En el distrito de la Libertad, en Melilla, uno de los fundamentos básicos de la democracia está amenazado: el derecho al voto. Porque en la ciudad autónoma el derecho al sufragio se compra y se roba, y hasta se extorsiona a su costa. Por las calles del barrio va de aquí para allá, en motocicleta, el cartero que tiene que entregar la documentación necesaria para ejercer el voto por correo. Su sombra es un agente de la Policía Nacional, también en motocicleta, que no le pierde de vista ni un segundo. La escena transcurre en la tarde de este jueves, la primera jornada sin asaltos a los funcionarios de Correos, después de cinco ataques violentos a otros repartidores en los días previos. Unos sucesos que llevaron a la Delegación de Gobierno a reforzar la seguridad con agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local para que todo cartero fuera escoltado.

Según las investigaciones de la Policía Nacional, los principales sospechosos de robar más de 80 envíos del voto por correo son delincuentes de poca monta. En Melilla, la compra de sufragios se repite con cada proceso electoral a través de redes piramidales lideradas por cargos políticos que encargan a otros hacerse con los votos de los censados. Esos segundos intermediarios trasladan la orden a terceros y, de ahí, al último estrato, integrado por delincuentes comunes que contactan directamente con los vecinos y realizan el trabajo sucio. El dinero corre entre las estructuras mientras la responsabilidad se diluye.

EL PAÍS ha accedido a un audio de WhatsApp incluido en las investigaciones que refleja los ofrecimientos que los delincuentes hacen a los melillenses para pagar por su voto: “¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal la familia? Si tú, tu mujer, tu familia, tal... quieren votar, tráeme los votos, que yo te los compro todos”, se escucha en la grabación, que las fuerzas de seguridad recibieron hace dos semanas.

El sistema que más garantiza que se vote por el partido que promueve el fraude es el del voto por vía postal. El ciudadano recibe la documentación para votar de manos del cartero por correo certificado, pero cualquier persona puede entregar luego en la oficina su sobre, incluso varios. En Melilla son numerosas las ocasiones en que un vecino ha acudido a entregar decenas de sobres de una tacada. También viajan hasta ciudades como Málaga para ir a una oficina distinta y no levantar así sospechas, pues la policía investiga este fraude electoral desde hace años. Así que la Guardia Civil ha iniciado a su vez una campaña de control ante las elecciones del 28 de mayo para revisar los equipajes de quienes salgan de Melilla por el puerto o el aeropuerto. “Sin elecciones limpias, todo lo demás es mentira”, lamentan fuentes policiales.

Los principales objetivos de las redes para captar y pagar por sus votos son las familias vulnerables y los jóvenes. La urbe autónoma registra además un extraordinario número de solicitudes por correo: 7.851 hasta este viernes, lo que supone el 14,23% de todos los sufragios. Mientras que Ceuta se queda en un 2,33% y la media española es de 2,13%, según datos del Ministerio del Interior. En Melilla, con un sistema de gobierno que comparte características de un ayuntamiento y un parlamento autónomo, se reparten 25 asientos en la Asamblea. Para conseguir un escaño se necesitan en torno a 1.000 votos, por lo que más de siete diputados se repartirán participando desde casa. Unos datos que se pueden incrementar, pues el voto por correo puede solicitarse hasta el 18 de mayo.

El presidente de Melilla, Eduardo de Castro, concurrió a las elecciones en 2019 por Ciudadanos; logró solo un escaño, pero gobierna en coalición con el PSOE y Coalición por Melilla —partido localista con influencia sobre la población musulmana—, tras desbancar a Juan José Imbroda (PP). Las encuestas sitúan ahora en cabeza a PP y Coalición por Melilla, separadas por un estrechísimo margen. Con algo más de 85.000 habitantes, el Ejecutivo de la ciudad autónoma maneja un presupuesto anual de hasta 350 millones de euros.

Votos entre 50 y 150 euros

Por un voto se suele pagar entre 50 y 150 euros. Pero no solo se ofrece dinero líquido. También hay promesas sobre licitaciones, ayudas o subvenciones valiéndose de la situación de preeminencia en el cargo, en caso de salir elegidos, según las pesquisas policiales. Los investigadores señalan además que en ocasiones se llega incluso a “amenazar” a quienes no se suban al carro. Y se atemoriza a quienes delaten los hechos. Los más de 80 votos robados esta semana están controlados y no podrán utilizarse. Según los primeros indicios, los delincuentes habrían actuado a espaldas de sus superiores para conseguir más votos con un solo golpe.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se pronunció este viernes, desde Lisboa, sobre estos sucesos. Si se confirman, puntualizó, “se trataría de unos hechos de máxima gravedad”. “Poner en tela de juicio la probidad del voto es también cuestionar la democracia”, destacó, informa Tereixa Constenla. Por su parte, el candidato del PP, Juan José Imbroda, acusó en Onda Cero directamente a Coalición por Melilla y al Partido Socialista de haber “prostituido” el voto por correo y aseguró que, “si no existiera esta picaresca del voto por correo comprado”, el PP arrasaría en las urnas. Dunia Almansouri, candidata de Coalición por Melilla, afirma: “Es aberrante el alto número de votos por correo”, y pide que se anulen.

En la ciudad, estás prácticas llevan instauradas desde tiempo atrás. El presidente de Coalición por Melilla, Mustafa Aberchán, y al ex secretario general del PSOE de Melilla, Dionisio Muñoz Pérez, fueron sentenciados como culpables de la compra de votos hace años. Hassan Driss, exviceconsejero del PP, y Javier Lence, gerente de los populares, fueron juzgados y absueltos. Y el hijo de Imbroda fue grabado supuestamente cometiendo este delito.

Estas mafias instauradas en Melilla captan principalmente los votos de familias de rentas bajas, aunque en esta campaña se ha sumado a los jóvenes como objetivo prioritario. En la oficina de Correos, eran muchos jóvenes los que precisamente acudían este jueves a solicitar el voto por correo, mientras los agentes de Policía Nacional vigilaban el acceso al local. Junto a ellos, una mujer tomaba vídeos con el móvil. “Se lo estoy grabando a mi hija para que vea lo que pasa aquí y coja miedo. Me ha dicho que le han ofrecido dinero por su voto”, cuenta Sonia, que no quiere dar su apellido.

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