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La fiscalía venezolana anuncia una investigación penal contra los organizadores de las primarias de la oposición

La oficina de Tarek William Saab acusa a los organizadores de “asociación para delinquir, usurpación de funciones e identidad y legitimación de capitales”

Tarek William Saab durante un encuentro de defensores ambientales en Venezuela, en 2022.
Tarek William Saab (derecha) durante un encuentro de defensores ambientales en Venezuela, en 2022.@TarekWiliamSaab

El fiscal general de Venezuela, Tareck William Saab, anunció este miércoles la apertura de una investigación en contra de los miembros de la Comisión Electoral de las elecciones primarias, junto a los integrantes de la ONG Súmate —corresponsables en la organización de la consulta ciudadana de la oposición—, bajo los cargos de “usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir”, bajo la premisa de que se trató, según sus palabras, de “un fraude y un acto bufo.”

Saab manifestó que su despacho atiende una denuncia de José Brito, —diputado que forma parte del denominado “grupo de los alacranes”, proveniente de las filas opositoras, alineado con el chavismo—, quién inmediatamente impugnó, junto a altos voceros chavistas, la legitimidad de los comicios, y que ha pedido a las autoridades medidas para vetar la consulta o dejarla sin efecto, incluso antes de que estas se celebraran. Brito ha sido secundado por otros voceros, totalmente desconocidos, como Luis Alejandro Ratti.

Luis Alejandro Ratti ha llegado a pedir la captura de los integrantes de la Comisión Nacional de Primaria, planteando también el delito de “estafa”. La Fiscalía venezolana habría citado también a Carlos Prosperi, el candidato de Acción Democrática, que obtuvo el segundo lugar con el 4% de los votos, y que durante los días anteriores al cierre de campaña pasó varios días haciendo reclamos sobre el presunto desconocimiento personal de su centro de votación, denunciando presuntos retrasos en los plazos logísticos de la primaria e insinuando que estas pudieran ser amañadas. Acción Democrática, partido de Prosperi, a través de su secretario general, Henri Ramos Allup —finalmente, el verdadero jefe de esta organización— reconoció en una rueda de prensa el triunfo de Machado, y lo declaró “inobjetable”

Saab —quién desmintió que 2 millones y medio de personas hayan votado en la elección, añadiendo que “si acaso habrán sido unas 500 mil”— informó que su despacho ha designado dos fiscales para investigar la consulta de la oposición: uno con competencia en delincuencia organizada, y otros en delitos asociados al SAIME, la oficina nacional de extranjería.

Casi inmediatamente después haber terminado la organización de la consulta electoral del pasado domingo —con una participación ciudadana que duplicó las expectativas de sus organizadores—, destacados voceros del chavismo, como Jorge Rodríguez y Cilia Flores, descalificaron su validez política, impugnaron su transparencia y plantearon la existencia de un fraude.

Jorge Rodríguez emitió unas declaraciones en las cuales anunciaba que pediría una nueva reunión con los mediadores de Barbados y la representación opositora, encabezada por Gerardo Blyde, para formalizar un reclamo por la presunta violación de algunos puntos acordados.

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De acuerdo a Rodríguez, entre otros temas que él considera cuestionables, la Comisión de Primaria debió haber convocado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para organizar la cita, “única instancia con la autoridad constitucional para ejecutarla”, y no hacerlo por su cuenta, como terminó sucediendo. Diosdado Cabello, número dos del régimen, comentó que todos los dígitos de esta consulta estaban abultados, y que era “imposible” que un solo candidato se llevara el 92 por ciento de los votos.

Durante estos años han sido varios los colegios profesionales, partidos políticos y universidades que han organizado sus consultas internas teniendo la asistencia del CNE como una oferta opcional. La última importante fue la de la Universidad Central de Venezuela.

Cabe destacar que, hace unos cuatro meses, el presidente de la Comisión Electoral de la Primaria, Jesús María Casal, solicitó al CNE, entonces presidido por Pedro Calzadilla, la asistencia técnica y el respaldo institucional del poder electoral para organizar la primaria. Luego de un prolongado silencio, la directiva del CNE renunció abruptamente a sus funciones, sin mediar explicaciones y sin que se diera respuesta al planteamiento de Casal.

La Comisión de Primaria decidió seguir por su cuenta con la organización del evento, asumiendo los pasivos organizativos y logísticos planteados sin la ayuda del CNE, interesada sobre todo en atender las exigencias del calendario pautado. La primaria fue sometida, al mismo tiempo, a un duro asedio institucional y una campaña de descrédito.

Calzadilla, un moderado, fue sustituido en el Parlamento por Elvis Amoroso, el contralor que inhabilitó a Machado, una ficha personal de Nicolás Maduro y todo un hombre del chavismo. Amoroso había ofrecido a Casal todas las garantías para hacer la consulta, siempre y cuando esta fuera pospuesta para mediados de noviembre.

Casal agradeció la tardía respuesta del CNE, pero argumentó que ya no era posible concretar el pacto, en virtud de las exigencias del calendario y la necesidad de tener la tarea hecha antes de diciembre.

En los corrillos de los partidos opositores se temió por mucho tiempo que el chavismo decidiera adelantar las elecciones presidenciales de manera inconsulta, como sucedió en 2018, y que la circunstancia los pillara movidos con la elección de su candidato. Este temor, teóricamente, se había disipado con los acuerdos de Barbados, en los cuales quedó pactada la celebración de las presidenciales para el segundo semestre de 2024.

Durante más de 60 años, desde la fundación de la democracia, e incluso con la llegada del chavismo, las elecciones presidenciales venezolanas se han celebrado en el mes de diciembre. El celo por encontrar el momento político idóneo para celebrar una cita electoral que les pueda favorecer, ha hecho al oficialismo –en tiempos de Hugo Chávez, y más aún de Nicolás Maduro- alterar súbitamente el calendario de las elecciones, presidenciales o regionales, en diferentes ocasiones.

Aunque existe indudable aprensión ante estos planeamientos de la Fiscalía, que no han dejado de sorprender a muchos en la oposición, en la directiva de la Comisión Primaria prima un ambiente de calma y espera, bajo la certeza de que cualquier acusación oficialista podría ser respondida sin objeciones en un tribunal

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