La justicia abre un proceso penal contra Alberto Fujimori por las esterilizaciones forzadas de los años noventa
El caso, que ha tardado 12 años en llegar, busca brindar justicia a más de 1.300 víctimas de vasectomías y ligaduras de trompas hechas durante los años 90
Un juez ha abierto este sábado un nuevo proceso penal contra el expresidente peruano, Alberto Fujimori, ingresado desde octubre en una clínica de Lima, y cuatro ex altos cargos de su segundo Gobierno, en la década de los noventa, por el escándalo de esterilizaciones forzadas. Durante este periodo se realizaron más de 340.000 ligaduras de trompas y 24.000 vasectomías como política de reducción de la pobreza. Los especialistas consideran que al menos 180.000 de estas, practicadas en dos años, fueron violatorias de los derechos humanos. El caso, que ha tardado 12 años en llegar a la fase penal, pretende brindar justicia a 1.307 denunciantes, la mayoría de ellas mujeres y hombres pobres e indígenas. Esta es la primera vez que el escándalo supera las barreras judiciales, pues causas similares fueron archivadas.
La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público en 2009. El juez Rafael Martínez escuchó en marzo los argumentos del fiscal, Pablo Espinoza, de la acusación contra el autócrata de 83 años, los exministros de salud Antonio Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong, además de otros funcionarios. En septiembre, el magistrado inició la resolución. La mañana de este sábado se ha anunciado la apertura de una investigación judicial en contra de los políticos mencionados además del exasesor sanitario, Ulises Jorge, como “autores (de delitos) por dominio en aparato organizado de poder, en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos”.
El juez sustentó en audiencias anteriores la teoría del “hombre de atrás” en cientos de documentos de archivo de las entidades públicas y testimonios de las víctimas e imputados obtenidos por el Ministerio Público. Explicó que cada empleado de la sanidad que reclutó a la fuerza o con engaños a hombres y mujeres para someterlos a las cirugías sabían que la “anticoncepción quirúrgica” era una prioridad para Fujimori y los exministros. Corrían el riesgo de ser despedidos si no alcanzaban una cuota mensual de personas esterilizadas o no podían obtener beneficios como bonificaciones o viajes, ofrecidos si se llegaba a una meta. Con el fin de persuadir a las mujeres, los trabajadores las amenazaban con que perderían ayudas sociales o de alimentación, o con no entregarles los documentos de sus bebés recién nacidos. O directamente denunciarlas a la policía si no aceptaban el procedimiento.
El fiscal Espinoza presentó 187 documentos y declaraciones para imputar a Fujimori y los exfuncionarios por las lesiones que provocaron la muerte a varias mujeres, entre ellas Mamerita Mestanza y Celia Ramos, cuyos expedientes llegaron al sistema interamericano de derechos humanos. El juez Martínez ha fijado un plazo de 120 días para la fase de instrucción, en la cual se deben reunir las pruebas del delito. Más adelante podría llegar el juicio oral.
Un nuevo proceso contra el autócrata
Fujimori fue condenado en 2009 en Perú a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad en los casos Barrios Altos y La Cantuta, masacres cometidas en 1991 y 1992 por el Grupo Colina, un destacamento del Ejército creado durante su Gobierno. La Corte Suprema de Chile concedió en 2007 la extradición a su país para que sea juzgado por dos delitos de violaciones de los derechos humanos y cinco de corrupción. Desde entonces, diversas Administraciones peruanas solicitan al Supremo chileno una ampliación del proceso de extradición para poder procesarlo por nuevos delitos.
Esto hará que la investigación judicial comience de momento sin Fujimori. La Corte Suprema de Chile debe dar su visto bueno en una nueva ampliación de la extradición, que fue solicitada por la Fiscalía en mayo. El juez ha dado a conocer este sábado que formará una carpeta que deberá ser enviada al Supremo peruano para su revisión. De proceder, funcionarios del Ministerio de Justicia y de la Cancillería realizarán un informe que debe ser aprobado luego por el Consejo de Ministros. Cuando esto suceda el Ejecutivo enviará la solicitud a los jueces chilenos.
Uno de los exministros de salud imputados, Aguinaga, es actualmente congresista del partido opositor Fuerza Popular y médico personal de Fujimori. El autócrata y padre de la lideresa de la oposición, Keiko Fujimori, dejó su lugar de reclusión en octubre para una cirugía por obstrucción coronaria y desde entonces permanece en una clínica privada.
La primera organización de mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas fue fundada en Anta, región Cusco. Rute Zúñiga es una de las antiguas denunciantes y dirige la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas en el distrito. Esta mañana las integrantes de la agrupación han seguido en sus teléfonos móviles las sesiones de la audiencia judicial, que tuvieron una interpretación al quechua. La activista María Esther Mogollón, quien desde los años 90 recopiló testimonios de las víctimas, informó que este sábado no había electricidad en Anta para que pudieran conectarse a la transmisión en Internet.
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