La Justicia tumba el recurso de Ayuso contra la nulidad de la venta de 2.935 viviendas públicas a un fondo
El tribunal da 10 días al Gobierno regional para recuperar los inmuebles, por los que ingresó 201 millones de euros
La Comunidad de Madrid tendrá que hacerse cargo de las viviendas que vendió a un fondo de inversión en 2013. Una nueva sentencia ha declarado la nulidad de la venta de 2.935 viviendas por parte de la Administración regional a Encasa Cibeles, que pertenece a Goldman Sachs, y que afecta a 28 promociones al completo, y no solo al piso de un demandante que llevó el caso a los tribunales en primera instancia. Así lo ha aclarado el juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 29 de Madrid, cuya sentencia original ya respaldó el Tribunal Supremo a finales de 2019, en un auto para aclarar la ejecución de su decisión con el que ha tumbado el recurso del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, adelantado por eldiario.es y al que ha tenido acceso EL PAÍS. La Comunidad ha asegurado este miércoles que aún no ha recibido notificación alguna. Encasa Cibeles asegura que se ha mostrado dispuesto a dialogar con las autoridades de la Comunidad de Madrid para solucionar, en el menor plazo de tiempo posible, la situación. La decisión judicial es recurrible.
La construcción de estas 2.935 viviendas públicas, repartidas en 32 promociones y por 11 municipios, fue impulsada por la expresidenta Esperanza Aguirre, que las dividió en tres categorías: destinadas a régimen de alquiler, alquiler con derecho a venta para jóvenes, y alquiler con derecho a venta en general. Era el gran proyecto del Gobierno de Madrid para facilitar la emancipación de jóvenes humildes en una región donde la burbuja inmobiliaria ya causaba estragos sobre el precio de los inmuebles. Sin embargo, en 2013, y ya con su sucesor, Ignacio González, como presidente, la Comunidad vendió todas las viviendas al fondo Encasa Cibeles a cambio de 201 millones de euros. La burbuja había estallado, España estaba en una crisis económica sin precedentes y Madrid necesitaba ingresos desesperadamente.
Desde entonces, el fondo ha vendido al menos 1.213 viviendas, repartidas entre el mercado libre y los inquilinos originales, que ejecutaron sus opciones de compra. Eso deja ahora a miles de familias sin saber cuál será su futuro.
Aunque la nulidad de los actos jurídicos que permitieron la venta afectan a las 2.935 viviendas, Encasa Cibeles pretende que se contemplen únicamente las que están sin vender. El fondo, de hecho, también ha llevado a la Comunidad a los tribunales, en su caso para que ejecute la parte de la sentencia del Supremo que considera pertinente. Una vez Encasa Cibeles entendió que la sentencia del Supremo le obligaba a devolver todas las viviendas -y no solo una, como defendía la Administración-, contrató a una empresa independiente para que calculara el valor actual de las viviendas, una cantidad que pedirá de vuelta al Gobierno regional, algo que la Comunidad se ha negado en rotundo a aceptar. No obstante, el auto del juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 29 de Madrid no deja margen a la interpretación.
“Se declara que la sentencia de este Juzgado de fecha 21 de Mayo de 2018 alcanza a la anulación de la adjudicación a Azora Gestión del contrato de enajenación de las 32 promociones y con ello de la totalidad de los inmuebles que las integran”, aclara el auto del juzgado. “Se requiere a Azora Gestión y Encasa Cibeles a que se abstengan y cesen de cualquier actuación tendente a la enajenación de cualquiera de dichos inmuebles, bajo apercibimiento de que, de desobedecer dicho requerimiento, pueden incurrir en la responsabilidad penal correspondiente”, sigue. Y advierte: “Requerir a la Agencia de la Vivienda Social de Madrid a que en el plazo de 10 días proceda a solicitar la anotación de la anulación de la venta en la inscripción de todas y cada una de las fincas registrales que integran las 32 promociones que fueron objeto de la venta anulada”.
Pero, ¿qué pasa con las personas que han comprado una vivienda durante este tiempo? “Aunque el auto se refiere a que la totalidad de la operación queda anulada, las terceras personas adquirentes de buena fe que compraron viviendas durante estos años van a estar protegidos por la buena fe, como terceros de buena fe contra los que no se puede actuar”, ha explicado Javier Rubio Gil, uno de los abogados de los inquilinos que llevan años luchando para revertir la venta original. “Su adquisición de la propiedad yo entiendo que es inatacable. Por lo tanto, yo entiendo que lo que se puede realizar es en todas aquellas viviendas que siguen con la titularidad de Encasa Cibeles, y que ahora tienen que regresar a la titularidad de la Comunidad de Madrid. Todos los inquilinos que sigan en esas viviendas van a ser recuperados como inquilinos de la agencia de la vivienda social”, ha tranquilizado el letrado.
El auto, sin embargo, no paraliza los desahucios que pueda impulsar el fondo en los próximos días, y además es recurrible, por lo que previsiblemente la Comunidad mantendrá el asunto en los tribunales hasta que la decisión sea firme del todo.
Las casi 3.000 viviendas que fueron vendidas en 2013 formaban parte del Plan Joven del Ivima. Se trataba, en su mayoría, de pisos de uno y dos dormitorios con un máximo de 70 metros cuadrados. Los inmuebles estaban ubicados en toda la región: Madrid (1.380), Móstoles (259), Torrejón de Ardoz (224), Tielmes (21), Parla (240), Collado Villalba (44), Majadahonda (332), Navalcarnero (192), Leganés (36), Valdemoro (80) y Arroyomolinos (127).
