El afán de Rodrigo Chaves por “transformar Costa Rica” toca las fibras sensibles de sanidad y educación públicas

El candidato presidencial Rodrigo Chaves siempre se dijo adversario de los partidos políticos tradicionales. Llegado el poder, apuntó también su discurso contra bastiones históricos del sistema democrático costarricense, pero su afán por “transformar a Costa Rica” lo ha llevado a más. Ahora en la mira del presidente costarricense y su equipo están las bases constitucionales de los sistemas de educación y de salud que elevaron por décadas el bienestar en la nación centroamericana y provocaban la envidia de los países vecinos, lo que levantó las alertas en las calles con la convocatoria a manifestaciones masivas contra la administración que cumplió un año en mayo.

Confiado en una aprobación popular superior al 60%, a pesar de un desgaste en los últimos meses, el Gobierno de Chaves está dispuesto a librar el pulso simultáneo en áreas igualmente sensibles. Por un lado, su manejo centralista y discurso crítico del Ejecutivo contra el funcionamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la icónica entidad estatal que administra la amplia red de hospitales y clínicas estatales, llegó a cuestionar el modelo de sanidad universal establecido en la Constitución Política. En otro flanco, Chaves justifica las limitaciones presupuestarias a educación y calificó como resultado de “una medida populista” el artículo de la Constitución Política que fija la inversión pública en educación en un mínimo equivalente del 8% PIB, como dijo el mandatario durante una conferencia de prensa en que dedicó más de media hora a criticar a las universidades estatales.

La discusión se da en medio de de un clima político crispado entre Chaves, con sus fieles y con algunas figuras referentes de la derecha antiestatal, y sectores universitarios y sanitarios apoyados por algunas de las bancadas opositoras que conforman mayoría en la Asamblea Legislativa. El martes 20 de junio, miles de universitarios y miembros de sindicatos del magisterio recorrieron San José para exigir el cumplimiento del presupuesto para los centros de educación superior que acoge a unos 125.000 estudiantes. Distintos gremios del sector salud también han convocado una manifestación para el 15 de julio “en defensa de la CCSS” y otros activaron este miércoles un movimiento de protesta preliminar, de poco impacto.

La molestia de grupos civiles, gremios y de partidos políticos opositores ha crecido después del primer aniversario de Chaves en el poder, el 8 de mayo, al que llegó prometiendo luchar contra la corrupción y trabajar por la eficiencia del Estado. Las dos columnas del sistema de bienestar costarricense, educación y salud, están ahora bajo tensiones. Chaves y su gabinete han dado pasos atrevidos e incluso autoritarios, según sus detractores, aunque en las promesas de campaña nunca estuvo reducir la inversión estatal en Educación ni intervenir la CCSS como lo ha hecho, hasta el punto de colocar una jerarca que calificaría como “inviable” el modelo vigente desde los años 60 en atención sanitaria de la población.

“Queda claro que la legislación actual del modelo de servicios de salud es financieramente insostenible”, dijo en una conferencia de prensa Marta Esquivel, presidenta de la institución descentralizada que se considera “la empresa más grande de Centroamérica”, con 50.000 funcionarios y un presupuesto superior al 12% del PIB nacional. Esquivel, a quien Chaves nombró tras despedir a un primer jerarca que prefería mantener el enfoque de sanidad social por encima de la finanzas, cuestionaba públicamente el formato que adoptó la Caja en 1960 al dejar de atender sólo a las personas aseguradas y poder dar los servicios a toda la población, con la condición de que el Gobierno le pagaría a la institución por los no asegurados. Con los años se acumuló una deuda que alcanzó los 4.365 millones de dólares, según la última factura; Chaves pone en duda el monto y se ha negado a pagarla pese a la “prosperidad” fiscal que pregona, mientras repite que la CCSS está financieramente “quebrada” por culpa de las administraciones anteriores, por los privilegios de sus funcionarios y por corrupción interna.

El modelo de cobertura universal no es el único mandato de la Constitución que ahora cuestiona el Gobierno de Chaves. En la mira está también el artículo 78 que manda a que el Estado invierta en los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y universitaria, un monto no inferior al 8% del PIB, una meta que en varias ocasiones se ha incumplido pero nunca antes se había cuestionado abiertamente, y menos aún con una crítica como la mencionada por Chaves después de la manifestación de universitarios. “Uno no puede racionalmente dejar de preguntarse si un país que se está envejeciendo, donde cada vez hay menos estudiantes, debió amarrarse a un 8% del PIB. A mí me parece que eso pudo haber sido en consecuencia y en intención, una medida populista en aquel entonces”, dijo sobre la reforma constitucional aprobada en 2011, una consigna prioritaria de las universidades estatales cuya autonomía constitucional también cuestiona el mandatario.

El presidente puede tener argumentos a su favor, sobre todo relacionados a la baja relación entre monto invertido en educación y resultados, pues en los últimos años se ha registrado un fuerte deterioro en la calidad de la educación pública agravado por la pandemia, al punto de que el centro de investigación y pensamiento Estado de la Nación acusó en 2021 un “apagón educativo”. La “la peor crisis de las últimas décadas” golpea al sector que asiste a casi 1,2 millones de estudiantes, 23% de la población, y que había permitido a Costa Rica codearse con los mejores de América Latina, como Chile, México y Uruguay.

La ministra de Educación, Anna Katharina Müller, promete recuperar los estándares a pesar de fuertes cambios en la gestión y de las críticas de gremios de maestros y de diputados opositores por la falta de planes claros para mejorar la enseñanza actual a una “generación de cristal”, como ha llamado ella de manera crítica a la población estudiantil. Sus discursos y sus formas han chocado con las autoridades universitarias, más aún desde que decidió llevar al negociación al mundo del Tiktok con mensajes que los rectores señalan como falsas, una acusación recurrente contra el Ejecutivo liderado por Chaves.

“No peleamos por dinero o por principios abstractos, peleamos por condiciones de vida”, decía María José, estudiante universitaria, después de asistir a la marcha. Intentaba adelantarse a la crítica de su papá, que defiende el recorte de presupuesto a universidades estatales y casi cualquier otra posición del Gobierno actual. “Yo lo que le digo es que sí debemos mejorar el funcionamiento de las universidades, pero no podemos caer en la trampa de pensar que la manera es debilitándolas, como quiere Chaves solo porque porque no puede controlarlas como sueña hacer con todo”. Estaba enfadada tras escuchar a Chaves cuestionando la existencia de carreras de menor empleabilidad en la Universidad de Costa Rica (UCR), el centro de estudios donde Chaves cursó unos años la carrera de Economía sin mucho éxito y acabó retirándose, según ha contado en entrevistas.

El enfrentamiento ha sido intenso entre el Gobierno central y las cinco universidades públicas, representadas por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), que aseguran estar defendiendo más que su presupuesto: “cuando se recorta el presupuesto de la educación pública y se abandona el mandato constitucional de alcanzar al menos el 8% del PIB, se desconoce nuestra idiosincrasia, se borra nuestra historia y se incumple con nuestra Carta Magna, que lejos de propender al populismo, es la ley fundamental que regula nuestra convivencia en democracia”, dijeron en un comunicado.

Chaves, sin embargo, asegura estar defendiendo a la CCSS y la educación pública, universidades incluidas, pues sostiene que su gobierno solo quiere mejorar el funcionamiento para beneficio del “pueblo”, la figura que con frecuencia menciona en antagonismo con “los ricos” o los privilegiados. Es una línea que cruza todos sus discursos, incluido ese que blande contra el Poder Judicial y la Sala Constitucional, un tribunal que en casi 14 meses de gobierno ha emitido varias sentencias desfavorables para el Ejecutivo. La última fue esta misma semana, cuando por orden de los magistrados el Consejo de Gobierno liderado por Chaves se vio obligado a restituir directivos de la CCSS representantes de trabajadores, casi medio año después de destituirlos acusándolos de presuntas anomalías, en un acto contrario a la autonomía constitucional de la CCSS, según la sentencia.

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