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Aragonès busca apoyos en precampaña para aprobar una inversión de 145 millones contra la sequía

El Govern espera poder convalidar su primer decreto ley tras fracasar en su intento de aprobar los presupuestos y convocar elecciones

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (izq.), y la vicepresidenta, Laura Vilagrà (der.), a su llegada a la reunión semanal del Gobierno catalán
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (izq.), y la vicepresidenta, Laura Vilagrà (der.), a su llegada a la reunión semanal del Gobierno catalánGianluca Battista
Camilo S. Baquero

El Ejecutivo de la Generalitat ha aprobado en su reunión de este martes un decreto ley de suplemento de crédito para atender las consecuencias de la sequía que hace 40 meses azota a la parte norte y central de Cataluña. Los 145 millones de euros necesarios solo se pueden movilizar gracias a este mecanismo, ante el escenario de prórroga presupuestaria. De hecho, fue el bloqueo para pactar las cuentas de 2024 la razón que esgrimió el president Pere Aragonès para justificar el adelanto de las elecciones y ahora el Govern se ve obligado a pedirle a la oposición que convalide la norma en la Diputación Permanente del Parlament, coincidiendo además con la precampaña electoral.

Antes de disolverse la Cámara, el Ejecutivo de Aragonès solo contaba con el apoyo de 33 de los 135 diputados y esa debilidad siempre ha sido explotada por la oposición en el juego parlamentario. Desde un principio cada votación implicaba un desgaste ante el PSC y Junts, pues aritméticamente el apoyo de uno de los dos grupos era necesario para poder ir aprobando no solo textos normativos sino también resoluciones y mociones. Con las elecciones catalanas del 15 de mayo en el horizonte, desgastar al Ejecutivo parece la opción que daría más réditos en campaña.

Fuentes del Palau esperan que la gravedad de la sequía no sea utilizada de manera electoralista y la oposición actúe con responsabilidad. Los Presupuestos contaban con los votos, además de ERC, del PSC, pero fue imposible que los comunes o Junts se avinieran a facilitar ni siquiera su tramitación. Esas voces recuerdan de la necesidad de poner en marcha medidas como la ampliación de la plata de tratamiento de agua potable del Besos (cuya obra asciende a 27 millones de euros) o garantizar el suministro mediante la llegada en barcos cisterna de agua potable o la instalación de desaladoras portátiles (30 millones). El último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió muestra la gran preocupación ciudadana por el tema: desde 2008, la falta de agua no lideraba la lista de problemas expresados por los encuestados.

El texto, que se tendrá que debatir en la Diputación Permanente de la Cámara, también incluye medidas en beneficio de los agricultores. Hace pocos días, ese sector amenazó con retomar las movilizaciones si, tras el adelanto electoral y el fracaso presupuestario, no se cumplían los acuerdos. En el órgano que capitanea la Cámara entre legislaturas, la correlación de fuerzas es diferente. PSC, ERC y Junts cuentan con seis sillas cada uno, y el resto de partidos tiene un representante por formación, para un total de 5. La mayoría está en 12. La mano tendida de los socialistas (ese pacto bastaría para convalidar el decreto) es un regalo envenenado para los republicanos en plena precampaña.

En el Govern no descartan que, para poder tener más recursos ante el escenario de prórroga, sean necesarios otros decretos similares. El temor ahí es que, a diferencia de la norma relativa a las medidas contra la sequía, la oposición se lance a intentar marcar perfil de cara a las elecciones.

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Camilo S. Baquero
Reportero de la sección de Nacional, con la política catalana en el punto de mira. Antes de aterrizar en Barcelona había trabajado en diario El Tiempo (Bogotá). Estudió Comunicación Social - Periodismo en la Universidad de Antioquia y es exalumno de la Escuela UAM-EL PAÍS.
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