El mercado negro de aves cantoras sigue activo en Madrid

Miguel Higueras caminaba hace unos días por el monte del municipio madrileño de Arroyomolinos cuando se topó con una cruel sorpresa. El jefe del operativo de agentes forestales de la Comunidad de Madrid estaba allí investigando las causas de un incendio, pero encontró un cardo que a los ojos de cualquier senderista habría pasado inadvertido, pero no para él. Estaba pegado a un palo y en lo alto había varias ramitas impregnadas con pegamento. “Es un método de captura masivo para aves fringílidas, porque hace que sus alas se peguen y no puedan volar”, explica el agente al otro lado del teléfono. Ese cardo evidencia que aún hay algunos que se resisten a abandonar la práctica de cazar pájaros cantores, prohibida desde 2018.

En España existe una arraigada tradición de la captura, cría y adiestramiento de aves como jilgueros, pinzones, pardillos o verderones para participar en concursos de canto. Es una modalidad de caza que se conoce como silvestrismo. Desde 2018, está prohibida la captura de estos pájaros en todas las comunidades autónomas, al menos sobre el papel. “En 2008 la Comisión Europea lo declaró ilegal, pero España permitió un periodo de transición de diez años con el objetivo de que se capturara el número suficiente de ejemplares para que hubiese un stock suficiente para su cría en cautividad”, detalla David de la Bodega, responsable del programa legal de SEO/Birdlife. La organización asegura que en ese tiempo se apresaron cerca de dos millones de aves fringílidas.

Algunas comunidades autónomas estiraron este periodo y en 2019 Europa pidió a España explicaciones formales por carta sobre qué medidas pensaba tomar para asegurar el cumplimiento de la directiva europea. La carta hacía especial mención a la Comunidad de Madrid. “Todavía hoy hay gente que no lo ha aceptado y persiste en estas prácticas ilegales, hemos visto incluso anuncios en páginas web donde se ofrecían estas especies”, apunta De La Bodega. Higueras indica que en lo que va de año el cuerpo de agentes forestales de la Comunidad de Madrid ha incoado 20 diligencias penales contra diferentes personas por el empleo de artes masivas de captura como “cepos, lazos venenosos y jaulas trampa”.

Los hallazgos de los forestales y las operaciones del Seprona dejan claro que el mercado negro, que existía incluso antes de esta prohibición, sigue funcionando. “Son muy codiciados para comerciar con ellos y también hay algunas zonas en las que se los siguen comiendo, son los pajarillos fritos”, detalla Higueras. El agente cuenta que han llegado a encontrar puntos de atrape para más de un centenar de ejemplares y que uno de los sitios más comunes es cerca de riachuelos, para aprovechar que los pajarillos se posan a descansar y beber. Existe un calendario oficial de concursos de pájaros cantores, pero diversas investigaciones policiales han descubierto el tráfico que mueven los certámenes clandestinos.

Se cuentan por decenas las operaciones en las que en estos últimos años han caído cazadores furtivos y se han rescatado a animales en condiciones pésimas. La Guardia Civil asegura que algunos ejemplares pueden alcanzar hasta los 3.000 euros. Al ser ilegal, no existen cifras concretas de cuánto dinero mueve este mercado pirata ni cuántos participan en él, pero las operaciones desarrolladas estos años por el Seprona y los agentes forestales dan una idea de que es un negocio que sigue activo. Hace solo una semana, fueron liberadas 35 aves en condiciones pésimas en Girona, pero la lista sigue: una furgoneta con más de 1.200 ejemplares interceptada en Martorell en 2020, 11 investigados y 68 aves liberadas en una operación en Huelva en 2021, otros 27 pájaros rescatados en Córdoba este mismo año, 300 ejemplares más en Málaga que iban a ser vendidos por internet...

Además, ya ha habido condenas por estas capturas y comercio ilegales. Dos vecinos de Teruel aceptaron una multa de 1.800 euros por traficar con 200 pájaros cantores, otro al que la Policía Municipal de Madrid interceptó en 2020 con tres jilgueros también fue condenado a pagar seis euros diarios durante nueve meses, a pesar de que en ambos casos la Fiscalía solicitaba condenas mayores.

La Comunidad de Madrid sí permitió a la Federación Madrileña de Caza un proyecto científico denominado Seguimiento de las poblaciones de fringílidos partir de 2018, como especificaba la entidad en su web y le otorgó una subvención de más de 16.000 euros, según figura en el Boletín Oficial de la Comunidad. Los cazadores madrileños anunciaron la renovación del proyecto un año después. La sección de silvestrismo de esta entidad desliga por completo este proyecto con ningún tipo de caza. “En ningún lugar de España están permitidas las capturas con objeto del silvestrismo. En Madrid tampoco lo están ni lo han estado desde 2017. Cualquier otra afirmación otro sentido es rigurosamente falsa”, puntualiza el delegado de silvestrismo, Pablo Luis López Espí, en una respuesta a este periódico por escrito. López Espí añade que no han detectado que estas prácticas furtivas estén muy extendidas y que ellos mismos son “los primeros interesados” en dejar clara la diferencia entre su “práctica deportiva” y el tráfico ilegal de aves. “Nosotros mismos denunciamos el año pasado el hallazgo de dos de estas trampas”, apunta el silvestrista.

Ese cardo que no pasó desapercibido para los agentes forestales es la punta del iceberg de todo un mercado sumergido para enjaular el canto y enriquecerse con los trinos.

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