Los médicos y pediatras de atención primaria llevan a la Comunidad de Madrid a los tribunales

Una ola de demandas y reclamos de indemnizaciones de médicos de familia y pediatras contra la Comunidad de Madrid se prepara para llegar a los juzgados. Los sindicatos Amyts y Atención Primaria Se Mueve iniciarán una campaña judicial conjunta para asesorar a los profesionales de atención primaria que quieran demandar a la administración por vulnerar su derecho fundamental a la salud y a la integridad física por no tener un Plan de Prevención de Riesgos Laborales. A la fecha, se han presentado cerca de 380 demandas y, como explica Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, esperan aumentar el número con los encuentros informativos que han empezado este martes.

“Nos unimos para animar a la denuncia, para llegar a más profesionales. Si llegáramos a los 5.000 médicos y se consiguieran las indemnizaciones, que de mínima están en 8.000 euros cada una, estaríamos hablando de al menos 40 millones de euros”, afirma Hernández, para argumentar que esta nueva estrategia será otro de los mecanismos de presión sindicales para mejorar las condiciones laborales en la atención primaria. Vicente Martín, abogado en Atención Primaria Se Mueve, ha asegurado en el primer encuentro informativo de este martes que “el mero hecho del cálculo de la indemnización les haría correr porque la única manera que tienen de parar esto es hacer un plan de prevención de riesgos laborales”.

Rosa Guardiola, abogada en Amyts, ha detallado en ese mismo encuentro que harán demandas que “incluirán entre 15 y 20 personas” bajo la figura de derechos fundamentales, porque es una modalidad más rápida. Además, se pedirá una indemnización ―inicialmente de 20.000 euros― por cada médico. “Cuantas más demandas haya, más presión se va a ejercer ante la Comunidad de Madrid”, ha resaltado Guardiola.

Este es un nuevo capítulo que se abre en una cronología judicial que se remonta a 2021 y que fue iniciada por el sindicato Atención Primaria Se Mueve. Ese año, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estimó que la Comunidad de Madrid había “vulnerado los derechos de los médicos de Atención Primaria y pediatras, en materia de integridad física y salud” porque no cumplía con la valoración de carga de trabajo de los profesionales. Esto significa, según la secretaria general de Amyts, que no se define qué cantidad de trabajo puede tener un doctor o un pediatra para, a partir de ahí, definir cuándo se sobrepasa y cuándo se necesitan más trabajadores.

Los magistrados también ordenaron a la Comunidad a elaborar “de forma inmediata un plan de prevención de riesgos laborales” que resolviera esos problemas. La administración recurrió y los tribunales volvieron a dejar en firme la sentencia en 2022. Pero, como asegura la doctora Mar Noguerol, de Atención Primaria Se Mueve, no se ha cumplido con la elaboración del plan. “Tras lo que pasó con la demanda colectiva, iniciamos una serie de demandas individuales, reclamando indemnización por no tener ese plan”, afirma Noguerol. Desde entonces, se han sumado cerca de 380 demandas. “Lo hacemos porque parece que la CAM solo se mueve por la presión económica”, argumenta.

La Consejería de Sanidad, a través de un portavoz, se defiende e insiste en que sí cuenta con un plan de prevención de riesgos desde 2019, que la actualización más reciente ha sido este mes y está disponible en la intranet del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). El portavoz agrega que se han hecho dos evaluaciones de riesgos psicosociales y que “se han ido implementando progresivamente varias medidas” como la reorganización asistencial con las agendas, políticas de respeto y buen ambiente laboral, entre otras.

“En estos momentos estamos trabajando en una planificación preventiva, trabajo que implica a toda la organización, desde los profesionales hasta la Gerencia”, agrega. De acuerdo con la Consejería, se confunde el plan de prevención―que asegura que sí tienen― con la planificación preventiva ―que está en redacción―.

Vicente Martín, abogado en Atención Primaria Se Mueve, difiere y argumenta que ha sido la propia justicia la que ha dicho que lo que se tiene son “manuales, fichas o documentos que no llegan a ser considerados planes de riesgo”. Martín estuvo en el encuentro de este martes organizado por los sindicatos y ha asegurado que el plan de febrero de 2024 del que habla la Consejería es un “manual”. “No hay plan de prevención de riesgos. No lo digo yo, lo dicen hasta tres sentencias, una del supremo y dos del TSJM”, sostiene. “Nos propusimos dar una vuelta de tuerca más y hacer demandas individuales porque se seguían vulnerando los derechos fundamentales de los médicos”, añade Martín, en una conversación telefónica.

Precisamente una de esas demandas individuales es la que ha detonado la campaña judicial. La demanda presentaba el caso de un médico de un centro de salud saturado en Vallecas sometido, según el abogado, a malas condiciones laborales. En 2023, el juzgado número 1 de Madrid condenó a la Comunidad por ese caso. Aunque la administración trató de recurrir, a mediados de enero el TSJM ha reafirmado la sentencia y ha dictado que la Comunidad indemnice al sanitario por daños ante la vulneración de su derecho fundamental a la salud y a la integridad física. Los magistrados, sin embargo, han rebajado la indemnización de 20.000 euros a 8.000 euros.

De momento, la Comunidad de Madrid no ha desembolsado un euro de indemnización porque esta nueva sentencia ha sido recurrida tanto por la administración como por el sindicato Atención Primaria Se Mueve, que pide que se indemnice al médico con el monto inicial.

El abogado del sindicato afirma que si se gana ese caso, se abre la puerta para que otros terminen a favor de los sanitarios. Esa demanda está atada a otras más que se ha pedido que se dictaminen en plenario la Sala de lo Social. Eso, asegura Mar Noguerol, del mismo sindicato, permite que todo sea más ágil. “A menos que la Comunidad siga recurriendo y evadiendo su obligación de proteger a los médicos”, comenta. El principio de una batalla judicial está servido.

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