Educación otorga la licitación para construir centros públicos a una empresa con retrasos y abandonos previos

La operación resulta sencilla. Sale una licitación a concurso para construir o ampliar centros de educación públicos en Madrid. Varias empresas hacen sus ofertas. Una de ellas presenta una a la baja, exactamente un 20% menos. En ese momento se acaba el debate. Le ley de contratos estipula que el precio ofertado contará un 60% en el baremo final. Adjudicado. La empresa Proforma gana no solo uno, ni dos, ni tres, sino cuatro construcciones, la de cuatro centros educativos públicos de la región. Las alarmas entonces saltan para algunos padres: esa empresa es la misma que ha dejado a medias otros centros, el último, uno que lleva más de un año a medio terminar. La Comunidad, que adjudica los contratos, se lava las manos: la ley no le permite excluir a ninguna empresa de un concurso. Y la Plataforma centros Públicos Ya! pone el grito en el cielo. ¿Cómo es posible que vuelva a pasar y nadie haga nada?

Proforma se encargará de ejecutar las obras de los institutos Malala y Antonio Machado en Madrid capital y los del instituto de Alpedrete y el colegio Blas de Lezo en Parla. En todas las adjudicaciones, su oferta ha sido de un 20% por debajo del precio inicial de licitación y ese ha sido el criterio de más peso para otorgarle el contrato. “La Comunidad de Madrid realiza las adjudicaciones de acuerdo con lo que prevé la ley de contratos y de acuerdo con esto, la empresa Proforma es la que ha aportado la oferta más ventajosa”, explica un portavoz del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que no ha tenido en cuenta los problemas que arrastran otros centros cuyas obras también se adjudicaron a esta empresa. Ejemplos no faltan: en el instituto Villablanca, de Vicálvaro, los retrasos han obligado a 120 alumnos a dar clase en la biblioteca, el laboratorio, un gimnasio o incluso el huerto. De cara al próximo curso, con las normas higiénicas implantadas por la crisis de la covid-19, la situación se torna especialmente preocupante porque no hay otro centro público para las familias que quieran optar por este tipo de educación.

La Plataforma Centros Públicos Ya, conformada por más de un centenar de asociaciones de madres y padres de alumnado de la Comunidad de Madrid, ha decidido ir más allá y denuncia que el gobierno regional otorgue la adjudicación a esta empresa. La respuesta de la administración se ciñe a criterios puramente legales, es decir, que sigue un acto reglado en el que “no cabe discrecionalidad”. Se lleva a cabo una baremación de acuerdo con las puntuaciones que establecen los pliegos de condiciones técnicas y administrativas “y, en este sentido”, insiste la administración, “Proforma es la que ha llevado a cabo la oferta más ventajosa”. El segundo criterio a tener en cuenta cuando se otorga una licitación es el referente al calendario, las fechas de entrega, los recursos utilizados… y cuenta un 40% en la baremación final. La parte económica siempre gana.

Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones S.L., que no ha respondido a las llamadas de este periódico, además de haber ganado el concurso de los cuatro centros públicos, está concursando en estos momentos en otras dos licitaciones de construcción, la de la sección del IES Aldebarán de Alcobendas (para terminar seis aulas de ESO, un gimnasio y aulas específicas) y la del IES Antonio Fraguas Forges de Madrid (ocho aulas de ESO, tres aulas específicas, gimnasio y pista deportiva).

“¿Alguien entiende que una empresa con retrasos o abandonos de obras siga optando a concurso para otras construcciones y el gobierno se lo dé?”, pregunta Fernando Mardones, uno de los portavoces de la plataforma. Los padres denuncian la incongruencia de la propia Comunidad de Madrid, que a través de la propia Dirección general de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación ha requerido a esta empresa, “hace escasamente dos semanas”, en los procedimientos de contratación de ambos centros, como licitador incurso en “presunta baja temeraria”.

De hecho, el instituto Malala Yousafzai de Las Tablas sufrió la misma circunstancia en la construcción de su primera fase: “baja temeraria (alrededor del 30%) y abandono posterior de obra por la empresa adjudicataria”. Las familias quieren evitar que esas situaciones vuelvan a repetirse y demandan a la Comunidad de Madrid que las adjudicaciones no caigan en las mismas empresas y se controle las ofertas a la baja que presentan.

Ana Domínguez, portavoz también de la Plataforma, apunta a otro dato: lo barato sale caro. “Estas adjudicaciones nos hacen dudar de la calidad de la ejecución de cada una de las obras, más aún cuando va a ser la misma empresa, a precios tan bajos, la que simultáneamente realice otras tantas”. Esta situación ha puesto en alerta a las familias de la Plataforma quienes ven en esta política de adjudicación un enorme riesgo para la construcción, con las mínimas garantías, de los centros afectados. “Nos estamos encontrando con unas bajas, presuntamente temerarias que, en anteriores situaciones, aun siendo denunciadas por nuestra Plataforma, no fueron atendidas y generaron abandonos de obra y retrasos injustificados en sus respectivas entregas. Justamente, uno de los centros afectados por la situación actual”, recuerda Mardones. Se refiere a la situación de hasta 18 centros públicos que nunca vieron finalizadas las obras de construcción de los edificios por las empresas adjudicatarias, como el IES Francisca de Pedraza (Alcalá de Henares), el CEIP Averroes (Arroyomolinos), el IES Gonzalo Chacón (Arroyomolinos) o el CEIP William Shakespeare (Coslada), entre otros. No todas estas obras sin finalizar corresponden a la misma empresa, aunque en todos esos casos sí ganaron el concurso aquellas cuya oferta resultaba más económica. Algunas de esas obras siguen paradas.

El negocio es evidente. La administración ahorra en gastos y la empresa gana un dinero por un trabajo que en ocasiones ni termina. “Algún día veremos si hay trato de favor y por qué”, desliza Mardones.

En 2020, en el portal de contratación de la Comunidad de Madrid, solo aparecen catorce actuaciones sobre infraestructuras educativas –de las que sólo hay seis ejecuciones de obra adjudicadas–, lo que, según los portavoces de la plataforma, “evidencia la enorme necesidad de una mayor inversión en este capítulo presupuestario”.

“No cabe excluir a ninguna empresa de un procedimiento de licitación sino de acuerdo con los casos tasados que prevé la Ley de contratos”, insiste el portavoz de la Comunidad. La ley, es cierto, impide ese precepto. Pero los padres alertan para que este gobierno no rompa con la premisa que fijó la administración de Cristina Cifuentes: que el criterio económico no fuera el único a tener en cuenta en estas adjudicaciones. Por ahora no se cumple.