¿Reparación o derribo? El dilema de los propietarios de un edificio en la milla de oro de Madrid tras la explosión

“Estoy en General Pardiñas, donde la explosión. Me van a a dar las llaves. Pero a ver qué pasa”, responde, confundido, por teléfono Edmundo Hernando (68 años, Madrid), propietario de uno de los locales a pie de calle del número 35. Después de tres meses de la explosión producida por un escape de gas —que provocó en mayo la muerte de dos obreros y casi una veintena de heridos— los 16 propietarios de las viviendas han recuperado este jueves las llaves del bloque, ahora inhabitable, situado en el distrito madrileño de Salamanca. Las chapas onduladas de acero cubren por fuera las ventanas. Y la fachada conserva una grieta que recorre de arriba abajo el torreón del edificio. En su interior, puntales por doquier afianzan la estructura, despojada de puertas, escalera y ascensor. Tras las labores de apuntalamiento para evitar el riesgo de derrumbe por parte de los técnicos del Ayuntamiento de Madrid, el siguiente paso queda en manos de los propietarios, que esperan el informe del Consistorio sobre los defectos del inmueble. Serán ellos los que decidan si reparar el edificio para recuperar sus viviendas o derribarlo para construir uno nuevo, después de encargar un estudio técnico a un arquitecto particular.

Los propietarios llegaban a cuentagotas. Muchos desconocían la hora exacta de la cita. Entre el alboroto por entrar al edificio, algunos aparecían indignados: “¡Cómo lo iba a saber!”. Más dudas: “¿La responsabilidad ya es nuestra, no?”. Tras la visita al interior, los propietarios se reunían en corrillo en la entrada, mientras uno de los técnicos les entregaba, de manera simbólica, el edificio: una llave física para todos los vecinos y cuatro para los propietarios de los locales. “A ver si reformamos todo esto. Es una putada...”, rumoreaban irritados.

Hernando es partidario de la segunda opción, aunque reconoce que ponerse de acuerdo entre todos va a ser complicado. El propietario compró hace dos décadas el establecimiento a unos gallegos que tenían una tienda de ultramarinos. Antes de la explosión era una tienda de colchones. Tuvo que rescindir el contrato a los inquilinos y devolverles la fianza. El madrileño, arquitecto desde hace 40 años, explica que la rehabilitación costaría “más de 300.000 euros”. Posiblemente, las obras de una nueva construcción serían más caras. Pero, prefiere derribarlo y construir uno nuevo en una zona en la que el precio del metro cuadrado de la vivienda está a 6.658 €, casi la mitad que la media en la capital, según Idealista. “El Ayuntamiento nos podría haber ayudado declarando la ruina total”, opina.

El edificio se declaró en ruina parcial para iniciar las actuaciones de emergencia. “Como siempre se hace en estos casos, el Ayuntamiento entregará un informe en el que se recoge el detalle de las acciones llevadas a cabo de los defectos del edificio”, explica una portavoz del Área de Vivienda.

Una vez con el informe del Consistorio, los propietarios encargarán un estudio técnico que determine si el edificio, de 1940, resistiría al derribo. En cualquier caso, la fachada se debe conservar, según explica Guillermo Bekes (Argentina, 60 años), portavoz de los afectados: “Hay que mantenerla porque es patrimonio arquitectónico del barrio, pero se puede vaciar por dentro y hacer un edificio nuevo. Pero, todo eso tiene unos costes muy grandes para nosotros”. Según cuenta Bekes, “se buscará hacer la obra que se pueda financiar de manera más rápida para poder recuperar las viviendas lo antes posible”.

“¡Qué remedio!”, apunta Gloria Mateos, que creció en el piso que heredó de sus padres y en el que hasta el día de la explosión residía su hermano Alberto, de 70 años, que ahora vive con ella. Mateos, que intenta contener las lágrimas bajo unas gafas de sol, no se atreve ni a entrar: “Es muy duro. No quiero ni verlo”. Entre los pocos bienes que pudieron recuperar estaba la escritura de la casa: “Los muebles quedaron destrozados. Te iban sacando cosas y tú ibas eligiendo”. Su hermano, que estaba dentro cuando “todas las ventanas reventaron” explica, nervioso, que aún les queda un largo proceso para tomar una decisión: “Somos muchos vecinos. Ponerse de acuerdo es muy complejo”. Cualquier coste correrá a cargo de los propietarios, que deberán consultar con su seguro qué actuaciones cubre. Sea cual sea la decisión, tardarán un par de años en recuperar su vida normal.

Como Antonio Navarro (60 años, Ciudad Real), que es propietario del cuarto piso del número 33 de la calle de General Pardiñas. Uno de los edificios aledaños, también afectado por la explosión. Navarro se queja de la actuación del Consistorio: “Han apuntalado y han dicho: ‘Ahí os quedáis’”. Los 16 vecinos de este bloque volvieron en julio a sus casas, aunque les queda mucho trabajo por hacer. Los desalojados del otro edificio colindante, el de la calle de Ayala, lo hicieron el pasado 3 de agosto. “Podemos entrar, pero hay que cambiar las ventanas, el parqué y reconstruir el comedor y los baños”, explica.

Los residentes se han mudado a casas de familiares o a segundas residencias. “Cada uno está viviendo como puede”, apunta Bekes. Y reclama el esclarecimiento del caso para que se determinen responsabilidades: “Y el que tenga que pagar, pague. El gas no puede ser una amenaza. Es un servicio para hacer nuestra vida más fácil. No puede convertirse en una bomba y hay sistemas para que eso no ocurra”.

El Consistorio ha actuado ante la emergencia, pero ahora la pelota está en manos de los propietarios. “El Ayuntamiento hace obras de afianzamiento, es decir, hace las obras para que tú puedas volver. Pero luego, tú, de acuerdo con tu seguro, tienes que realizar todas las obras que correspondan. El Ayuntamiento llega hasta dónde llega en el marco de sus competencias”, explicaba este miércoles José Fernández, concejal de Salamanca y Centro, durante su visita a la zona. Este jueves el barrio volvía a la normalidad. Las balizas que precintaban la zona se retiraron el día anterior y los viandantes ya podían transitar por las calles que han estado cerradas durante tres meses. Pero el futuro del edificio sigue en el aire, a la espera de un estudio técnico y la decisión de la comunidad de vecinos. “Nuestras vidas quedan destrozadas. Recuperar lo que teníamos va a llevar mucho tiempo”, concluye Guillermo Bekes.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.