Las cuotas voluntarias de un colegio concertado que resultaron obligatorias
La madre de tres menores escolarizados en un centro sostenido con fondos públicos, denuncia discriminación, acoso y humillación por no poder hacer frente a los pagos
Son las 11 de la mañana del miércoles 30 de junio, y una chica de 15 años espera nerviosa en la puerta del colegio concertado María Inmaculada, en la calle del General Martínez Campos, en el distrito de Chamberí. Es el día de la entrega de notas de fin de curso. En la espera le acompañan su hermano, que se gradúa de la ESO, y su madre, Rocío A. (el apellido se omite para no identificar a los menores). La pequeña de 10 años se ha quedado en casa. No saben si el colegio les dará las notas.
La razón es que desde hace ya varios cursos esta madre soltera batalla contra la dirección del centro para asegurar que sus tres hijos tengan el mismo acceso a los recursos educativos que el resto. “A la pequeña, por ejemplo, le han retenido la entrega de notas varias veces en infantil, porque yo no había pagado las cuotas voluntarias”, cuenta Rocío. En conversación telefónica, la religiosa Concepción Bueno, responsable del colegio, lo niega: “A veces les dejamos el recado a los alumnos de que vengan sus mamás a secretaría, ya que no atienden a nuestras llamadas, pero nada más”.
El pasado 10 de junio la familia recibió un email del departamento de administración del centro en el que se le reclamaban varios pagos pendientes. “No es así”, continúa al teléfono la directora. “Solo les pedimos lo que es obligatorio, como las cuotas de comedor o los horarios ampliados”.
Sin embargo, EL PAÍS ha tenido acceso a este correo, que adjunta tres documentos, uno por hijo con el detalle correspondiente, en los que se le exige a esta familia el pago de 1.174 euros por los tres alumnos. En cada relación de pagos, individualizada para cada menor, se mencionan “aportaciones voluntarias” con el mes y año al que corresponden y “servicios y actividades” sin concretar. “Le adjunto detalladamente todos los importes que están pendientes de pago”, escribe una persona del centro en el correo, con membrete del colegio. Una cantidad astronómica para Rocío, que actualmente es beneficiaria de la Tarjeta Familias de la Junta Municipal de Chamberí (la ayuda de emergencia para alimentación de familias en emergencia social).
Cobros voluntarios
La situación es de sobra conocida por la directora del colegio, que reconoce que el perfil de familia vulnerable está extendido entre el alumnado. Desde la Consejería de Educación, una portavoz confirma que en la escuela concertada “los cobros a las familias por actividades complementarias, actividades extraescolares o servicios escolares complementarios, sólo se pueden establecer con carácter voluntario”.
La realidad ha sido distinta para los tres hijos de Rocío, que llevan desde 2016 sufriendo la discriminación, según relatan a este periódico. Salidas a granjas, fábricas de chocolate o teatro en inglés en el mismo salón de actos del centro son actividades curriculares que les han sido vedadas a los tres niños por no estar al día de pagos. La religiosa dice estar “dolida porque las familias no cuentan lo que les hemos ayudado desde el colegio”. Y recalca: “Con aportaciones de nuestro propio sueldo, hasta que hemos podido”.
La mañana avanza, y la hija mayor recibe las notas sin dificultad. Desde dentro del centro avisa a su madre por Whatsapp, que respira aliviada en la puerta. “Fíjate que ella quiere estudiar trabajo social, para poder ayudar a gente como nos están ayudando ahora”, cuenta. La madre, de lágrima fácil, se emociona. Al poco se abraza con alguna de las docentes que salen a la calle. “Nos conocemos desde hace años, mis hijos son lo que son gracias a ellas y ellos”, explica. Es por ellos que quiere que sus dos hijas continúen en el centro.
Un monitor de comedor me dijo que si no podía permitirme este colegio me llevara a mis hijos a otro, como si fuera uno privado. La verdad es que me he sentido como si negociara con la guerrilla de mí país
Cuenta que se ha sentido humillada y acosada. “Un monitor de comedor me dijo que si no podía permitirme este colegio me llevara a mis hijos a otro, como si fuera uno privado. La verdad es que me he sentido como si negociara con la guerrilla de mí país”. Esta mujer colombiana de 50 años llegó a España en 1997, y forma parte del colectivo de población que más impacto económico ha recibido en la pandemia, aunque sus problemas económicos vienen de antes. En diciembre de 2019, a pocos días de Nochebuena, fue desahuciada del piso en el que vivía con sus tres hijos por acumulación de impago de alquiler.
Hace unas semanas, un grupo vecinal de apoyo le recomendó denunciar ante la Inspección de Educación. Entre otras cosas, no podía ver las notas de sus hijos, que se publican en una aplicación que usa el colegio, Global Educa, y que les estaba bloqueada por falta de pago. “No sabíamos si tenían que estudiar algo para recuperar, no podíamos verlo”, relata.
Esta aplicación ha sido motivo de problemas, y graves, durante el confinamiento de marzo y abril de 2020. La familia, según Rocío, la tenía bloqueada por impago de 60 euros cuando se decretó el cierre y era esta herramienta la que se utilizaba en primaria para enviar y recibir deberes. “Al ver que mi hija pequeña no los hacía, nos contactaron sus profesoras por teléfono”, explica. Pactaron enviarle todo por email, hasta que después les desbloquearon el acceso.
La directora Concepción Bueno también niega lo ocurrido. “No bloqueamos nada. Este tipo de familias [vulnerables, aclarará después] a veces pierden la contraseña y no son capaces de entrar de nuevo”, asegura. Pero Rocío también aporta un correo electrónico, del 21 de abril de 2020, en el que el colegio le avisaba de que ya podían acceder a la plataforma, “a pesar de tener pendientes recibos”, y en el que le anuncian que la dirección la citará para “regularizar la situación”, una vez que se restaure la situación de regreso a las aulas.
Ya es mediodía y llega el turno del hijo mayor. Rocío llama desde la puerta a la Inspección Educativa de la Comunidad, con los que ya ha establecido contacto desde hace una semana, siguiendo el consejo vecinal y desde donde han llamado a la dirección para recordarle que su obligación es dar las notas a todos los alumnos. Se pone la inspectora de guardia y le asegura que está pendiente del caso. Unos minutos después, su hijo baja con sus notas en la mano. Madre e hijo se abrazan y hacen fotos.
Rocío se ha planteado varias veces denunciar al colegio por discriminación y acoso, pero el miedo le ha paralizado. ”Yo soy una madre extranjera con tres niños sin familia acá, no sabía qué me podían hacer”, dice. Ahora que ha decidido hacerlo espera no tener problemas. Aún no le han confirmado las plazas del año que viene para sus dos hijas.
Solo una sanción por cobro indebido en años
El colegio María Inmaculada es uno de los 14 centros concertados de Chamberí, que tiene más oferta de este tipo de centros que de públicos, 11 para todo el distrito. María Carmen Morillas, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la Comunidad, la FAPA Giner de los Ríos, explica: “Nos encontramos desgraciadamente todos los años casos parecidos al de Rocío. Los niveles de presión a los que se somete a las familias para el cobro de cuotas puede llegar a ser muy intenso”, asegura.
La Federación realiza, junto con la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), un informe que estudia los precios y abusos de la escuela concertada. Ya han editado la cuarta edición, correspondiente a 2020, en el que se exponen varios casos como el de esta familia, con nombres de centros y el detalle de lo que cobran a las familias.
La Inspección Educativa de la Comunidad supervisa el cumplimiento de la norma en cada centro. En los últimos años, tan solo ha habido un expediente sancionador a un centro por cobros indebidos, informa la fuente oficial regional.
Suscríbete aquí a nuestra nueva newsletter sobre Madrid.
