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El partido de ultraderecha AfD, bajo la lupa de los espías alemanes

Los servicios secretos internos estudian poner bajo vigilancia formal a la formación, la primera fuerza de la oposición a meses de unas elecciones generales, por amenazar los valores constitucionales

Elena G. Sevillano
Un simpatizante de AfD lleva una bandera donde se lee "Nosotros somos el pueblo" en una marcha en Erfurt en marzo de 2020.
Un simpatizante de AfD lleva una bandera donde se lee "Nosotros somos el pueblo" en una marcha en Erfurt en marzo de 2020.Hannibal Hanschke (Reuters)

Hace unos días el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) publicó en su web un manifiesto que causó sorpresa. No por el contenido en sí, tan obvio que nadie más se molestaría en ponerlo por escrito, sino por suponer un giro radical respecto a las declaraciones públicas de sus líderes en los últimos años: “Como partido que respeta el Estado de derecho, la AfD reconoce incondicionalmente que el pueblo alemán está formado por la suma de todas las personas que tienen ciudadanía alemana”. También los inmigrantes naturalizados, esos contra los que tantas veces ha dirigido sus discursos. La pirueta ideológica llegaba poco después de que empezara a circular el rumor de que la Oficina para la Protección de la Constitución (BfV), el servicio secreto interno alemán, está a punto de poner a la formación bajo vigilancia formal. Si consiguiera encontrar pruebas de políticas contrarias al orden democrático, la formación podría acabar ilegalizada.

La BfV lleva tiempo observando a Alternativa para Alemania. Lo anunció públicamente hace dos años tras sospechar tendencias extremistas en las juventudes del partido y el ala más derechista. Durante este tiempo ha elaborado un voluminoso informe (1.000 páginas) que ya tiene en su despacho el ministro del Interior, Horst Seehofer. Pero la decisión de investigar formalmente supondría dar un paso más: permitiría usar métodos de espionaje como interceptar las comunicaciones de sus líderes o incluso infiltrar informantes entre los cuadros de la organización. Una decisión controvertida, puesto que AfD tiene 88 diputados (de 709) en el Parlamento alemán y es el principal partido de la oposición al Gobierno de gran coalición que lidera Angela Merkel. Más aún en año electoral: en septiembre se vota un nuevo Bundestag y los analistas creen que la formación liderada por Jörg Meuthen y Tino Chrupalla lo usará para alimentar su argumento de que la maquinaria estatal quiere silenciarles.

AfD llegó al Parlamento alemán tras los comicios de septiembre de 2017 con un 12,6% de los votos. Nació en 2013 como partido protesta contra los rescates de Bruselas y haciendo bandera del euroescepticismo, pero durante la crisis de los refugiados de 2015 se centró en el rechazo a la inmigración. Con la pandemia, ha dirigido su populismo contra las restricciones y se ha aliado con negacionistas y amantes de las teorías conspirativas. Es la tercera fuerza más votada del Bundestag, solo por detrás de los partidos que gobiernan: los conservadores de la CDU y los socialdemócratas del SPD. Desde entonces se suceden las declaraciones xenófobas y rayanas en el negacionismo de sus dirigentes. La formación lleva tiempo en crisis, dividida entre un ala radical, abiertamente xenófoba, y las corrientes más moderadas y liberales que aspiran a convertirla en un partido de masas. Esas tensiones se han saldado con expulsiones y con la disolución, al menos sobre el papel, de la facción más radical, llamada Der Flügel (el ala).

“La AfD lleva años tratando de evitar ser vigilada”, asegura Lorenz Blumenthaler, de la Fundación Amadeu Antonio, especializada en extremismo de ultraderecha y que lleva el nombre de un trabajador angoleño asesinado por neonazis en 1990. En ocasiones, apunta, ha tenido éxito, como cuando, en mayo pasado, la ejecutiva expulsó a Andreas Kalbitz, una de las cabezas visibles de la facción radical. Kalbitz tenía vínculos con una organización neonazi ilegalizada en 2009 y el partido cortó por lo sano. Solo dos meses antes la ejecutiva había ordenado la disolución formal de Der Flügel - después de que la Oficina para la Protección de la Consitución la declarara extremista y la sometiera a vigilancia- pero sus dirigentes, como Kalbitz, seguían desplegando su influencia. Menos exitoso ha sido, en opinión de Blumenthaler, el intento más reciente de moderar el discurso público de los cargos electos para presentarse como una formación democrática, incluido el manifiesto de hace unos días. “En general el partido está ya demasiado radicalizado como para que esos esfuerzos den su fruto”, concluye. Varias federaciones regionales, como la de Brandenburgo o Sajonia, ya están bajo vigilancia de los servicios secretos de los Estados federados por su radicalismo.

“Peligroso error de lógica”

No sería la primera vez que se intenta ilegalizar un partido político en Alemania, sin éxito. Al Tribunal Constitucional le quedó claro en 2017 que el NPD era racista y afín al nacionalsocialismo, pero rechazó ilegalizarlo por considerarlo incapaz de ser un peligro real para la democracia. Por irrelevante. Entonces contaba con un eurodiputado, pero actualmente no tiene representación en el Bundestag ni en los parlamentos de los Länder. Axel Salheiser, investigador especializado en extremismos del Instituto de Estudios sobre la Democracia y la Sociedad Civil de Jena, cree que aquella decisión supuso un “peligroso error de lógica”. “Como suelen decir los activistas de la sociedad civil, es absurdo que los neonazis puedan seguir siendo oficialmente legales en la Alemania actual hasta que consigan hacerse con el Gobierno algún día”.

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La antigua extrema derecha nunca ocultó sus objetivos antidemocráticos, y tampoco lo hace el NPD u otros grupos todavía más minoritarios, “y es precisamente eso lo que explica su limitado éxito en las encuestas”, asegura Salheiser. En cambio, la nueva extrema derecha sigue una estrategia populista e integradora que reúne a votantes insatisfechos con la política tradicional y el curso de la sociedad, añade. Documentos internos del partido han mostrado que la estrategia de la moderación únicamente pretendía evitar espantar a los votantes. “Es pura cosmética”, dice el investigador. Y, en su opinión, no engaña a nadie: “La AfD se ha destapado muchas veces ya con documentos oficiales e innumerables declaraciones indignantes y provocadoras de miembros del partido, muchos de ellos dirigentes. Ya no es necesario averiguar lo que dicen de puertas para adentro”. El partido ha denunciado ante la justicia a los servicios secretos cada vez que han sometido a vigilancia a una rama regional o cuando lo hicieron con Der Flügel. Argumenta que catalogarles como sospechosos les hace perder atractivo ante su electorado.

Blumenthaler cree que tanta discusión acerca de la vigilancia de AfD puede tener un efecto contraproducente: mientras algunos de sus miembros abandonan el partido porque les puede perjudicar ser asociados con el radicalismo, otros, precisamente los más radicalizados, se van a hacer todavía más fuertes detrás de la bandera. Y la mayoría de simpatizantes “van a pensar que la BfV es una herramienta al servicio de los partidos gobernantes para derribar a la competencia política”, añade. Coincide Salheiser: “La autovictimización es la piedra angular de su propaganda y tiene una función de legitimación muy potente. Está en el ADN de la extrema derecha: las fuerzas reaccionarias siempre se han descrito a sí mismas como defensoras de la ‘injusticia’, la ‘tiranía’ o ‘la degeneración de la ley y el orden’, en referencia a la democracia liberal y sus instituciones”. El investigador cree que esta retórica puede resultar atractiva para muchas personas que “manejan conceptos populares y erróneos sobre la libertad política y la tolerancia”. Por eso es clave, afirma, “informar sobre la ideología de AfD y fortalecer las narrativas democráticas”.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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