Donald Tusk se prepara para el reto de restaurar el Estado de derecho en Polonia y desbloquear la financiación europea

Donald Tusk, líder de la oposición liberal en Polonia, prometió durante la campaña para las elecciones legislativas del pasado 15 de octubre que si ganaba, los fondos europeos bloqueados por Bruselas por el deterioro del Estado de derecho llegarían a Polonia el día después de los comicios. Aunque el ultraconservador Ley y Justicia (PiS) fue la fuerza más votada, los partidos liberales, con la Plataforma Cívica de centroderecha de Tusk en cabeza, sumaron los escaños necesarios para formar Gobierno. Los fondos no fluyeron, sin embargo, milagrosamente a Varsovia el día 16, y no es fácil que lo hagan en un tiempo. Reparar el Estado de derecho tras las embestidas de ocho años de Ejecutivo de PiS tampoco va a ser sencillo.

Tusk no ha esperado a ser nombrado primer ministro —lo que podría demorarse hasta diciembre, después de que el presidente, Andrzej Duda, haya otorgado primero la oportunidad previsiblemente abocada al fracaso de formar Gobierno a PiS— para viajar a Bruselas. Apenas 10 días después de las elecciones, el también expresidente del Consejo Europeo (2014-2019) mantuvo reuniones informales con los líderes de las instituciones europeas y compareció junto a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

En los círculos de la capital europea se ha visto con gran alivio el resultado electoral polaco. Se repite continuamente que la muy probable llegada de Tusk al poder convertirá a Polonia en socio “constructivo”. Sin embargo, en Bruselas enfatizan que el cambio no garantiza que se vayan a descongelar los millones de euros en fondos europeos que Polonia tiene inmovilizados por sus incumplimientos del Estado de derecho y reformas antidemocráticas. Para recuperarlos, Varsovia tiene que cumplir los requisitos.

En la difícil misión de desbloquear los 35.400 millones de euros del plan de recuperación polaco, y los 76.500 millones de los fondos de cohesión del periodo 2021-2027, Tusk tiene a su favor que conoce muy bien Bruselas y el arte de la negociación europea. En su contra están el tiempo que queda (el periodo para ejecutar el plan de recuperación termina en 2026) y las condiciones que la Comisión Europea exigió al Gobierno de PiS.

Para cumplir con Bruselas es necesario reformar leyes existentes o aprobar otras nuevas, pero los analistas temen que el nuevo Ejecutivo se tope con un muro a la hora de legislar, pese a tener mayoría parlamentaria. El problema al que apuntan todos es el presidente, que tiene derecho de veto. Como explica Anna Wójcik, cofundadora de la web Estado de derecho en Polonia e investigadora en el Instituto Max Planck, con sede en Alemania, el dirigente “ha sido presidente del partido PiS, no de todos los polacos”. El mandato de Duda, que solo dejó de ser miembro de la formación para convertirse en presidente, termina a mediados de 2025.

Uno de los principales requisitos de Bruselas para liberar los fondos tiene que ver con el sistema disciplinario de los jueces y que los casos contra los magistrados los dirima un tribunal independiente. El Gobierno de PiS aprobó una ley que respondía en parte a las peticiones de la Comisión, aunque generó rechazo en la judicatura. Duda, que tampoco estaba conforme con la nueva norma, la envió al Tribunal Constitucional y allí lleva bloqueada casi un año, por las disputas internas de un órgano completamente politizado. “Un nuevo proyecto de ley aceptable para Duda es la solución más fácil”, señala Wójcik en un intercambio de correos electrónicos.

“Interpretación creativa”

Hay quien manifiesta alguna esperanza en que Duda sea razonable para dejar un legado y forjar una imagen de estadista que le permita una carrera internacional tras su mandato. Los expertos ven, sin embargo, más realista ir tirando con cambios que no requieran legislar y confiar en que la Comisión Europea haga una “interpretación creativa” de las condiciones que le puso a Polonia, como dice por teléfono Jakub Jaraczewski, director de investigación del think tank Democracy Reporting International (DRI).

El experto señala, por ejemplo, como cambios radicales pero sencillos de llevar a cabo, que el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General, que ahora mismo dependen de la misma persona, Zbigniew Ziobro, sean dos entidades independientes y “dejen de acosar y atacar a los jueces”. También cree que el sistema judicial puede reorganizarse en parte directamente en los propios juzgados, mediante la normativa interna. Además, recuerda que el principal escollo para la Comisión, la sala disciplinaria de los jueces del Tribunal Supremo, que le costó a Polonia una multa diaria de un millón de euros durante meses, se desmanteló; los magistrados que la formaban ya no están, y la sala de responsabilidad profesional que la sustituye “ha funcionado bien”. “Quizás la Comisión pueda decir: ‘Hemos cambiado de opinión, después de examinar su trabajo, vemos que [esa sala] está bien”, plantea.

El desbloqueo de los fondos sin el cumplimiento de los hitos reforzaría la idea que ha agitado PiS de que Bruselas apretaba a Varsovia por motivos políticos y no jurídicos. “De alguna forma lo demostraría, pero la mayoría de la gente es pragmática y los que acusarán a la Comisión de doble rasero serán los votantes habituales de PiS”, opina Jaraczewski.

La politóloga Anna Paczesniak, jefa del departamento de Procesos Políticos Europeos en la Universidad de Breslavia, cree que el desbloqueo rápido de al menos una parte de los fondos sería “un regalo” para los partidos liberales, ante las elecciones locales y europeas del año que viene. En su opinión, Bruselas entiende que no hay mucho tiempo para seguir reteniendo el dinero a Polonia y Tusk concita una gran confianza en la capital europea.

Injerencia política en la justicia

Paczesniak señala que más allá de la cuestión financiera y los requisitos de la Comisión, el electorado es consciente de que restaurar el Estado de derecho no va a ser rápido ni fácil. La reforma judicial que inició PiS tras llegar al poder en 2015 ha dejado muy politizados al Tribunal Constitucional, el Supremo, y los juzgados. En todas las instancias se han colocado más de 2.000 magistrados, llamados despectivamente neojueces, que han sido nombrados por un poder judicial tomado por PiS.

“Es muy difícil decidir qué hacer con el Constitucional sin legislar”, señala Jaraczewski. Como mucho, el experto cree que se podría expulsar a tres jueces colocados ilícitamente, pero el resto, en su mayoría considerados cercanos a PiS o a su socio de coalición, Polonia Soberana, tienen su mandato más consolidado. También cree que se podría intentar, a través de algún juzgado, revisar y tumbar decisiones tomadas por esos jueces ilícitos, como la que restringió aún más el derecho al aborto en 2020 o la que puso a Polonia al borde de la ruptura legal con la UE, al proclamar en 2021 la prevalencia del derecho nacional sobre el europeo.

Nada más celebrarse las elecciones, Tusk empezó a reunirse con expertos para ver cómo solucionar el entuerto del sistema judicial. El asunto de los neojueces está generando divisiones entre la sociedad civil polaca, según Jaraczewski. “Hay quien defiende una reforma muy agresiva y que todos los nuevos jueces sean relevados de sus cargos y puestos a disposición de tribunales disciplinarios”, critica el experto. Él, asegura, está con los que consideran que una purga de esta envergadura “perturbaría gravemente la justicia, porque sus casos tendrían que ser redistribuidos”. “Lo que necesita el sistema judicial es eficacia, no venganza”, defiende, y propone que se ponga en marcha un sistema que revise los nombramientos para identificar los casos en los que sí haya habido motivaciones políticas y nepotismo.

Mientras el posible futuro Gobierno liberal decide cómo abordar el profundo desaguisado, que va más allá de las exigencias de Bruselas para el pago del plan de recuperación, Tusk previsiblemente buscará renegociar con Bruselas los plazos y las condiciones. A finales de año se abre una oportunidad, porque el anterior Ejecutivo pidió ampliar la cuantía de la línea de créditos, y si se actualiza el plan, se pueden tocar también los requisitos. Pero el tiempo apremia y todos señalan a Duda, que al encargar al actual primer ministro, Mateusz Morawiecki, formar Gobierno, ha dilatado los plazos y retrasado el momento en el que Tusk pueda tomar el timón y abordar el desafío de restaurar el Estado de derecho.

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