La justicia y la política se enredan en Móstoles

Primero fueron los nombramientos a dedo y ahora una querella y hasta una amenaza de moción de censura. El panorama político de Móstoles (207.100 habitantes), la segunda ciudad más importante de la región tras la capital, no para de complicarse, con visos de mantenerse así durante meses. Si hace dos años, la alcaldesa, la socialista Noelia Posse, saltaba a los medios de comunicación por haber fichado a dedo a familiares y amigos a su llegada al poder, ahora está siendo investigada ante la justicia, junto con el resto de integrantes de la Junta de Gobierno local, por un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación.

Más Madrid Ganar Móstoles (MMGM) presentó una querella que ha destapado una presunta irregularidad fiscal con una estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) local. Por eso, los partidos de la oposición municipal han pedido la dimisión de los concejales investigados. De momento, su propuesta no ha sido respaldada, porque el equipo de gobierno la considera “una querella política”. Ciudadanos, en un intento de dar otra vuelta de tuerca, plantea además una moción de censura que no tiene ningún viso de prosperar. Sus oponentes la han visto como un intento de la formación de mantenerse en el candelero y sacar algún rédito político en el río revuelto que vive la Corporación mostoleña.

Nombramientos a dedo

Los primeros escándalos de Noelia Posse como alcaldesa se remontan a 2019, cuando contrató a su hermana por 52.000 euros anuales para llevar las redes sociales del Ayuntamiento. Luego nombró a Jesús Miguel Espelosín, hijo de un exconcejal socialista de Madrid, gerente de la Empresa Municipal del Suelo. Además, ordenó el ascenso de su tío, funcionario municipal, al que se le otorgó un complemento de 1.600 euros al mes. También aprobó un incremento salarial de 800 euros para su expareja, Gonzalo Sánchez Oliva, colocado como supervisor del Grupo de Intervención Especial del Consistorio. Y fichó como coordinadora del Gabinete de Alcaldía a una amiga personal, Alicia Domínguez Villarino. Todos ellos dimitieron o fueron destituidos tras brotar el escándalo en los medios de comunicación.

El pasado febrero los dos concejales de Más Madrid, Susana García y Gabriel Ortega, se querellaron contra la Junta de Gobierno por el llamado caso ITV Móstoles SL. El escrito que presentaron contiene un detallado relato de cómo, supuestamente, el órgano de gobierno del Ayuntamiento causó un daño a las arcas municipales de 2.455.725,39 euros por condonar y fraccionar parte de la deuda que esta compañía mantenía con el Ayuntamiento. Según el relato de hechos, la empresa fue adjudicataria el 6 de junio de 2011 de una parcela en el Parque Móstoles Tecnológico. Tenía que pagar un canon anual de 133.000 euros y se le otorgaba la cesión del terreno por un periodo de 30 años. Esa cuantía debía incrementarse cada año según el índice de precios al consumo (IPC), de forma que en 2020 llegaba ya a los 147.653,59 euros anuales, según la querella.

Durante los dos primeros años, la ITV pagó sin problemas el canon, pero en 2013 solo ingresó, siempre según el escrito judicial, 713 euros. A fecha del 22 de julio de 2020, adeudaba al Ayuntamiento 1.129.570,78 euros. En noviembre de 2017, el servicio de Recaudación inició un procedimiento de cobro al llegar el pasivo a casi 550.000 euros.

La empresa pidió entonces la condonación de las cargas y costas, la reducción de 400.000 euros y el fraccionamiento en 12 meses. Pero el secretario municipal se negó a la petición en un informe, con el argumento de que se trataba de una empresa privada que había iniciado una actividad “a riesgo y ventura” y que no cabía un reequilibrio económico “al no tratarse de un servicio público”, como la recogida de basuras o la grúa municipal.

La concesionaria —con la que este periódico ha tratado de hablar, sin éxito—, siempre según la querella, habría hecho una jugada el 15 de julio de 2020 para intentar eludir la carga que pesaba sobre ella. Presentó una solicitud en la que pedía la reducción del canon a 60.000 euros anuales, la condonación del 50% de la deuda acumulada y el pago de la otra mitad a razón de 30.000 euros al año hasta el final de la concesión. Alegó que había solicitado el preconcurso de acreedores con carácter previo a la solicitud.

Los informes del secretario y del interventor municipal echaron por tierra la petición, al no haber presentado las cuentas anuales, ni haberlas depositado en el Registro Mercantil, además de no haber aportado un informe de cuentas. La Junta de Gobierno del 1 de septiembre aceptó el preconcurso, que justo nueve días después fue retirado por la concesionaria. En el mismo momento, pedía la aplicación de las nuevas condiciones con carácter inmediato. Sin embargo, este no se aprobó hasta el 20 de octubre, pero con carácter de urgencia. Al otorgarle ese cariz de inminencia, el Gobierno municipal pudo sortear los informes en contra del secretario y del interventor, según el escrito.

“Resulta más que significativa la rapidez de la deudora del Ayuntamiento, tanto en recibir la comunicación como en apresurarse a solicitar que el Ayuntamiento ejecute sus propios acuerdos, nada menos que en sólo 6 días hábiles de diferencia. Igual y realmente sorprendente es que el referido acuerdo no fue definitivamente aprobado hasta que se aprobó el acta de la sesión en la siguiente Junta 15 de Gobierno de 20 de octubre de 2020, por lo que la participación en la trama de la beneficiaria de la quita era evidente, pues conoció un acuerdo antes de su aprobación formal, seguramente informado por alguien del Ayuntamiento, y se apresuró a solicitar su ejecución a los pocos días”, recoge la querella.

Denuncia al Tribunal de Cuentas

El interventor llevó el caso el 5 de noviembre de 2020 ante el Tribunal de Cuentas por posible lesión a los intereses del Ayuntamiento de Móstoles, tras lo cual fue destituido. Los concejales de MMGM creen que detrás de la actuación de la Junta de Gobierno local hay un delito de prevaricación y otro de malversación continuada

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 1, María Pinto Andrés, ha llamado a declarar como investigados a los integrantes de la Junta de Gobierno, tras el interrogatorio a Noelia Posse el pasado 18 de noviembre. El 16 de febrero acudirán el primer teniente de alcalde, David Muñoz; la concejala de Empleo y Nuevas Tecnologías, Rebeca Prieto; el edil de Seguridad, Convivencia, Cultura y Transición Ecológica, Alejandro Martín, y la concejal de Presidencia y Desarrollo Urbano, María Luisa Ruiz. El 28 de febrero han sido llamados la concejala de Igualdad, Dolores Triviño; la anterior responsable de este área ya jubilada, Beatriz Benavides y la edil de Educación y Juventud, Natividad Gómez, de Podemos.

El penúltimo capítulo se vivió el pasado jueves por la tarde, cuando el pleno municipal extraordinario rechazó, con los votos en contra del PSOE y Podemos —ambos al frente del Ayuntamiento— y la abstención de MMGM, la propuesta del PP, Ciudadanos y Vox de que dimitiera el Gobierno municipal en bloque, tras el escándalo de la ITV.

El portavoz de Ciudadanos, José Antonio Luelmo, movió ficha a la mañana siguiente y envió una carta a la oposición en la que les llamaba a reunirse para presentar una moción de censura al actual equipo de gobierno: “Tenemos una responsabilidad con nuestra ciudad, la segunda más importante de Madrid, y con nuestros vecinos, que no pueden seguir viendo envuelto su nombre en situaciones de corruptelas y malas praxis por parte de un gobierno socialista que ha puesto a prueba su nivel de tolerancia”. Y continuaba: “Desde el PSOE solo se sabe hacer las cosas con una forma de gobierno absolutamente reprobable e intolerable que no puede seguir teniendo continuidad (…) Desde Ciudadanos insistimos en nuestro compromiso contra la corrupción y nos reafirmamos en la intención de la presentación de dicha moción de censura”.

Una moción sin apoyos

Pero no salen las cuentas para la moción de censura. La Corporación municipal de Móstoles está formada por 27 concejales (10 del PSOE, 6 del PP, 3 de Cs, 2 de MMGM, 2 Podemos, 2 Vox y 2 no adscritos, antes de Ciudadanos). Para presentarla es necesario el aval de 14 ediles como mínimo. Socialistas y Podemos lógicamente no la apoyarán, pero tampoco los de MMGM y los no adscritos. Estos dos últimos se salieron de la formación naranja en febrero de 2020, al sentirse vejados por el resto del grupo y haberse alineado con las políticas de derechas.

Ciudadanos pretende conseguir con esta maniobra política el foco de la atención mediática, después haber alcanzado la alcaldía de Alcobendas hace unas semanas y estar ultimando un pacto de gobernabilidad en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, al que ayer dio el visto bueno la militancia socialista del municipio. Tras haber perdido la representación en la Asamblea de Madrid tras el 4-M, Cs pasa por su peor momento en la región. De ahí, este nuevo intento de cosechar votos.

El portavoz municipal de Cs asegura que Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid y la persona más fuerte del partido en la región en estos momentos, está informada y que cuenta “con su total y pleno apoyo” en esta moción. “Vamos a intentarlo al 100%. En un año y medio que quedan para las elecciones, tenemos tiempo suficiente para solucionar todo esto. Lo que no entendemos es que Más Madrid ha impulsado una querella, que es la acción judicial más contundente, y se abstuviera en el pleno con la dimisión del equipo de gobierno”, se queja Luelmo.

Sus posibles socios de moción —PP y Vox— se mantienen expectantes. “Desde que se les ocurrió, saben a la perfección que no les dan los números. Los partidos de derecha solo dan 11 concejales, por lo que se necesitaría a los dos tránsfugas [los no adscritos] y a alguno de la izquierda. Es imposible. Ocurrió durante la crisis del escándalo de los nombramientos y solo se generaron falsas expectativas”, afirman fuentes próximas a la portavoz del grupo popular, Mirina Cortés. También hay críticas para Más Madrid: “No parece muy coherente acudir a la justicia y no apoyar en el pleno que la junta de gobierno local dimita en bloque”.

El portavoz de Vox, Israel Díaz López, también es escéptico sobre el gesto de Ciudadanos, según declaró a EL PAÍS: “Ahora mismo, lo vemos imposible. Ya se intentó en 2019 con los enchufes de la alcaldesa, pero Más Madrid Ganar Móstoles rechazaron la moción y no lo vieron adecuado. Ahora sabe que además cuenta con el apoyo de los dos no adscritos. No se van a alinear ninguno de los dos grupos para que salga un gobierno de derecha”.

“Guatepeor”

Gabriel Ortega, el portavoz de Más Madrid y firmante de la querella junto con su compañera, da la razón a su homólogo de Vox. No piensan apoyar la eventual moción de censura porque sería pasar “de Guatemala a Guatepeor”. “Lo que pretende Ciudadanos es pescar en un río revuelto. Estamos muy orgullosos de haber cumplido con nuestra obligación y de haber acudido a los tribunales por supuestas irregularidades, pero de ahí a favorecer un gobierno del PP queda mucho. Mejor que hable la justicia y posteriormente las urnas”, mantiene Ortega, que recuerda que los dos anteriores alcaldes del PP —Esteban Parro y Daniel Ortiz— están imputados en las tramas Gurtel y Púnica, respectivamente. Eso sí, también adelanta que no va a apoyar los presupuestos de Noelia Posse para 2022, con lo que es probable que no se aprueben. “Nos han engañado dos, tres veces, pero no lo van a hacer más”, concluye.

Los que también apuestan porque hable la justicia y que se mantenga por el momento la presunción de inocencia son los dos ediles no adscritos, con César Ballesteros a la cabeza: “No vamos a juzgar a nadie. Ciudadanos ha hecho un movimiento con una estrategia para darse visibilidad. Si los concejales están realmente implicados, serán ellos mismos los que dejen su acta. Mientras tanto, hay que darles un voto de confianza”.

Mientras, la tranquilidad impera en el equipo de gobierno. O eso intentan transmitir tanto el portavoz del PSOE, Alex Martín, como la de Podemos, Mónica Monterreal. El primero ha repetido de todas las formas posibles que MMGM ha presentado “una querella política” y que todo lo que ellos aprobaron en el caso ITV estaba respaldado por informes del tesorero ―con el pequeño detalle de que también está investigado en la querella— y por la asesoría jurídica. Afirma que el secretario y el interventor solo pusieron algunas aclaraciones. “Más Madrid podría haber acudido a un recurso de reposición o a un contencioso-administrativo, pero han ido a la vía penal solo para hacer más ruido e intentar judicializar la política. Lo hicimos para ayudar a los 25 trabajadores y recuperar para las arcas públicas el mayor dinero posible”, destaca Martín, que no opina sobre la investigación paralela del Tribunal de Cuentas, ni de la jugada del preconcurso de acreedores de la ITV.

El portavoz socialista afirma que su grupo cuenta con “el respaldo y el cariño” de la dirección del PSOE de Madrid: “No estamos procesados, solo somos investigados”, remarca. Respecto a la moción de censura es tajante: “Algo tenía que decir Cs para salir de la irrelevancia que sufre y saltar a los medios de comunicación”.

Mónica Monterreal afirma que está “tranquila” con la querella ya que cree que se va a quedar en nada: “Se acudió incluso a una auditoría externa para ver si se hacía lo correcto, todo dentro de la legalidad. La Justicia ya dictaminará si fue correcto o no”. “La moción de censura es solo un brindis al sol para poder seguir en el candelero. Solo se busca perjudicar a un gobierno progresista en el que ellos no están”, concluye la portavoz de Podemos.

Mientras unos y otros se lanzan la pelota, la última palabra la tendrá la titular del Juzgado número 1 de Móstoles. María Pinto Andrés será la encargada de decir si Más Madrid llevaba razón o, por el contrario, la Junta de Gobierno actuó conforme a derecho.

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