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Galicia destapa una gran estafa de cursos de formación en pandemia, con un centenar de afectados en 14 provincias

El centro Vive Formación de Vigo matriculó a alumnos cuando estaba al borde de la quiebra. Tras pagar hasta 3.000 euros, algunos no llegaron a empezar el curso y otros no lo terminaron o descubrieron que no estaba homologado

Alberto Seijas y Víctor Couso, afectados por la presunta estafa, ante el Ayuntamiento de Vigo donde trabajan.
Alberto Seijas y Víctor Couso, afectados por la presunta estafa, ante el Ayuntamiento de Vigo donde trabajan.ÓSCAR CORRAL

En plena pandemia y al borde de la quiebra, la academia Vive Formación, con sede central en Vigo, formalizó hasta 222 cursos de formación para FP, preparación de oposiciones y otras especialidades sin tener ninguna acreditación académica por parte de las autoridades educativas. De la noche a la mañana, la empresa dejó sin título a 101 alumnos que la han denunciado por estafa en 14 provincias de seis comunidades autónomas (Galicia, Madrid, Baleares, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña), aunque los investigadores creen que el número de damnificados podría ser mucho mayor. Las víctimas consultadas critican que la academia investigada pudo actuar “sin ningún control”: “Por querer estudiar hemos sido víctimas de fallos del sistema”.

El juzgado número 4 de Vigo comenzó a acumular querellas contra la academia en julio pasado, todas coincidentes con un supuesto fraude en cursos de larga duración (uno o dos años) por los que los alumnos pagaron entre 1.395 euros a 3.000, según los casos, sin que hayan podido lograr sus objetivos académicos. En el punto de mira de la investigación se encuentran los cinco socios administradores de la mercantil Educación y Desarrollo Consultores, SL que, según el atestado de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF), en enero del año pasado ya se encontraba en una situación de crisis financiera y a punto de quebrar.

Víctor Couso y Alberto Seijas son dos de las víctimas. Tienen la misma edad, 36 años, y trabajan en el servicio de control de plagas del Ayuntamiento de Vigo. Ambos necesitaban un certificado de profesionalidad para opositar a una plaza fija de nivel 2, en el caso de Couso, y subir al rango de capataz como supervisor de gestión de nivel 3, en el caso de Seijas. En diciembre de 2020, en plena pandemia, contactaron con el centro Vive Formación para informarse de la diplomatura que ofrecía la academia. Desde el principio plantearon a la academia que les era indispensable obtener el certificado con la homologación de la Xunta. Cuentan que la supervisora así se lo garantizó, por lo que formalizaron el contrato y abonaron 1.395 euros cada uno.

Después de estar cinco horas diarias conectados online de lunes a viernes durante tres meses, y asistir también de forma presencial a las clases con mucha flexibilidad de horarios, Víctor y Alberto superaron con sobresaliente la formación y recogieron sus diplomas el 5 de abril de 2021. Antes de optar por Vive Formación, “habíamos mirado en Internet y solo encontramos un centro especializado en Madrid, bastante más caro, así que cuando vimos que este centro tenía la acreditación para poder hacer el curso, pensamos que habíamos tenido mucha suerte”, comenta Couso. “Quedaba cerca de casa, yo tenía un hijo recién nacido, y nos ahorrábamos bastante dinero para el sueldo que tenemos. Pero todo era un cuento y acabé sacando la titulación en Madrid”, se lamenta.

“Fue un completo engaño. En la Xunta nos dijeron que ni conocían la academia ni podían homologar el diploma, y esto nos hizo mucho daño, la situación fue muy dura”, relata Seijas. “Nuestros trabajos estaban por encima de todo, y aunque el dinero no nos sobra, yo tuve que irme a Santander, viajando con mi coche tres días a la semana”, recuerda. Seijas asegura que cuando fueron a denunciar en Consumo, les dijeron que la culpa era suya por haberse fiado: “Ahora solo queremos que funcione la justicia y nos devuelvan el dinero”.

La instrucción judicial describe tres grupos de alumnos a los que la academia dejó tirados y sin posibilidad de recuperar el dinero que pagaron. En uno de ellos están los clientes que contrataron un curso pero no llegaron a terminarlo porque la empresa se esfumó; otros que ni si quiera lo iniciaron; y en un tercer supuesto aparecen los alumnos que obtuvieron el diploma de la academia pero se quedaron sin título al no estar homologado por las administraciones autonómicas.

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El volumen de la estafa supera los 300.000 euros, una cuantía que podría aumentar, ya que el juzgado de Vigo acaba de inhibirse del caso a favor de la Audiencia Nacional para centralizar todas las denuncias. El juez esgrime en el auto el perjuicio económico causado a los afectados y la necesidad de garantizar la agilidad de la causa. “Si Madrid acepta la competencia del asunto, y se acuerde la acumulación de todos los procedimientos en uno, suponemos que van a aflorar más denuncias, ya que la mercantil contaba con más academias en otros territorios y las supuestas estafas se cometieron en al menos 27 localidades”, indican fuentes de la investigación.

El juez instructor, Juan Carlos Carballal, dirige sus pesquisas a clarificar “cuándo empieza la quiebra [de la empresa] y cuál fue el volumen de contratación que se realizó a pesar de ser conocedores de que no se iba a cumplir la contraprestación”. No descarta que el modelo de negocio de la mercantil respondiera a un esquema piramidal fraudulento. Con la empresa en situación económica crítica, los responsables de la academia “siguieron comprometiéndose a impartir y acreditar cursos de larga duración a sabiendas de que no iban a poder cumplir con sus obligaciones de formación”, señala en un auto. Según la investigación, cobraron dinero a los clientes y nunca lo reintegraron. En febrero de 2022, la empresa dejó de abonar las nóminas de los trabajadores y la renta del local en Vigo, según la Fiscalía. Los afectados que han comparecido ante la Policía Nacional o ante Consumo articulan quejas similares, por eso se ha acordado acumular los procedimientos.

Cierre repentino

La empresa acaba de presentar concurso de acreedores para acreditar su insolvencia económica, según adelantó el despacho de Vigo Logo Abogados que defiende a varios afectados. De la información remitida por el Registro Mercantil de Pontevedra, se deduce que uno de los socios habría solicitado el nombramiento de un auditor externo con el fin de revisar las cuentas anuales de 2021. La investigación también recoge los datos facilitados por la financiera Sequra Worldwide que confirman que, entre enero y abril de 2022, la academia contrató 222 cursos por los que ingresó un montante de 306.954 euros. “Pese a la crisis inminente nunca se advirtió de esa situación a los alumnos, ni a los antiguos ni, mucho menos, a los nuevos”, concluye.

Educación y Desarrollo Consultores abrió academias en distintas comunidades autónomas, aunque las pesquisas no han logrado aclarar cuántas sedes exactamente. En ellas se daban clases presenciales y se formalizaban los contratos de formación. El cierre de estos centros se produjo de forma repentina para los alumnos. Se alegaba que era por “enfermedad de la profesora”, “el contagio por covid”, “las vacaciones de Semana Santa” o “motivos técnicos”. Su página web quedó inoperativa y los docentes abandonaron sus tutorías, tanto por teléfono como por correo electrónico, a partir de abril de 2022.

Un año después del cierre de la academia, cuando realmente se comprobó que nunca llegó a tener acreditación del Ministerio de Educación o de Trabajo para operar, su web sigue abierta con un número de teléfono móvil de contacto que ya no está operativo. Vive Formación se sigue publicitando como un campus con “características ajustadas a cada alumno/a, combinando metodologías de enseñanza programada y de trabajo autónomo”, además de ofrecer “asesoramiento especializado en un entorno de aprendizaje activo, próximo y colaborativo”.

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