El marisqueo en Galicia, al límite a las puertas de Navidad: “No es un descenso puntual, es una debacle anunciada”

El marisqueo muestra en Galicia sus peores datos en dos décadas y signos de agotamiento. El descenso de la producción de almeja y berberecho, las dos especies con mayor peso económico en el sector, es imparable. Los mariscadores exigen un cambio del modelo productivo y medidas para incentivar una profesión que ha perdido la mitad de la mano de obra. A los preocupantes efectos del cambio climático y la falta de soluciones que los trabajadores del mar reclaman desde hace años a la Xunta, se ha unido ahora una cadena de borrascas que no da tregua. A las puertas de la Navidad, la mortandad y el paro de la actividad en arenales y lonjas han puesto a las cofradías al límite. El Gobierno gallego estudia pedir al Gobierno central la declaración de zona catastrófica.

El sector ha puesto sobre la mesa las cifras que muestran el desplome de las capturas, que ya es un problema generalizado en toda la costa gallega. En la provincia de Pontevedra, la principal productora, la mortandad del berberecho supera el 95% y, en el caso de la almeja japónica, la caída es del 75%. Afecta a más de 3.000 familias que viven directamente del marisqueo, según la cofradía de Lourizán (Pontevedra). “La situación es desesperada y ya no nos preocupan tanto las pérdidas en esta campaña de Navidad sino el próximo año y futuro del sector extractivo”, ha lamentado la patrona mayor de esta cooperativa de mariscadores, Mari Carmen Vázquez.

En la ría de Arousa, representantes del sector han constatado que, respecto a la media de extracciones de los últimos 20 años, el berberecho cayó en sus arenales un 76%; un 64%, la almeja rubia; el 67%, la almeja fina; y el 74,3%, la almeja babosa. “No estamos ante un descenso puntual de capturas, sino ante una debacle progresiva y anunciada hace ya una década, con una Administración sin iniciativas y que no aborda los problemas de fondo”, afirma el biólogo Xaquín Rubido, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa (PDRA).

El consejero del Mar, Alfonso Villares (PP), intenta tranquilizar al sector. El titular de Mar ha confirmado que su departamento está elaborando los informes técnicos preceptivos para solicitar al Gobierno central una declaración de emergencia para las zonas afectadas por la alta mortandad de moluscos en los bancos marisqueros de las rías de Pontevedra, Arousa y Vigo. Villares, que en julio pasado sucedió a Rosa Quintana tras 24 años en el cargo, explica que una vez analizados los datos pluviométricos, de salinidad y producción se planteará la vía de zona catastrófica, una demanda trasladada al Consejo Gallego de Pesca por la Federación Provincial de Cofradías ante la situación “excepcional” que atraviesa el sector.

“Esta declaración de zona catastrófica evitará que mucha gente quede sin ayudas económicas, por lo que esta vía cubriría las necesidades de todos los mariscadores para que nadie quede fuera”, sostiene Villares. El consejero cree que el marisco se ha visto muy afectado por las altas temperaturas que alcanzó este año el agua en las rías y por el exceso de agua dulce que llegó a los bancos durante los temporales de octubre y noviembre.

“Esto es angustioso para el mariscador, un autónomo que se queda sin recursos, no sabemos adónde nos va a llevar esta situación, porque mucha gente se plantea dejar el marisqueo para poder vivir de otra profesión”, advierte Mari Carmen Vázquez. La patrona mayor alerta de la entrada en el mercado gallego de marisco foráneo, como el berberecho de Holanda, la almeja japónica que procede de Francia, Italia o Portugal, incluso ahora la almeja fina que viene de Marruecos.

“La crudeza de los datos no se puede maquillar con eventos meteorológicos o climáticos para eludir responsabilidades, porque la Xunta no asume sus competencias ni toma medidas para arreglar esta debacle”, denuncian los integrantes de la plataforma en defensa de la ría de Arousa, en la que también están representadas cofradías del norte de la ensenada, ya en la provincia de A Coruña. Ponen el foco en la falta de estímulos para los trabajadores del sector, que están abandonando la profesión que han ido heredando varias generaciones.

Los mariscadores piden también más control en los focos contaminantes de las industrias o vertidos en las playas donde desembocan los ríos. “Para la Administración hay dos varas de medir: te olvidas el raño en la lancha y es una falta grave, pero si contaminas con un emisario directo al mar o en paralelo, que no pasa por la depuradora, es una falta leve”, lamentan.

Los bivalvos están debilitados y sufren una mayor mortandad por los factores contaminantes, transmisión de patógenos y bajadas bruscas de la salinidad del agua. “Es una tormenta perfecta y, por desgracia, ante esta realidad tan compleja, la Xunta hace un diagnóstico simplista de mucha lluvia, altas temperaturas o cambio climático para justificarse delante de la opinión pública, pero sin actuar y aplazando normativas más firmes que sancionen a las empresas que contaminan el marisco”, añade Rubido.

La mitad de licencias que hace 20 años

Los productores de las rías de Arousa y Muros-Noia ven un desmantelamiento progresivo del sector marisquero. Creen que la principal evidencia es la caída del número de permisos de explotación para mariscadores a pie a prácticamente la mitad. En 2001, había en Galicia 6.551 licencias, cifra que descendió a 3.614 en 2022. “De seguir por este camino, las mariscadoras y marineros van a buscar trabajo en tierra”, auguran. A su juicio se están dando las premisas para favorecer el desmantelamiento del modelo productivo tradicional de las rías y temen un trasvase a la acuicultura industrial: “Pasaríamos del modelo tradicional familiar de autónomas y pequeñas empresas a ser asalariados de multinacionales”.

El sector reclama un plan para regenerar los bancos marisqueros afectados que sea ejecutado “no por empresas foráneas” sino por los mariscadores y marineros que “por las actuales circunstancias están en paro biológico o cese de actividad”. Hasta ahora, cuando se decreta un cese de actividad por fuerza mayor, las personas afectadas pueden solicitar una prestación al Instituto Social de la Marina (ISM), dependiente del Gobierno central, pero se exigen 12 meses continuados de cotización previa. El sector cree que ahora mismo es difícil que los trabajadores del mar cumplan ese requisito, por lo que piden que se rebaje el plazo o se amplíe el periodo de años del cómputo.

La otra alternativa para gestionar ayudas es financiar una parada temporal de la actividad a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA), pero el requisito en este caso es haber acumulado 120 días de actividad extractiva con ventas. Tampoco es fácil de cumplir por parte del marisqueo a pie y a flote, advierten desde el sector, que critica que esa exigencia no se ajusta a la realidad de esta actividad. “Es difícil de entender que estando el sector en crisis, la partida de ayudas de los presupuestos del próximo año se rebajen respecto al anterior, y que no haya un estudio independiente y multidisciplinar para saber a qué nos enfrentamos”, lamenta Rubido.