El Tribunal de Cuentas reclama a los partidos rigor y transparencia para sus gastos sobre el 23-J

El Tribunal de Cuentas ha instado a las fuerzas políticas a que apliquen el mayor rigor y transparencia a los gastos que efectúen en la campaña de las generales del 23-J. El tribunal ha llevado a cabo este jueves un pleno en el que ha aprobado una instrucción, que se hará pública a lo largo de los próximos días, en la que va a especificar el alcance y los requisitos de la documentación contable y justificativa que ha de remitirse a este órgano fiscalizador para cumplir la normativa electoral en materia de control del gasto. La instrucción advierte de las posibles infracciones y sanciones en que podrían incurrir los partidos políticos por la superación de determinados límites en los fondos que empleen para la campaña.

La normativa aprobada por el pleno implica que los partidos políticos han de presentar una memoria de los actos y mítines celebrados en la campaña electoral y otra, explicativa de los gastos por envíos de propaganda electoral. Entre los contenidos que deberán suministrar al órgano fiscalizador, tendrán que informar de los elementos incluidos en los sobres que contengan los envíos. También deberán aportar los datos relativos a las empresas encargadas de la confección y distribución, la relación de las facturas justificativas de dichos gastos, así como el destino de los envíos por circunscripciones.

La instrucción también prevé el plazo en que deberá proporcionarse la información requerida. Las formaciones políticas tendrán que presentar su contabilidad electoral al Tribunal de Cuentas desde el día 100 al 125 tras la celebración de las elecciones. Por tanto, el plazo de presentación se extenderá desde el 31 de octubre al 25 de noviembre de 2023.

El Tribunal de Cuentas ha dado a conocer un comunicado sobre la futura fiscalización de los gastos electorales, en el que especifica que “la remisión de las contabilidades se realizará a través de la sede electrónica de la institución”, y explica que este procedimiento “fue puesto en marcha con éxito en la presentación de las contabilidades de las elecciones del año 2019 y contribuyó a la mejora de la eficiencia en el control de los ingresos y gastos electorales”. El Tribunal facilitará, también a través de su sede electrónica, unas plantillas y modelos para que los partidos políticos los cumplimenten de forma “obligatoria”.

El órgano fiscalizador también ha subrayado la importancia de los recursos que se van a movilizar para la campaña electoral del 23-J. Así, el Tribunal de Cuentas explica que para las elecciones generales se prevé la una “movilización” relevante de fondos públicos, y cita como ejemplo “el precedente anterior”, en referencia a las elecciones generales de abril de 2019, para cuya campaña “se realizaron gastos electorales por un total de 60 millones de euros”.

El control de los gastos para las campañas electorales sigue, sin embargo, sin ser una cuestión pacífica. Hoy mismo ha vuelto a ponerse de manifiesto en el pleno del Tribunal de Cuentas. En esta reunión se ha acordado inadmitir un recurso del PP contra las instrucciones que a su vez fueron aprobadas con ocasión de la última campaña electoral. En ellas se establecían determinados criterios para la fiscalización de los gastos que a la dirección popular le parecieron excesivamente minuciosos. El recurso no se ha admitido porque se ha considerado que la elaboración y exposición de criterios para el control del gasto no puede ser objeto de impugnación, al no tratarse de un texto normativo.

El Tribunal de Cuentas ha entendido que el PP, o cualquier otro partido, tiene otras vías de recurso si discrepa de una resolución, pero no de una instrucción que, por así decir, anticipa a los partidos qué pautas va a seguir el órgano fiscalizador para controlar sus gastos. De hecho, las instrucciones previas a las campañas empezaron a proporcionarse precisamente para que los partidos tuvieran más claro los criterios que iba a aplicar el Tribunal de Cuentas cuando tuviera que repasar y aprobar contabilidades.

En cierto modo, se trataba de un sistema para hacer más fácil el trabajo de los partidos, y que no se sorprendieran si el órgano fiscalizador ponía luego inconvenientes sobre determinados gastos. Pero visto que no todos quieren ser advertidos, porque les parece que de este modo se establecen restricciones apriorísticas, el Tribunal de Cuentas decidió este jueves que no va a exponer en su instrucción para la campaña del 23-J qué criterios utilizará cuando revise las cuentas y documentación aportada por los partidos. La relevancia de que determinados gastos se consideren justificados o no y si se cumplen los límites de gasto que deben observarse en las campañas electorales, reside en que esa valoración puede suponer que las subvenciones o reembolsos a los que cada partido aspire se reciban o no.