Un nuevo obstáculo en el calvario de los civiles sirios
La llamada ley César amenaza con empobrecer aún más a un país que arrastra nueve años de guerra.
Detrás de la ley César, aprobada por la Administración de Donald Trump para aislar más a Siria y que ha entrado en vigor este miércoles, hay un nombre y dos caras. César es el seudónimo elegido por el desertor militar sirio que huyó con unas 55.000 fotografías como prueba de los crímenes cometidos por el Gobierno de Bachar el Asad, entre ellas 6.786 de presos muertos en las cárceles durante su detención. La otra cara la pone, desde 2019, un superviviente de esas celdas, Omar Al Shogre, quien a sus 25 años va por su séptima vida. “Soy el final feliz de las fotografías de César, el que vive para contarlo y lucha por que no se repita”, cuenta desde Estocolmo por teléfono este refugiado oriundo de la costera provincia siria de Tartus.
El nuevo paquete de sanciones, con una validez de cinco años, se suma a casi cuatro décadas de medidas contra Siria. Pero supone un drástico mazazo para Damasco al extender los castigos tanto a personas como a empresas extranjeras. “Queremos cortar todas las manos que sostienen al régimen desde Rusia a Irán, pero también las chinas y de los emiratos”, afirma Al Shogre. Los expertos aseguran que la ley debilitará a El Asad, pero también ahogará a una exhausta población civil que arrastra nueve años de contienda a sus espaldas con medio millón de muertos.
“Fui torturado, abusado sexualmente, perdí 30 kilos y casi muero de tuberculosis”, dice el refugiado, quien a los 17 años fue arrestado por participar en una protesta en 2012. Logró salir tras “tres años en el infierno”, al sobornar a un guardia, para embarcarse en una patera rumbo a Europa. En apenas un lustro, Al Shogre ha sido preso, refugiado y, desde su última entrevista con EL PAÍS, dependiente en una tienda de móviles en Suecia para convertirse hoy en el director de asuntos para los detenidos en el Syrian Emergency Task Force (SETF, por sus siglas en inglés y creado por sirio-estadounidenses en la oposición a Damasco). Conoció a César dos años atrás, cuando el SETF le fichó por sus dotes de orador durante una de sus habituales charlas en universidades.
“César y yo empezamos a reunirnos con tantos congresistas como pudimos y les expusimos la imagen completa: él, de la desaparición de los cuerpos dentro del sistema carcelario del régimen; y yo, del testimonio de esos cadáveres”, prosigue. Perdió a su padre y dos hermanos, por lo que asegura que con esta ley pretende hacer justicia a “los 80.000 desaparecidos y salvar vidas de los 50.000 detenidos que aún quedan en las mazmorras sirias”. No esconde que el fin último de la ley es “la caída del régimen de El Asad”.
Las medidas de castigo llegan en una coyuntura de grave crisis económica aparejada a la caída libre de la libra siria (SYP, por sus siglas en inglés) y con, según la ONU, el 83% de los 18 millones de sirios que quedan en el país bajo el umbral de la pobreza. La SYP ha sido precisamente la primera víctima de la ley César este miércoles, cuando el Banco Central sirio ha anunciado una devaluación del 80% en su paridad oficial frente al dólar (y en un 426% en el mercado informal desde marzo).
“La ley puede ahondar la crisis a medida que el Gobierno sirio pierde todo control sobre la economía”, sostiene el analista Yezid Sayigh, del Centro Carnegie de Beirut. “Una situación que puede provocar el descontento de aquellos estratos hasta ahora neutrales o leales a El Asad, como las minorías alauí, cristiana y drusa o incluso el Ejército y los funcionarios”, agrega. Prueba de ello sería la reciente destitución del primer ministro sirio, Imad Khamis, o las inusitadas protestas en la sureña provincia drusa de Sueida.
“Bachar no va a caer con las sanciones porque no hay una alternativa”, estima, por su parte, un conocido analista sirio que se ampara en el seudónimo El Ehsani. Según El Ehsani, la ley César está concebida para cortocircuitar todo intento de reconstrucción en Siria que llegue sin aval europeo o de Washington: “Afectará a grandes compañías de construcción extranjeras que desistirán de sus beneficios en Siria para preservar sus negocios en otras partes del mundo”.
El Banco Mundial calcula en más de 400.000 millones de dólares (unos 356.000 millones de euros) la factura de la contienda siria, con el 50% de las infraestructuras diezmadas. El experto también advierte de efectos colaterales como la permanencia de los 5,7 millones de refugiados sirios —un millón en Europa— en sus países de acogida, al alejar toda esperanza de un próximo retorno a sus hogares en el próximo lustro. El Gobierno sirio ha tildado las nuevas restricciones económicas de “crimen de guerra” y acusa a EE UU de la caída de la SYP. El Ejército regular sirio, con apoyo de la aviación rusa y de las milicias proiraníes, ha logrado recuperar el control del 70% del territorio nacional.
Ayuda humanitaria
Las sanciones se dirigen contra los sectores de la construcción, la energía y la aviación, pero quedan explícitamente excluidas la ayuda humanitaria, alimentos y medicamentos. “Se trata de una ley contra el régimen, pero no contra el pueblo sirio”, defiende Al Shogre. No obstante, los expertos aseguran que las sanciones provocarán un efecto disuasorio de facto en toda empresa extranjera que comercie con Siria, ampliamente dependiente de las importaciones, desde el maíz a las máquinas de rayos X, por temor tanto a las represalias de Washington como a enfangarse en arduas transacciones con el Banco Central sirio.
Si bien en Beirut los funcionarios europeos aseguran que la ayuda humanitaria no se verá afectada, los trabajadores extranjeros de ONG en el terreno discrepan. “Ya hace mella agravando la situación humanitaria tras el bloqueo de Rusia a toda distribución transfronteriza desde Irak y Jordania a los desplazados sirios”, argumenta desde el anonimato un cooperante europeo. Las ayudas en metálico entregadas al inicio de mes son clave para decenas de miles de los desplazados más vulnerables, que han visto cómo se evaporan dos tercios de su valor tras dos semanas continuas de devaluaciones de la libra siria en el mercado informal. Tras la entrada en vigor de la ley César, varias ONG europeas contemplan entregar las ayudas en dólares al noreste de siria (bajo control de las milicias kurdas), y en libras turcas en Idlib (al noroeste y bajo control de facciones yihadistas afines a Al Qaeda).
“La prioridad es salvar vidas y con esta ley podemos impedir que El Asad compre más aviones para bombardear civiles en [la provincia rebelde de] Idlib”, prosigue Al Shogre. “Ya no hay bombardeos sobre nuestras cabezas [desde la tregua del pasado 5 de marzo en Idlib], pero tampoco una sola lira en mi bolsillo”, protesta Jalid Zafiri, de 42 años y padre de cinco hijos, desde el campo de Atmeh, en la frontera noroccidental con Turquía, donde se hacina medio millón de desplazados. Los vecinos de Idlib aseguran que la crisis económica también ha puesto contra las cuerdas al llamado Gobierno de Salvación que administra, en esta región insurrecta, a cerca de tres millones de personas.
“¡Nos piden ahora un impuesto de matriculación de 25 dólares [22 euros] por motocicleta!”, protesta Zafiri. Los comercios en Idlib se abastecen de productos llegados de Turquía y desde esta semana solo aceptan liras turcas para baterías que suplen la falta de electricidad o bombonas de gas cuyo precio ha duplicado hasta llegar a los 10 euros [sueldo mensual para muchos sirios]. “El Asad seguirá en su palacio y nosotros nos moriremos de hambre”, es la lectura de Zafiri de la nueva ley.
