La inmobiliaria que desalojó a sus inquilinos de Madrid en 24 horas sin orden judicial pidió ayuda a una empresa de desokupas

Ya no queda ningún vecino dentro del edificio de la calle Marqués de Santa Ana número 12 de Madrid, a pocos metros de la Gran Vía. Las 12 familias que recibieron el pasado viernes cinco documentos de manos de dos hombres corpulentos a las ocho de la tarde abandonaron sus casas de alquiler la tarde del domingo, dos días después. Según ha podido saber EL PAÍS, estos dos hombres trabajan para una empresa de desokupas. La vida de estos vecinos ha dado un vuelco de inmediato. Todos recibieron un manojo de folios donde la empresa propietaria del edificio les decía que tenían un día para desalojar las viviendas y todos sus enseres por un supuesto peligro de derrumbe: “Les comunicamos que procedan al inmediato desalojo de las viviendas y a la entrega de llaves en las próximas 24 horas”. Nadie daba crédito. La mayoría pidió ayuda a sus amigos y familiares para hacer la mudanza. Hay casos dramáticos, como el de una inquilina que se encontraba en Marsella en el momento de la notificación.

Todos los vecinos dicen estar viviendo en directo una película de terror. Supuestamente, el edificio donde residen se puede caer en cualquier momento, pero la casera del inmueble ni se ha presentado para decírselo en persona. Es más, tal y como ha podido saber este diario, la propietaria del edificio solicitó ayuda al responsable de OPS2 desokupaciones, una empresa que, según su propia web, está creada “con el fin de ayudar a las personas, principalmente a la hora de expulsar okupas de sus viviendas y la recuperación de maquinaria robada”. Dos trabajadores de OPS2 fueron los que se presentaron la tarde del viernes en el edificio. Ellos fueron los que entregaron los documentos en persona y no la propietaria.

La dueña del bloque es Carmen Bachiller, que no ha querido atender a este periódico desde el pasado sábado, cuando EL PAÍS desveló el caso. Ella, según el Registro Mercantil, es la gerente de la empresa Arrendaplus S.L, una sociedad que se constituyó en 2002 y cuyo objeto social es la promoción y la construcción de toda clase de inmuebles. Según la información a la que ha tenido acceso este diario, la sociedad ha sido objeto de una posible sanción, debido al incumplimiento de la obligación de depositar sus cuentas. El 25 de noviembre de 2019 recibió una reclamación administrativa de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Arrendaplus alquila estos estudios de entre 20 y 25 metros cuadrados por 500 y 700 euros desde hace al menos siete años y ahora el precio de mercado está mucho más alto. Este sábado, por ejemplo, solo había tres pisos en Idealista por 700 euros en el barrio, Malasaña. Ninguno medía más de 30 metros cuadrados. La empresa ha establecido como intermediario con los inquilinos a un portavoz que se llama Juan Carlos. Juan Carlos no quiere facilitar su apellido ni especificar a qué se dedica. Según cuenta por teléfono, a las seis de la tarde del viernes recibe una llamada de la dueña del inmueble. Ella le pide que desaloje a todos los vecinos por un posible derrumbe del edificio. Tras recibir esta misión, Juan Carlos se puso en contacto con Rogelio, uno de los dueños de la empresa de desokupas. “Me pidió un favor porque somos amigos. Me dijo que mediara con ellos y eso hemos hecho”, cuenta él mismo por teléfono. El domingo a las nueve de la noche no había nadie ya en el bloque. Un cerrajero cambió el bombín del portal y un trabajador de una empresa de alarmas instaló una en el edificio.

El peligro de derrumbe

La versión del Ayuntamiento de Madrid es muy diferente a la de la empresa que ha desalojado a estos vecinos de forma fulminante. Una portavoz del Urbanismo explica que el edificio cuenta con un expediente abierto desde agosto de 2021. Que este se produce, precisamente, tras la llamada de una inquilina que vive en el último piso y observó cómo el suelo de su casa se estaba hundiendo. Esta vecina llamó a los bomberos, que notificaron un parte de daños estructurales.

Más tarde, el Ayuntamiento ordenó a la empresa la adopción de medidas de seguridad y la reparación de las patologías estructurales, que principalmente afectan a “forjados, fachada principal, patios y filtraciones de cubierta”. En abril de este año, los funcionarios municipales realizaron una nueva inspección y comprobaron que se estaban realizando, pero les requirieron para que iniciaran ya las obras de reparación que también se habían pedido. Solo la vecina que llamó a los bomberos en agosto de 2021 estaba al tanto de este asunto. El resto se ha enterado el viernes. El peligro de derrumbe solo aparece en el último folio que la empresa ha entregado a los vecinos.

La empresa se ampara en el artículo 26 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que explica que, en caso de obras pedidas por una autoridad competente y que la hagan inhabitable, tendrá el arrendatario la opción de suspender el contrato o de desistir del mismo, sin indemnización alguna. El inquilino, eso sí, tiene derecho a volver una vez que finalicen las obras. Pero ni la empresa ni los inquilinos saben cuándo van a durar.

Expertos de vivienda consultados explican que a este estado del edificio no se ha llegado de un día para otro y apuntan a un protocolo de especulación inmobiliaria evidente. “Dejan que se muera un inmueble para tener disponible el solar. Ha habido casos en Madrid similares. Sobre todo, en Lavapiés”. La empresa, dos horas después de hablar con este diario el pasado sábado, ofreció a los vecinos un hotel con una duración de quince días. Solo han aceptado tres.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.