‘¡Adiós, Consuelo!’: la cruzada de los guatemaltecos para desmontar el ‘pacto de corruptos’

“¡Consuelo golpista, vos sos la terrorista!”, coreaba un grupo de manifestantes, en su mayoría jóvenes, frente a la sede del Ministerio Público la tarde del 13 de julio, cuando se inauguraba una ola de protestas en Guatemala en defensa del voto y la democracia, ante la amenaza de las acciones de la fiscalía que dirige Consuelo Porras para cancelar al Movimiento Semilla, el partido que, contra todo pronóstico y con un mensaje de rechazo a la corrupción, ganó las elecciones del pasado 20 de agosto.

A casi dos meses de aquel primer piquete ciudadano que reclamaba la ilegalidad de una orden para cancelar a Semilla, los motivos para pedir la renuncia de Consuelo Porras han escalado, al punto que el presidente electo Bernardo Arévalo la ha señalado como una de las ejecutoras de un supuesto plan golpista que, según denunció, busca impedir su investidura. Las protestas se han mantenido con intermitencia y variedad de expresiones. Ha habido plantones, caminatas con flores, actividades lúdicas y una iniciativa digital que recogió más de 100.000 firmas para pedir la renuncia de la jefa del Ministerio Público.

Esa misma causa reunió a una multitud de ciudadanos que abarrotó la Plaza de la Constitución el pasado sábado. Dos días después, varias comunidades en provincia se movilizaron hacia las sedes más cercanas del Ministerio Público en demanda de la salida de Porras y otros funcionarios de los órganos judiciales que consideran que “socavan la democracia”. También se han visto actos simbólicos en las comunidades mayas como ceremonias de azotes públicos infligidos sobre los retratos de los funcionarios señalados por la avanzada antidemocrática.

En las últimas horas, surgió con fuerza una nueva iniciativa para pedir la renuncia de la jefa del Ministerio Público a través de las redes sociales con el lema “Adiós, Consuelo”. Durante la gestión de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público, se han iniciado decenas de casos penales contra exoperadores de justicia anticorrupción y contra voces críticas.

La fiscal general nombrada por el presidente Alejandro Giammattei para un segundo mandato que termina en 2026 ha sido incluida en la lista de actores corruptos y antidemocráticos que elabora Estados Unidos y se la señala de actuar para que en Guatemala continúe el llamado ‘pacto de corruptos’, una alianza informal de políticos, élites burocráticas y empresarios, que se protegen entre sí para mantener el poder.

El investigador social Marcelo Colussi ve estas manifestaciones como la continuidad al voto de rechazo al establishment expresado en las urnas en las elecciones recientes. Y destaca que suceden en un país acostumbrado a acallar a las voces críticas. “Se nos tapa la boca desde la enseñanza formal, los medios de comunicación, las iglesias, los dispositivos ideológicos y culturales que han sido diseñados para mantener las cosas como están”, analiza.

Frente a eso, opina Colussi, la población ha funcionado de una manera diferente a cómo se preveía antes de unas elecciones en las que, según los sondeos, se esperaba que ganara un político vinculado a esos poderes tradicionales. “La gente reaccionó positivamente y le dijo no a la hija de Efraín Ríos Montt, Zury Ríos; le dijo no al candidato oficialista Manuel Conde”, señala. Para él, la victoria de Semilla, con un equipo joven y un mensaje de intolerancia a la corrupción, fue “una bocanada de aire fresco” para el panorama guatemalteco. “La gente, que no es tonta, votó en contra de la continuidad de las mafias”, señala.

Al denunciar un intento de “golpe de Estado” para evitar su investidura a través de acciones legales para cancelar su partido, el ganador de esas elecciones, Bernardo Arévalo, aseguró que las “élites corruptas” se resisten a dejar el poder. La avanzada penal contra Semilla se inició solo horas antes de que el Tribunal Supremo Electoral certificara a Arévalo como contendiente a la segunda vuelta frente a la exprimera dama Sandra Torres. El fiscal Rafael Curruchiche logró que un juez penal ordenara la suspensión de la personería jurídica del Movimiento Semilla, por supuestas anomalías en la constitución del partido, legalmente autorizado en 2017. Los indicios que Curruchiche tiene para sostener su señalamiento penal se mantienen bajo reserva, incluso para los dirigentes del partido, a quienes, según denuncian, se les ha negado acceso al expediente en más de 30 ocasiones.

Ese tipo de acciones generaron la reacción en las calles. A cada movimiento judicial para tratar de entorpecer el avance de Semilla, los ciudadanos salían a manifestarse para proteger su voto. “El pueblo que ha entendido que en estos momentos el único recurso que tiene es la expresión, la resistencia pacífica”, dijo en una protesta reciente la activista Brenda Hernandez, una mujer de 59 años a la que es común ver en las manifestaciones en la Plaza de la Constitución de Ciudad de Guatemala.

Para ella, la protesta representa una posibilidad de defender la esperanza de una población que eligió a un gobernante que promete transformar la “realidad tan grotesca” de su país. “Guatemala es un pueblo que ha sufrido más de 35 años de guerra, con pérdidas demasiado grandes y no quiere, en estos momentos, apostar a una transformación a través de expresiones violentas; pero eso no quiere decir que, si la llegan a arrinconar lo suficiente, no vaya a llegar un estallido social”, sostiene.

Por su parte, la antropóloga maya-kaqchikel Aura Cumes, opina.”Los guatemaltecos no tenemos muchos mecanismos para mostrar descontento y estamos en la sobrevivencia diaria, por lo que las formas de manifestación se visibilizan cuando hay un hartazgo, cuando hay extremos y me parece que eso es lo que estamos viviendo en este momento”.

La Plaza despierta

Las protestas para pedir que se respete el voto de los guatemaltecos y la renuncia de Consuelo Porras suponen la reactivación de la Plaza de la Constitución de la capital, dormida desde noviembre de 2020 tras un episodio de represión policial. Esa plaza es un lugar emblemático para las demandas ciudadanas desde que en 2015 el grito de hartazgo de la ciudadanía provocó la caída del expresidente Otto Pérez Molina, que acabó siendo encarcelado por corrupción.

Como entonces, en las protestas ahora predominan los jóvenes que también recurren a iniciativas digitales para generar una presión con la que esperan hacer renunciar a Porras. Estuardo Contreras es uno de los promotores de la iniciativa de recogida de firmas para pedir su salida. Dice que lo hizo movido por el “hartazgo ante el autoritarismo, que percibe en la manera en que el Ministerio Público ejerce acciones legales contra personas que les resultan incómodas y como un ejercicio de poder para imponer la voluntad de cierto grupo”.

Contreras tiene 28 años y se considera un activista digital. Tras las protestas contra la corrupción de 2015, descubrió además que tiene “dominio de la palabra” para crear contenidos en diferentes plataformas como TikTok con las que busca contrarrestar la desinformación y las narrativas dominantes. Esas redes le han ayudado a ver que los guatemaltecos que esperan un futuro diferente son muchos más. “Estamos juntos en una misma causa y es emocionante saber que somos miles”, enfatiza.

“Hay muchísimo hartazgo en la población y eso hace que se pierda un poco el miedo para decir las cosas”, señala la antropóloga Cumes y puntualiza que “la protesta no va sola, porque también se presentan acciones judiciales” contra la censura y en defensa de las manifestaciones. El 25 de agosto, la propia Consuelo Porras presentó un amparo con el que pretendía que la fuerza pública acallara a sus críticos, pero la sala constitucional rechazó su petición.

“El peso de las manifestaciones, de la gente diciendo cosas en la calle o en las redes sociales es el mensaje más evidente para quienes no quieren entenderlo de otras maneras (como las acciones legales) y es alentador ver que las manifestaciones están en todos territorios y piden que se defienda la Democracia”, detalla Cumes. La antropóloga maya se refiere a los plantones que este lunes 3 de septiembre se realizaron en las fiscalías municipales, un proyecto estrella de la fiscal Consuelo Porras. Se trata, para ella, de una defensa que empodera y dignifica a los pueblos frente a los poderes tradicionales.

Aurelio Botón es un líder comunitario de la aldea Santa María Tzejá, en Playa Grande, Quiché, que participó de esas protestas para pedir la renuncia de Porras. “Están tratando que Bernardo Arévalo no tome posesión. Eso es un atentado contra la democracia y la libertad, contra nuestro derecho a elegir a nuestro presidente”, dijo convencido en una entrevista telefónica.

El agricultor cuenta que a las 6 de la mañana del lunes, junto con otros vecinos, tomaron picops y buses desde la localidad, a casi 400 kilómetros de la capital guatemalteca, para llegar a la fiscalía más cercana. Para ir a la protesta debieron dejar sus cosechas y costearse el transporte, lo que supone medio jornal de trabajo, unos 5 dólares. Algunos transportistas se sumaron a la causa y no les cobraron el pasaje.

Pero, para Botón es un costo que merece la pena. A Porras, el campesino le pide que tenga “honorabilidad”. “El presidente la nombró para que sea fiscal, para que trabaje por la justicia de nuestro país, que la ley se aplique correctamente, pero en los últimos meses en lugar de defender la justicia, comienzan a hacer las cosas mal. Si la gente ya no está contenta con su trabajo, debería presentar su renuncia”, razona. En el departamento donde está asentada la comunidad de Botón, la segunda vuelta la ganó Sandra Torres frente a Bernardo Arévalo. Y muchos manifestantes insisten en que el reclamo no es por un partido político, es en defensa de la democracia.

Las manifestaciones hasta ahora han sido pacíficas, sin bloqueos de carreteras, aunque la resistencia indígena desde varios territorios, como los 48 Cantones de Totonicapán y las autoridades ancestrales de Sololá, dieron un ultimátum para que Porras renuncie y amenazaron con bloquear rutas, algo que ya han hecho en el pasado, paralizando el comercio y el transporte hasta por una jornada entera.

Tertulianos conservadores, como Roberto Ardón, hijo de un exdirectivo del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) restan legitimidad a la protesta. “Percibo que es algo armado, algo coordinado por líderes de opinión, periodistas que están en Guatemala o en exilio, que no van a parar, que están dispuestos que existan manifestaciones y conflictividad social con tal que la fiscal renuncie”, dijo en el programa radial Los Disidentes.

Pero la antropóloga Cumes no está de acuerdo. Para ella, el descontento con “las formas más descaradas de corrupción y uso del sistema de los tres poderes del Estado” es masivo. “La población ha visto su comportamiento [de los funcionarios] y no lo comparte, porque afecta diariamente los hospitales, las carreteras, todo eso tiene que ver con el descontento por el saqueo y la prepotencia que se está viviendo”, afirma.

Mientras tanto, las consignas en la protesta van sumando demandas: al hartazgo frente a la corrupción de 2015 se sumó la discusión de la democracia y a señalar directamente a quienes los ciudadanos creen que no la promueve como Porras. El investigador social Marcelo Colussi considera que el siguiente nivel de cuestionamientos ciudadanos debiera dirigirse hacia la acumulación de riqueza y al cuestionamiento de los poderes reales, de quienes diseñan las políticas públicas para que las cosas se queden como están, de los rostros que no vemos detrás del Pacto de Corruptos. Por ahora, el hartazgo en Guatemala tiene una demanda clara convertida en etiqueta en redes sociales con el “¡Adiós, Consuelo”!

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