California promulga la ley que permite a los ciudadanos demandar a los fabricantes de armas

California pasa a la ofensiva contra las armas. El gobernador Gavin Newsom ha promulgado este viernes una polémica norma que alimentará la batalla entre demócratas y republicanos en uno de los temas que más dividen a Estados Unidos. La ley SB1327 permitirá, desde enero de 2023, a cualquier ciudadano demandar a quien importe, distribuya, fabrique o venda armas de manera ilegal en el Estado más poblado de la nación. La legislación copia el modelo de la controvertida norma aprobada en Texas y avalada por el Supremo, que permite iniciar un proceso civil contra cualquiera que ayude a una mujer a abortar. “Si usan las leyes para poner las vidas de las mujeres en riesgo, nosotros lo haremos para ponerlas a salvo. Ese es el espíritu detrás de esta ley”, ha dicho este viernes el mandatario, uno de los demócratas que han pasado a la acción frente a las victorias conservadoras de las últimas semanas.

“Si observan lo que está pasando en todo el país, no estamos ganando. No estamos progresando. Estoy harto y cansado de estar a la defensiva, es hora de ponerlos a ellos en la defensa”, añadió Newsom en un evento en Santa Mónica. Allí estuvo arropado por los senadores locales que presentaron la ley en diciembre, el fiscal general del Estado, Rob Bonta, y víctimas de la violencia armada. Una de las asistentes fue Mia Tretta, una estudiante que sobrevivió a un tiroteo en la escuela secundaria Saugus, en Santa Clarita (al norte de Los Ángeles), que dejó tres muertos y tres heridos en noviembre de 2019. “Esta ley puede salvar vidas atacando a la industria ilegal de las armas fantasmas [rifles de asalto que se venden por partes para que sean ensamblados en casa]. Pudo haber salvado la vida a mi mejor amiga”, afirmó Tretta durante la ceremonia.

La norma motiva las acciones judiciales en contra los fabricantes y vendedores de los rifles de asalto, un tipo de armamento muy regulado en el Estado, que es el modelo favorito de los perpetradores de tiroteos masivos. Otra industria que se pretende atacar es la de las armas fantasma. El Gobierno de Joe Biden se fijó este tipo de rifles desarmables, muy difíciles de rastrear por las autoridades federales y locales, entre sus objetivos. La división que produce el tema en Washington ha convertido los esfuerzos de regulación en letra muerta. Los grandes fabricantes de armas, además, gozan de un blindaje legal federal que impide responder por los daños que provocan sus productos.

La norma de California ordena a los demandados, en caso de perder, pagar a las víctimas una compensación de 10.000 dólares. La estructura legal de esta pretende aprovechar las “fallas de lógica” de la SB 8, la ley de Texas que ha generado un polémico sistema de recompensas para iniciar litigios civiles. Los expertos en Derecho, sin embargo, han criticado el esfuerzo de Newsom y los demócratas. “Es un gran paso en falso atrincherarse en esas fallas de lógica”, consideró en mayo Shirpi Agarwal, la directora jurídica de la progresista Unión por las Libertades Civiles (ACLU), quien razona que la interpretación de la Constitución no debería variar dependiendo de dónde viven los estadounidenses.

“California promueve una vía legal que permite a cualquier Estado negar a la gente derechos constitucionales que son protegidas por las cortes... La erosión de la protección de la corte a estos derechos significa que los Estados podrán elegir cualquier asunto político que interese y adaptarlo al mecanismo de la SB 8... Esto inevitablemente aumentará nuestra peligrosa polarización”, concluye la especialista Agarwal.

Los grupos pro armas ya han adelantado que llevarán a la nueva norma a instancias judiciales porque consideran que viola la segunda enmienda constitucional, que tolera la propiedad de armas. Otros expertos en Derecho creen que es posible que los jueces del Supremo decreten inconstitucional la ley de California a pesar de haber permitido la vigencia de la de Texas contra el aborto.

Con la constitucionalidad de la norma en el aire, Newsom no ha dejado espacio a dudas de que este se ha tratado de un golpe de efecto. Este viernes, el mismo día que singó el documento, su Gobierno publicó nuevos anuncios en los diarios de Texas, criticando la norma antiaborto y al mandatario, el republicano Greg Abbott. Las publicaciones aparecieron en el Austin American Statesman, el Houston Chronicle y El Paso Times, y su costo ascendió a 30.000 dólares. La ofensiva sigue su estrategia mostrada en Florida, donde hace semanas pagó por publicidad que criticaba a otros de los grandes políticos conservadores, Ron DeSantis, el gobernador que estudia lanzarse a la presidencia en 2024.

Aunque Newsom haga política con el tema, la regulación de las armas es una de sus prioridades. Su Administración ha empujado una decena de normas este año que intenta reducir el impacto de la violencia armada en la vida de los californianos. Este mes, el Congreso local aprobó un código de conducta para la industria de las armas. De ser violado, los hace sujetos a demandas en las cortes locales, una maniobra que intenta evitar el blindaje federal. Con varias leyes aprobadas en los últimos meses, California también ha prohibido la publicidad de las armas dirigidas a menores, ha hecho más difícil comprar rifles fantasma, elimina la posibilidad de comprar una pistola por 10 años a exconvictos acusados de violencia doméstica y otra que obliga a las autoridades escolares a investigar amenazas creíbles de tiroteos.

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