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China institucionaliza el trabajo forzoso de los uigures en Xinjiang

La nueva política laboral para la región determina que “todas las personas capaces de trabajar” deben hacerlo, según una investigación

Presos chinos regresaban a sus celdas en la cárcel de Jiangbei tras trabajar durante el día en la recogida de algodón, en 1998 en la provincia de Hubei.Vídeo: EPV

China ha institucionalizado el trabajo forzoso que en los últimos años ha impuesto entre los ciudadanos de la minoría musulmana uigur de Xinjiang. Según una investigación del académico alemán Adrian Zenz, experto en el análisis de las políticas de opresión de Pekín, hecha pública este lunes y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, aquellos uigures que entre 2016 y 2020 fueron “movilizados” para ocupar un determinado puesto de trabajo en cualquier punto de la geografía china, muchos de ellos contra su voluntad, siguen siendo obligados a permanecer en él. Esta imposición es, de acuerdo con el análisis del experto, uno de los elementos clave del programa de crecimiento económico e industrial que el Gobierno de Xi Jinping ha diseñado para esta región localizada en el oeste del gigante asiático.

La nueva política laboral de Xinjiang, desgranada en el 14º Plan Quinquenal de Desarrollo Social y Económico de la región (2021-2025), aspira a consolidar el número de empleados obligados a trabajar y a multiplicarlos con la máxima de que “todas las personas capaces de trabajar deben trabajar”, independientemente de sus obligaciones familiares e incluso de sus condiciones físicas. Esta exigencia estaba anteriormente reservada, aclara Zenz, a “una persona por hogar”. De acuerdo con sus estimaciones, “entre dos y 2,5 millones de uigures están en riesgo de ser obligadas al trabajo forzoso”.

El análisis del experto alemán, basado en discursos y documentos oficiales, se centra únicamente en el trabajo forzoso impuesto al “excedente de trabajadores rurales” de Xinjiang, es decir, a mano de obra sobrante del sector primario. Investigaciones anteriores ya habían desvelado que también habían sido sometidos a este tipo de práctica muchos detenidos en lo que China llama eufemísticamente “centros de reeducación”, pero que, según ha confirmado la reciente filtración de Los archivos Policiales de Xinjiang, son en realidad campos de internamiento donde Pekín represalia con prácticas policiales violentas a la minoría uigur.

Sin embargo, desde 2019 no existen evidencias contundentes, según el académico, de que China siga utilizando la mano de obra de los reclusos de los campos de reeducación, que eran empleados de forma coercitiva habitualmente en sectores relacionados con la industria textil, como la recogida del algodón —el de Xinjiang representa más del 80% de la producción china y el 20% de la producción mundial—. Sin embargo, son sectores que requieren constantemente empleados. “Los trabajadores rurales sobrantes que rechazan la recolocación laboral exigida por el Estado siguen en riesgo de ser internados en campos de reeducación”, denuncia Zenz.

Una de las novedades del plan económico estatal diseñado para Xinjiang es la puesta en marcha del denominado Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana del Desempleo, un programa que combina la inspección sobre el terreno con el análisis de datos para detectar a aquellas familias que o bien se han empobrecido o bien han aumentado sus gastos. En 2021, según los documentos analizados por Zenz, Pekín envió a equipos para investigar y monitorizar la pobreza y la situación de ingresos de 12 millones de familias rurales en Xinjiang. De todas ellas, 774.000 fueron seleccionadas para lo que China llama “monitorización en tiempo real”.

Las historias reales que se esconden tras esta política que Pekín asegura que pretende luchar contra la pobreza de la zona desvelan que el Gobierno de Xi Jinping sigue valiéndose del trabajo forzoso para contar con más mano de obra, según Zenz. Ha sido la propaganda estatal sobre el Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana del Desempleo la que precisamente ha permitido conocer algunos de estos casos, que China exhibe como éxitos de impulso laboral. El investigador destaca uno de ellos en el que a un trabajador de la construcción con la tensión alta se le asignó una tarea que requería menos esfuerzo físico en una fábrica de ropa. Sin embargo, su mujer, que padecía una enfermedad renal, fue obligada a trabajar en la limpieza. “La medida sorprendente de asignar un trabajo físicamente exigente a una persona que aparentemente padece una enfermedad crónica posiblemente se deba a que este hogar estaba formado por siete personas”, explica el experto. Sin ningún adulto trabajando a pleno rendimiento, tras la reubicación del padre, “los ingresos de la familia probablemente caerían por debajo del límite de la pobreza”, lo que hizo saltar las alarmas del sistema chino.

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“Políticas que apoyan a los holgazanes”

El pleno empleo se ha convertido en uno de los objetivos de la región. El secretario del Partido Comunista Chino (PCCh) en Xinjiang entre 2016 y hasta finales de 2021, Chen Quanguo, a quien se le atribuye la política de represión sistemática contra los uigures, afirmó el año pasado que “con el fin de evitar el regreso a la pobreza, [Pekín] no puede dar dinero para mantener a nadie para no caer en la trampa del bienestar y de las políticas que apoyan a los holgazanes”. Sus afirmaciones van en línea con las pronunciadas por Xi Jinping a finales de 2021, durante un discurso nacional en el que afirmó que China no debe sumarse a las “políticas del bienestar” que, según el mandatario chino, son estrategias erróneas practicadas por los regímenes populistas latinoamericanos, cuyo resultado es favorecer la aparición de “gente perezosa”.

La maniobra estatal, basada en el uso de mano de obra forzosa, para lograr el pleno empleo en Xinjiang ha logrado importantes resultados económicos. El comercio directo con otros países aumentó en 2021 un 5,8%, según los datos de la aduana de Urumqi, la capital de la región. Adrian Zenz señala que es especialmente “preocupante” que el 51,5% de las exportaciones eran productos que requieren mano de obra intensiva, es decir, aquellos en los que con mayor probabilidad pueden ser empleados los uigures de manera forzosa.

Este aumento obedece fundamentalmente al incremento de las exportaciones con la Unión Europea, que crecieron un 13,6% el año pasado, y con países como Vietnam, con un aumento del 108,9%. Hacia Estados Unidos, las ventas cayeron, en cambio, un 61,3%, probablemente, según Zenz, por las sanciones de Washington contra Pekín, aunque el Reino Unido, Canadá y la Unión Europea también han aplicado sanciones en el sector textil chino. Algunas empresas, como la sueca H&M o Nike, han apostado por no utilizar algodón procedente de Xinjiang.

Pero más allá de la pretendida lucha contra la pobreza, la imposición del trabajo es otra de las medidas para la asimilación de la minoría uigur en un país poblado principalmente por ciudadanos de la etnia han. El mismo Xi defendió en 2014, según un discurso confidencial desvelado en una filtración, que las personas desempleadas “provocarán problemas”, mientras que, el empleo en las empresas propicia “la interacción étnica, los intercambios y la mezcla” y hace que los grupos étnicos “estudien la cultura china”.

“La naturaleza sistémica del trabajo coercitivo en Xinjiang es el producto de objetivos políticos que solo pueden alcanzarse trasladando a millones de trabajadores uigures desde sus medios de vida rurales a otros industriales, rompiendo comunidades tradicionales y transfiriendo minorías étnicas a regiones de mayoría han”, sostiene Zenz. Las declaraciones del ministro de Exteriores chino, Wang Yi, que aseguró en mayo de 2021 que “no existe trabajo forzoso en Xinjiang, solo empleo voluntario”, hacen prever, según el investigador alemán, que Pekín “no tiene intención de abandonar sus objetivos políticos en la región, que dependen directamente” de la consolidación del trabajo forzoso.

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