Un motín en la cárcel más grande de Paraguay deja siete muertos, tres de ellos por decapitación
La toma del penal de Tacumbú, en Asunción, evidencia el control del crimen organizado sobre las prisiones
Una protesta de cientos de reclusos armados con cuchillos comenzó con el secuestro de 19 guardias y terminó con una masacre y la intermediación de la ministra de Justicia de Paraguay. Tacumbú, la mayor cárcel del país, vivió casi 24 horas de caos por un amotinamiento. Cientos de internos del penal que alberga a unas 4.100 personas –el doble de las que debería– tomaron por la tarde del martes uno de los pabellones del penal donde había ocho guardias. La entrada de las fuerzas antidisturbios retomó el control de la cárcel y confirmó los estragos del suceso: al menos siete muertos, tres de ellos por decapitación.
“No es un enfrentamiento entre clanes”, afirmó este miércoles la ministra, Cecilia Pérez, en una entrevista radial, después de que algunos medios locales atribuyeran el motín a un enfrentamiento entre internos de la mafia paraguaya Clan Rotela y miembros del grupo brasileño Primer Comando Capital (PCC), la organización criminal más grande de Sudamérica, que controla parte del tráfico ilegal de drogas, armas y personas en la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay. Según el Gobierno paraguayo, el motín comenzó por el traslado de un interno que forma parte del PCC y que distribuía droga dentro del penal.
Mientras el levantamiento se producía en el interior de Tacumbú, en la puerta principal las familias de cientos de internos se agolpaban pidiendo información, mientras filas de antidisturbios se formaban para entrar con cascos, escudos, porras y armas de fuego.
La tensión se elevaba dentro y fuera de la cárcel cercana al centro de la capital paraguaya. Salía humo y los captores amenazaban por televisión con asesinar a los guardias. Según los rehenes, eran unas 1.000 personas amotinadas manteniendo a 19 guardias secuestrados. La mitad de los que trabajaban en ese turno.
Afuera, los antidisturbios cargaban contra las familias desesperadas, en su mayoría mujeres, hasta que a las puertas de hierro rojo de la cárcel llegó la ministra de Justicia. Desde ahí lideró la negociación que terminó con la liberación de los rehenes y la entrada de la policía.
“Estaban todos armados con cuchillos y nos llevaron a una celda (…), nos encerraron con más de 50 personas custodiando. Nosotros no vimos cuando ocurrieron los asesinatos”, contó a la prensa local uno de los rehenes tras su liberación. El funcionario dijo que los captores no les hicieron daño, pero los amenazaron de muerte durante el secuestro.
El Ministerio Público revisó el penal y confirmó la muerte, hasta ahora, de siete personas recluidas, aunque no precisaron ni dónde ni cómo murieron, excepto por tres de ellas que fueron decapitadas, un método que suelen usar las mafias para enviar mensajes a sus adversarios como ha ocurrido en el pasado.
La crisis del sistema penitenciario paraguayo
“Las cárceles paraguayas hace ya mucho tiempo que están gobernadas por las mafias o por la corrupción, algunas cárceles están dominadas por el PCC y otras por el Clan Rotela. Tacumbú es dominada, teóricamente, por este último”, afirma a EL PAÍS Dante Leguizamón, abogado paraguayo experto en el sistema penitenciario y expresidente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Estos siete asesinatos se suman a otras 392 muertes de personas bajo custodia del Estado desde 2013, según un informe del Mecanismo de Prevención de la Tortura, un organismo que pertenece al Estado. “En la información del Gobierno hay muchas contradicciones. Dicen que es por el traslado de un preso considerado del PCC, pero el traslado no es determinante. La pelea interna entre los clanes sí que los es porque existe un autogobierno importante por parte de las personas privadas de libertad”, explica Leguizamón. “El Estado tiene muy poca capacidad de reacción y administración por las precariedades en las que se maneja”.
Ambos clanes y otros han crecido y se han fortalecido en las cárceles paraguayas por la mala condición en la que viven las personas privadas de libertad, con un altísimo nivel de hacinamiento, falta de acceso a servicios de salud, alimentación e higiene o incluso a un lugar seguro donde dormir, destaca el abogado. “Además del uso de la violencia por parte de los guardias penitenciarios hacia los sectores más desfavorecidos de la cárcel”, añade.
El sistema penitenciario paraguayo está en crisis hace muchos años, según los informes estatales y de organizaciones defensoras de los derechos humanos. “Hasta ahora, la respuesta de las autoridades ha sido la construcción de cárceles y no abordar la problemática de fondo, que es el abuso de la prisión preventiva. En Paraguay no existe una política criminal que aborde preventivamente los problemas para evitar los delitos. La única respuesta es la represión, es decir la cárcel”, opina Leguizamón.
La población penitenciaria paraguaya ha crecido de forma exponencial en los últimos 20 años pasando de unas 3.200 personas en el año 2000 a unas 14.000 actualmente. Y el país se ha situado como líder de la región en proporción de personas encarceladas sin condena y el cuarto país en el mundo. Casi el 80% de los reclusos aún no han visto a un juez, lo que se puede demorar entre seis meses y tres años de media, según los informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
En Paraguay hay 18 centros penitenciarios para personas adultas y centros educativos para adolescentes, con 9.877 plazas en todo el sistema. “La mayoría de estos se construyeron después del 2000, y no significaron mejora alguna en cuanto a las condiciones de las personas privadas de libertad porque se basan en la expansión del modelo Tacumbú de violencia, injusticias y privaciones”, asegura la abogada paraguaya Ximena López Jiménez, en el último reporte anual de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy).
Las acciones implementadas a lo largo de 25 años no han sido efectivas y los problemas del sistema penitenciario crecieron en directa relación al incremento de la población penitenciaria. “Se requiere de una mirada más incisiva que busque detectar el foco del conflicto mucho antes que este llegue al sistema penal”, añade López Jiménez.
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