La Cañada Real despierta la conciencia de los políticos a última hora

Los políticos han dejado para última hora la búsqueda de soluciones a la crisis humanitaria de la Cañada Real. Las administraciones y la empresa concesionaria del suministro eléctrico no habían logrado asegurar que los habitantes de dos de los seis sectores del poblado chabolista tuvieran luz durante estos días, cuando el termómetro va a marcar temperaturas de hasta doce grados bajo cero. En el lugar viven casi 2.000 niños en condición de pobreza. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, anunció por la noche, después de que una fuerte nevada cayera sobre la ciudad, que habilitará una antigua fábrica de muebles y una parroquia como albergues improvisados. El vicepresidente Pablo Iglesias pidió a la presidenta Isabel Ayuso que instale grupos electrógenos en las casas y pida la intervención de la UME como medida excepcional.

Los vecinos de los sectores cinco y seis de esta vía pecuaria que se convirtió desde finales de los años setenta en un núcleo de infraviviendas a las afueras de Madrid sufren continuos cortes de electricidad desde hace más de tres meses. Las interrupciones del suministro comenzaron en octubre por los “elevados consumos no localizados que hacen saltar las protecciones automáticas de la red”, según la empresa Naturgy. La Policía y las distintas administraciones lo achacan a las plantaciones de marihuana enganchadas a la electricidad, que disparan el consumo y tumban la red. El problema acaba afectando al resto de habitantes, a los que de alguna manera se les acaba criminalizando por partida doble, por pobres y por ser sospechosos de cometer algún delito.

El plan del alcalde incluye que en los albergues se instalen alternadores para dar suministro eléctrico y calefacción. En la antigua fábrica habrá 400 camas y en la parroquia otras 20 plazas más. Si fuera necesario se habilitará el polideportivo Cerro Almodóvar de Villa de Vallecas, donde pueden instalarse hasta cien plazas más. Además, Madrid Salud doblará el servicio que allí presta a toxicómanos y drogodependientes, cuyo centro de atención es adyacente al templo. La Policía municipal se encargará de la seguridad.

Vecinos del sector cinco se han mostrado contrarios a las soluciones ofrecidas por el Consistorio de la capital y desde la asociación Al Shorok han respondido a Almeida mediante un comunicado que no quieren ser “expulsados” de sus casas. Los Servicios Sociales municipales han ofrecido en los últimos días un alojamiento temporal a vecinos de la Cañada cuya situación consideran de especial vulnerabilidad más allá de las nevadas que han comenzado este jueves. Fuentes del área de Familias reconocen que de las 17 familias a las que se ofreció solo dos han aceptado esa solución. El Ayuntamiento, explican desde el área de Emergencias y Seguridad, encuentra problemas para que los vecinos de la Cañada acepten alejarse de sus viviendas. Por eso han buscado soluciones como la fábrica de muebles y la parroquia de Santo Domingo de la Calzada.

Almeida sobre la situación de La Cañada Real

El vicepresidente Pablo Iglesias también reaccionó a la crisis, aunque igualmente después de horas de bajas temperaturas. Urgió a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que solicite el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la Cañada Real, según fuentes de la vicepresidencia de Derechos Sociales. Iglesias quiere que el Ministerio de Defensa instale grupos electrógenos, una salida que cree que es la única después de varias días de conversaciones con la Delegación del Gobierno en Madrid y con el Ministerio del Interior. La única forma de que la UME actúe es que el Gobierno regional lo pida formalmente. “Los dirigentes madrileños no pueden esperar un minuto más”, dicen desde el entorno de Iglesias.

La situación en el lugar es crítica. Los vecinos del sector cinco se han organizado tras reunirse en asamblea para turnarse y poder acceder al suministro pues todos a la vez no pueden, cuenta Cristina Pozas, de la asociación Al Shorok. “No ha habido cambios” con respecto a la situación que denuncian y “es mentira” que se haya restablecido el servicio. Afirma que hace unas dos semanas se acercaron al barrio dos empleados de la empresa eléctrica que llevaron a cabo una nueva manipulación de las torres y les dijeron que se iba a restablecer el suministro. Esperanzados, conectaron sus instalaciones, pero la alegría duró ese día. “Ahora mismo está nevando, no hay luz y tenemos 700 niños”. Pozas insiste en que Naturgy ha de retirar los reductores que les impiden conectarse a todos a la vez y que la empresa niega haber colocado.

En los sectores cinco y seis solo hay cuatro instalaciones legales, frente a las 1.500 casas que se calcula que existen, según Naturgy

La empresa hizo llegar a este periódico un argumentario en el que explica su actuación sobre el terreno. Asegura que en el sector cinco ha desaparecido la sobrecarga desde el 27 de noviembre. No así la del seis, que se restablece varias veces al día, pero que se vuelve a caer de inmediato. En este punto, Naturgy proporciona un dato desconocido hasta ahora: en los dos sectores solo hay cuatro instalaciones legales, frente a las 1.500 casas que se calcula que existen. Para que nos hagamos una idea de la sobrecarga, la compañía dice que la red soporta un consumo extraordinario -para la que no está diseñada ni preparada- equivalente a unas 10.000 viviendas. Siete veces el número de casas que existen. “Claramente se constata que la sobrecarga de la línea no la producen consumos residenciales sino otro de consumos intensivos no localizados”, argumenta Naturgy sin querer citar las plantaciones de marihuana.

La energía defraudada mediante este sistema, que opera así desde hace 25 años, siempre según la versión de la empresa, “alcanza varias decenas de millones de euros que durante todo este tiempo han sufragado los consumidores de toda España”. Naturgy sostiene que no ha limitado la potencia, que la red es la misma, e insisten en que el problema es que se ha disparo el consumo ilegal. En un tono pedagógico, la eléctrica explica que los habitantes del lugar no tienen contadores porque no disponen de la cédula de habitabilidad de sus viviendas, al haber construido sobre un terreno no urbanizable. Naturgy asegura que comparte la preocupación por la situación de los vecinos, y ha puesto en su página web un apartado donde se pueden realizar denuncias anónimas de conexiones ilegales a la red.

Los vecinos se manifestaron delante de la sede de la compañía el pasado lunes. En medio de las críticas, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, escribió el jueves una carta a los alcaldes de Madrid y Rivas, a la presidenta de la Comunidad y al delegado del Gobierno. En la misiva insiste “de manera rotunda” en que la empresa “nunca ha cortado el suministro (…) ni ha instalado limitadores de potencia”, como denuncian los vecinos. Reynés afirma que lo que hay en la Cañada son “instalaciones ilegales” y se ofrece a mantener una reunión “de carácter urgente” para abordar el problema. El sector cinco y el seis acogen a más de la mitad de los aproximadamente 7.500 habitantes de la Cañada, de los que en torno a un tercio son menores. Estas eran las cifras oficiales del censo del año 2017, cuando las tres administraciones firmaron el pacto con el que se comprometían, entre otras medidas, a garantizar un suministro eléctrico digno a los vecinos. A la vista de lo ocurrido, eso no es así. En estos cuatro años el número de habitantes en el que está considerado como el mayor asentamiento irregular de Europa, con una quincena de kilómetros de largo, no ha dejado de crecer.

Desde que a primeros del pasado mes de octubre el sector seis de la Cañada Real Galiana se quedó sin luz, las reuniones se suceden entre los tres ayuntamientos por los que pasa esta vía pecuaria (Madrid, Rivas Vaciamadrid y Coslada), la Comunidad y la Delegación del Gobierno. A la búsqueda de una solución se une, además de Naturgy, los actores sociales implicados en la vida de la Cañada, como Cruz Roja, Caritas o la parroquia Santo Domingo de la Calzada. Los gobiernos de la capital y la región, en manos de PP y Ciudadanos y responsables de la parcela social y urbanística, no dejan de mostrar sus diferencias con la administración central, en manos de PSOE y Podemos, a la que corresponde la labor del control de la seguridad y los problemas relacionados con los cultivos de marihuana. La policía ha llevado a cabo desde octubre varias operaciones antidroga en la Cañada. Mientras, la oposición madrileña presiona para que los políticos pasen de las reuniones y las declaraciones a los hechos. El de la luz es solo una de las carencias, ahora mismo la más urgente, de un problema que se ha ido enquistado en el último medio siglo.