía tiene que pasar por el trámite parlamentario.

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