Tres detenidos por homicidio imprudente tras la muerte de un trabajador por aplastamiento en el centro de Madrid

No tenía contrato, ni la formación necesaria para la labor que le encomendaron, ni las condiciones de seguridad que exige la ley para una reforma de este tipo. En ese contexto murió aplastado un trabajador dominicano de 42 años, el pasado 18 de diciembre en Madrid, mientras reformaba un pozo en una galería subterránea que colapsó en el céntrico barrio de Malasaña, en Madrid. La Policía Municipal ha detenido este miércoles a los dos administradores de la empresa para la que trabajaba el fallecido, así como un tercer implicado que pertenece a la compañía contratista intermediaria. Los tres deberán responder por delitos contra los derechos de los trabajadores y homicidio imprudente.

Los detenidos están siendo investigados por incumplir la legislación vigente, no solo en términos de contratación ―el hombre “trabajaba en B”, según fuentes de la investigación, es decir, sin contrato y sin seguridad social―, sino también en lo referente a las medidas de seguridad para una reforma de este tipo. Fuentes de la Policía han detallado a EL PAÍS que los agentes que acudieron al lugar del siniestro “observaron deficiencias técnicas”, entre ellas fallos en el sistema de ventilación, por lo que apuntan a que la muerte del trabajador habría sido consecuencia de “un mal procedimiento” por parte de los empleadores.

La normativa de edificación establecida en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, contempla requisitos particulares para las reformas a las estructuras subterráneas, dado que “implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores”. La legislación exige el uso de “sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas avanzadas” para “prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento”. La Policía no ha precisado si hubo un fallo en el sistema de pilares que sostenía la galería.

Las penas por homicidio imprudente oscilan entre uno y cuatro años de prisión, según el artículo 142.1 del Código Penal, y por delitos contra los derechos de los trabajadores de seis meses a seis años de cárcel. Al no tener antecedentes penales, los acusados fueron puestos en libertad, tras una primera toma de declaraciones y la espera de la citación del juez. La investigación, que ha pasado a manos del Grupo de Siniestralidad Laboral y la Policía Científica, continúa en curso y “puede alargarse hasta dos meses”, han señalado fuentes de la Policía, que no descartan más detenciones o nuevas líneas de investigación.

El accidente ocurrió antes del medio día en un bloque residencial del número 28 de la calle Molino de Viento, a pocos metros de la Gran Vía. Los bomberos que acudieron al lugar tuvieron que apuntalar la galería y retirar los escombros manualmente, en un espacio muy reducido. “Ha sido un proceso bastante laborioso”, resume un portavoz de la Comisaria de Coordinación Judicial de la Policía Municipal.

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