Dos condenados por crímenes en el mayor centro de ejecuciones clandestinas en Perú

Los magistrados del juicio contra militares por los delitos cometidos en el Cuartel Cabitos, el mayor centro clandestino de asesinatos, detención arbitraria, y tortura en los años ochenta en Perú, han condenado este viernes a dos de los acusados a 23 y 30 años de prisión efectiva, pero dejaron fuera del caso a cinco.

"No estoy conforme porque han absuelto a la mayoría. La justicia debería ser digna para nosotros, no un poquito para calmar. Luego de 34 años están cometiendo una impunidad más", comentó Adelina García, cuyo esposo Zózimo Tenorio Prado fue desaparecido por las fuerzas del orden en 1983. García es una de las dirigentes de la Asociación de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, una organización creada en 1983 por Angélica Ascarza después de que su hijo Arquímedes Mendoza Ascarza fue llevado a la fuerza al Cuartel Cabitos y nunca más volvió.

Aunque la fiscal Luz de Carmen Ibáñez acusó a siete miembros del Ejército por delitos cometidos en 1983 contra 54 personas, la Sala Penal Nacional desestimó 19, entre ellos 10 casos de desaparición forzada y violaciones sexuales. Los jueces no dieron por corroboradas las desapariciones cuando los familiares presentaron como pruebas las denuncias ante fiscales y la insistencia ante los fiscales decanos. Ello pese a que en los años ochenta el Ministerio Público se caracterizaba por solo registrar las denuncias, pero no investigarlas. Incluso el tribunal pidió pruebas documentales de violación sexual.

Uno de los casos desestimados lo presenció Ricky Laurente, quien perdió a su padre en 1983. Una foto en blanco y negro lo registra a él cargado en la espalda de su madre, quien sostiene un cartel con el nombre de su esposo Julio C. Laurente y la pregunta "¿Dónde está secuestrado?". El joven llegó a Lima para recibir justicia, pero no la encontró.

La lectura de la sentencia del caso cuyo juicio oral inició en 2011 en Lima tardó casi ocho horas y terminó a las 3.25 de la madrugada. El proceso judicial empezó en 2005 en Ayacucho, aunque tuvo sus primeras diligencias en 2003 en La Hoyada, el tiradero de restos humanos ubicado al lado del cuartel, indicó Ibáñez a EL PAÍS.

En 1980, Ayacucho fue el núcleo del surgimiento del grupo maoísta y terrorista Sendero Luminoso. Las detenciones ilegales y los interrogatorios mediante tortura hechos por los militares buscaban dar con miembros de dicha organización.

Edgar Paz Avendaño fue condenado a 23 años de prisión y Humberto Bari Orbegozo, a 30, y ambos deben pagar montos de 250.000 a 100.000 soles como reparación civil a los deudos de los agraviados. El Estado, como tercero civilmente responsable, también debe aportar a la reparación.

Ninguno de los militares asistió a la audiencia, por lo tanto, el presidente de la sala, Luis Brousett, los declaró reos contumaces, y adelantó que pedirá una orden de captura internacional para Paz y Orbegozo. En el periodo del juicio, falleció el general Clemente Noel quien era el jefe del Comando Político Militar de Ayacucho en 1983 y responsable de las operaciones en dicha jurisdicción, al mando del Cuartel Cabitos.

Además, la defensa de los militares alegó que Carlos Briceño Zevallos y Julio Carbajal DAngelo desarrollaron demencia senil y no podían continuar en juicio, argumento que el colegiado aceptó. También el juzgado ha dejado pendiente el juicio de Arturo Moreno Alcántara, quien vive refugiado en Chile. Los magistrados indicaron que está probado que en el Cuartel Cabitos existió un horno para incinerar los restos humanos y que en las exhumaciones encontraron restos de al menos 109 personas.

Una obra de teatro presentada recientemente incluye el testimonio de Sara Paredes, la hija del arquitecto a quien el militar Wilfredo Mori le encargó diseñar y construir el horno de Los Cabitos, aunque le dijo que sería para producir ladrillos. Mori nunca le pagó por la obra.

Los familiares de los 54 agraviados tienen como abogada a Gloria Cano, mientras que los militares acusados tuvieron cuatro letrados de su defensa en la sala y uno vio la transmisión de la audiencia por televisión: César Nakasaki, exabogado del expresidente y reo Alberto Fujimori.

La sentencia repite en varias páginas que en Ayacucho las fuerzas del orden cometieron hechos que conforman "un patrón sistemático de violación a los derechos humanos contra un sector" de los ciudadanos de Huamanga, entre ellos "artesanos, estudiantes, dirigentes gremiales, comerciantes, a quienes sometían a interrogatorio bajo tortura". Los jueces indicaron que los militares realizaban dichas operaciones "sin control político".

Al final de la audiencia, Nora Quispe Jayocunto (ayacuchana de 35 años), la hija menor del desaparecido en 1983 Eladio Quispe Mendoza, dijo: "Las autoridades del Poder Judicial pisan nuestros derechos. Hace 34 años sufrimos, pero la figura y memoria de mi padre nos enseñaron a ser fuertes y vamos a seguir luchando por una justicia que nos repare moralmente a todos". La fiscal Ibáñez anunció un recurso de nulidad contra la sentencia, al igual que la abogada de la parte civil, y también la defensa de los militares.