La Audiencia de Valencia retoma el juicio a Eduardo Zaplana, acusado de prevaricación, falsedad, cohecho y blanqueo

El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, se sienta de nuevo este jueves en el banquillo de los acusados de la Sección cuarta de la Audiencia de Valencia para ser juzgado por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, cohecho, organización criminal y blanqueo de capitales. Zaplana vuelve al juzgado después de que, el pasado 1 de febrero, la convalecencia de su abogado, intervenido quirúrgicamente, obligara a un aplazamiento. “Deseando que empiece”, ha dicho el exministro a la entrada en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

El juicio del llamado caso Erial comenzará así casi seis años después de que el dirigente del PP fuera detenido por su presunta participación en una trama para el cobro de comisiones ilegales tras la adjudicación de los parques de energía eólica y las estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV). La Fiscalía pide 19 años de prisión para el exministro de Aznar.

Las sesiones se han retomado este jueves, con las cuestiones previas en las que el abogado de Zaplana ha solicitado que el juicio se celebre en la Audiencia Nacional porque parte de los delitos que se van a juzgar se cometieron en el extranjero. La defensa de la exsecretaria de Zaplana, Mitsouko Henríquez, así como otras defensas, han secundado la petición. La Fiscalía se ha opuesto alegando que la competencia corresponde a la Audiencia de Valencia. “Es aquí donde se realizan las adjudicaciones y el principal delito, el de cohecho, se cometió en Valencia”, ha defendido el fiscal Anticorrupción. El presidente del tribunal ha decidido que es la Audiencia de Valencia la competente.

Según está previsto, la declaración de Zaplana será el martes 9 de abril. El juicio se prolongará, en principio, durante unos cinco meses. Además de Zaplana se sientan en el banquillo otras 14 personas, entre los que se encuentra su sucesor, el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas que, según la acusación, también se llevó mordidas de las concesionarias, el grupo empresarial de los hermanos Cotino.

Según la investigación, Eduardo Zaplana lideró una trama en la que implicó a personas de su entera confianza, para cobrar comisiones, blanquearlas y hacer regresar a España esos beneficios, según acusa Anticorrupción que eleva a 20,6 millones de euros el dinero que movió la organización. Para el retorno a España y procedente de paraísos fiscales, la red diseñó “una estructura societaria encargada de recoger los fondos delictivos y transformarlos a través de diferentes mecanismos que tienen por objetivo ocultar el origen de los mismos y su titularidad para introducir el metálico en el circuito financiero aprovechándose la organización de las ganancias ilegalmente obtenidas”, según la Fiscalía.

Una de las principales bazas de la acusación es el testimonio de Fernando Belhot, el abogado uruguayo que que se encargó de la “optimización fiscal” de los activos del entramado y que, según dijo, siempre supo que Zaplana, con el que se reunía varias veces al año, estaba detrás de la operativa. Belhot entregó 6,7 millones de euros a la oficina de recuperación de activos (ORGA) que, supuestamente, forman parte de los 20 millones que Anticorrupción cree que se recibieron fraudulentamente.