La Fiscalía archiva la denuncia de Ayuso por las ayudas a la empresa vinculada a los padres de Sánchez

La Fiscalía Antincorrupción ha archivado la denuncia interpuesta por el PP, a instancias de la presidenta del partido en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por los 15 avales o reafianzamientos públicos, por valor de 896.000 euros, que recibió entre el 18 de febrero del 2020 y el 25 de mayo de 2021 la empresa Industrias Plásticas Playbol, que en el pasado fue propiedad de los padres del presidente del Gobierno. “[Hay una] palmaria ausencia de elemento incriminatorio alguno en unas operaciones que aparecen revestidas de legalidad”, reprocha a los denunciantes el fiscal Alejandro Luzón en un decreto al que ha accedido EL PAÍS. Los padres de Pedro Sánchez vendieron la compañía en 2018, y las operaciones denunciadas fueron posteriores, pero el PP veía un posible caso de conflicto de interés en la concesión de las ayudas, porque las naves en las que trabaja la empresa siguen siendo de la compañía previa, por lo que la actual paga un alquiler.

“Nada aporta el denunciante acerca de la intervención que pudiera haber tenido el presidente del Gobierno o cualquier otro cargo público en la obtención de las ayudas, esto es, sobre su participación en unos hechos cuya trascendencia penal tampoco se concreta”, afea Luzón en su escrito. “Las operaciones denunciadas se refieren a 15 ayudas recibidas por la sociedad Industrias Plásticas Playbol, tres en las que intervino la compañía española de reafianzamiento (CERSA) y 12 del instituto de crédito oficial (ICO)”, recuerda. “[Hay una] palmaria ausencia de elemento incriminatorio alguno en unas operaciones que aparecen revestidas de legalidad y respecto de las que aventurar un trato de favor o el despliegue de algún tipo de influencias para su realización situaría el relato en el ámbito de la pura especulación, extramuros del derecho penal”, remata, subrayando que “la hipótesis delictiva planteada por el denunciante (...) se ha comprobado huérfana de una mínima base indiciaria”.

Contraataque

En marzo, la denuncia registrada por el PP formó parte del contraataque dirigido por Ayuso para neutralizar la polémica generada al conocerse que su hermano había cobrado más de 55.000 euros como consecuencia de un contrato de la Comunidad de Madrid con la empresa Priviet Sportive. En ese contexto, el grupo parlamentario popular de la Asamblea regional registró una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por 12 contratos del Gobierno central (que suman 326 millones de euros) y 14 ayudas en forma de avales (896.000 euros) presuntamente relacionados con familiares, allegados o conocidos del presidente, Pedro Sánchez; de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño; del exministro de Sanidad, Salvador Illa, o del extitular de Transportes, José Luis Ábalos.

Por ahora, solo ha trascendido el archivo de la investigación a la empresa vinculada a la familia de Sánchez, que se empezó a investigar, como el resto, en abril. En junio también se archivó la investigación del contrato público que permitió ganar más de 55.000 euros a Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta.

“Total respeto a las decisiones judiciales”, ha reaccionado este miércoles Enrique Ossorio, el número dos del Gobierno madrileño. “Si nuestros contratos son investigados por la Fiscalía, contratos que ha hecho la Administración del Estado, por los que no pondría la mano en el fuego, pues que sean investigados todos”, ha añadido.

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