La vuelta del Estado a Telefónica como síntoma de privatizaciones (más que) cuestionables

No deja de ser paradójico que para asegurar la “españolidad” de una multinacional estratégica como Telefónica el Gobierno de Sánchez haya de efectuar una doble maniobra: primero, volver a comprar el 10% del capital de la empresa, anteriormente privatizada al 100% por los Ejecutivos de Aznar; y segundo, llegar a una entente para crear una especie de “núcleo duro” de accionistas (un concepto de otros tiempos, totalmente olvidado) con el BBVA y CaixaBank, dos grupos financieros que llevan incrustado en su ADN los restos del naufragio del antiguo sector público empresarial español.

BBVA es fruto de la fusión de los privados Banco de Bilbao y Banco de Vizcaya con la pública Argentaria. CaixaBank adquirió la intervenida Bankia, salvada con paladas de dinero público, por lo que el Estado conserva una proporción no pequeña de su capital. Los protagonistas de estas operaciones fueron carne de la carne de Aznar, que puso al frente de Telefónica a Juan Villalonga, su compañero de pupitre; de Caja Madrid a Miguel Blesa, colega de oposiciones a la inspección tributaria, y de Argentaria, a Francisco González, un amigo de Rodrigo Rato, que hasta entonces solo había visto al sector financiero a través de una pequeña sociedad de Bolsa. No se tenían noticias de su buen hacer anterior en los sectores productivos de las empresas citadas, sino que fueron escogidos por la amistad e ideología del poder político del momento.

Así se construyó en España parte del poder económico privado hoy en liza, un sector privado gubernamental erigido de la mano del sector empresarial público. Así emergió parte de su burguesía económica. Hasta que poco a poco se fueron independizando —aún no del todo—el poder político y el poder económico. A esa operación de privatización la denominó el gran Jesús Mota “la gran expropiación” y fue la “operación económica más importante de la historia económica del España” (La gran expropiación, Temas de Hoy). Según el periodista, ninguna otra venta conocida consiguió que cambiasen de manos más de cuatro billones de pesetas (casi 25.000 millones de euros) en el plazo relativamente corto de dos años. Aunque en Europa ha habido operaciones de mayor valor monetario, posiblemente ninguna tuvo los efectos sociales que se derivaron de las privatizaciones españolas, quizá porque sus mercados bursátiles estaban más desarrollados y los ingresos por los beneficios y dividendos que procedían de las acciones empresariales eran una parte establecida de la renta de las clases medias europeas.

Desde la entrada de España en el euro la venta de empresas públicas constituía uno de los pocos resquicios en los que los gobiernos podían ejercitarse, de forma que el resultado final de sus privatizaciones respondió exactamente a sus decisiones. Tanto los éxitos como los fracasos pertenecen a Aznar. Mota es muy crítico por el hecho de que la privatización de los grandes monopolios públicos conllevase su apropiación política en beneficio de los intereses del Gobierno, apropiación que se manifestó, por ejemplo, en el hecho de que cinco de las grandes empresas vendidas —Repsol, Telefónica, Tabacalera, Endesa y Argentaria— mantuvieron los presidentes designados por Aznar. Y lo que es todavía objeto de debate: si los auténticos criterios que impulsaron aquel proceso de privatización fueron las hipotéticas mejoras que sirven a los ciudadanos (mejores servicios, precios, competencia…) o una mera captación de ingresos y el deseo de formar un grupo empresarial poderoso al servicio del PP.

En las antípodas del ensayo de Mota está el publicado en 2004 por Joaquín Trigo Portela, director ejecutivo de la patronal catalana, Veinte años de privatizaciones en España (Instituto de Estudios Económicos), en el que defiende que la privatización ha sido un instrumento adecuado para aumentar la eficacia de las empresas implicadas, introducir competitividad, ayudar a la eliminación del sector público (lo que le parece positivo en sí mismo), ampliar los mercados financieros y estimular el ahorro particular.

La operación de Telefónica podría servir para actualizar el balance de las privatizaciones en la vida de los ciudadanos en las últimas décadas. Por si está cambiando el paradigma.

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