La justicia peruana condena a la cúpula de Sendero Luminoso a cadena perpetua por segunda vez

Un tribunal penal peruano ha sentenciado este martes al fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso —Abimael Guzmán— y a otros diez exmiembros de esa organización a cadena perpetua por terrorismo agravado por el atentado de Tarata, cometido en julio de 1992. El ataque, perpetrado por la organización de ideología maoísta con un coche-bomba cargado con 400 kilos de explosivos, causó 17 muertos y 155 heridos en el centro de Miraflores, uno de los distritos acomodados de Lima.

Guzmán y su esposa, Elena Iparraguirre, ya habían sido condenados en 2006 a cadena perpetua por terrorismo. Es exactamente la misma pena que ha dispuesto este martes, por segunda vez, la Sala Penal A en una audiencia realizada en la Base Naval del Callao, donde están recluidos los hombres que lideraron la agrupación que se alzó en armas en 1980. Las mujeres están recluidas en otro centro penitenciario.

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El juicio oral contra la cúpula de Sendero Luminoso —que tiñó Perú de sangre, sobre todo en la década de los ochenta— empezó el 14 de febrero del año pasado y, tras 67 sesiones, concluyó este martes por la tarde con la lectura de la sentencia durante más de seis horas. En 2013, Eleuterio Flores Hala —prófugo de la justicia hasta 2012 en un valle de la Selva Central— también había sido sentenciado a cadena perpetua, pena que ha sido reiterada por la corte.

Los otros reos sentenciados a cadena perpetua son Oscar Ramírez Durand, alias camarada Feliciano; María Pantoja; Laura Zambrano; Florentino Cerrón y Edmundo Cox. Osmán Morote y Margot Liendo, quienes están en detención domiciliaria desde abril, volverán a prisión. Solo Elizabeth Cárdenas ha sido absuelta de los cargos que pesaban sobre ella, suspendiéndose todas las órdenes de captura dictadas en su contra.

Los magistrados no dieron a conocer la condena de Moisés Límaco, integrante de la cúpula de Sendero Luminoso que salió de prisión en 2014 tras cumplir una condena de 20 años de prisión. Límaco asistió a las audiencias del caso Tarata hasta junio, pero huyó del país el 11 de ese mes rumbo a Francia, pese a la orden de arraigo dictada en su contra.

Sendero Luminoso desarrolló una doctrina maoísta-leninista a fines de la década de los 70, en la ciudad de Ayacucho, y pretendía destruir el Estado “por medio del terror”, refirió la sentencia. La guerra contrasubversiva, en la que participaron no solo las fuerzas del orden, sino civiles de las rondas y comités de autodefensa, causó la muerte y desaparición de más de 60.000 personas, especialmente hablantes de quechua, entre 1980 y 2000. El 54% de las víctimas fatales fueron responsabilidad de Sendero Luminoso, según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

La sentencia indica que los acusados tendrán que pagar, conjuntamente, 1,2 millones de dólares (cuatro millones de soles) en concepto de reparación civil. Una parte irá a parar a las arcas del Estado peruano y otra, directamente a las víctimas. Los seis autores materiales del atentado en la calle Tarata de Miraflores (Lima) fueron juzgados en 1995.

Durante el juicio a la cúpula de Sendero Luminoso, Guzmán aseguró que el atentado "fue un monstruoso error" y que él no tuvo "nada que ver con Tarata". Los miembros del grupo terrorista indicaron que el coche-bomba estaba dirigido a la oficina de un banco, pero explotó unos metros antes del objetivo.

El atentado de Tarata golpeó una zona supuestamente segura de la capital peruana y generó una enorme alerta social: en los primeros años, el objetivo predilecto de Sendero Luminoso había sido las comunidades rurales, ante una cierta indiferencia en la sociedad limeña. Oswaldo Cava, familiar de una de las víctimas —el estudiante de odontología Luis Pedro Cava— manifestó en una declaración radiofónica poco antes de la lectura de la sentencia que con ella se pondría "fin a un capítulo funesto".

"Este no es un juicio político. Sendero Luminoso no fue solo una organización política sino terrorista, por las graves violaciones a los derechos humanos cometidos y porque afectó la tranquilidad pública y la estabilidad del Estado como tal", refirió el órgano colegiado en el fallo. En la sentencia, los magistrados concluyen que en el atentado de 1992 los terroristas actuaron "indiscriminada y cruelmente". "¨Por ello, la pena severa es para la prevención del sistema porque no es posible reincorporar" a la sociedad a los acusados. Ninguno de ellos, subrayan los jueces, ha renunciado a sus convicciones.