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Dani Gallardo, el primer condenado por las protestas del ‘procés’ que debe ingresar en prisión

El joven, condenado a cuatro años de cárcel, pidió que se suspendiera su encarcelamiento por la tramitación de la ley de amnistía

Protesta celebrada en Madrid, el 19 de octubre de 2019, contra la sentencia del 'procés'
Protesta celebrada en Madrid, el 19 de octubre de 2019, contra la sentencia del 'procés'.NurPhoto (NurPhoto via Getty Images)
Jesús García Bueno

A Dani Gallardo se le acaba la vida en libertad. La Audiencia de Madrid le acaba de notificar que tiene tres días para ingresar de forma voluntaria en prisión para cumplir condena. Si no lo hace, será puesto en busca y captura. Gallardo fue condenado a cuatro años y medio de prisión por desórdenes públicos y atentado a la autoridad durante una protesta contra la sentencia del procés que se celebró en Madrid el 16 de octubre de 2019. El joven recurrió al Tribunal Supremo, que rebajó ligeramente la pena y le impuso una de cuatro años. Este lunes, agotado el recorrido judicial, el tribunal que le juzgó le ha comunicado que debe ingresar ya en la cárcel.

Gallardo, de 26 años, había solicitado, sin éxito, que se suspendiera su encarcelamiento por la tramitación de la ley de amnistía, de la que sería uno de los posibles beneficiarios, según han confirmado a EL PAÍS fuentes de su defensa. El joven se convertirá, previsiblemente, en el primer condenado por las protestas del procés que ingresa en prisión para cumplir condena, según han explicado a este diario fuentes que conocen el estado de esos procedimientos judiciales. La mayoría de ellos se han archivado o han acabado en absoluciones. Y, aunque se han impuesto también condenas, estas o son de escasa entidad o bien se encuentran recurridas en instancias judiciales superiores, precisan las mismas fuentes.

La condena, a penas de entre nueve y 13 años de cárcel, contra los líderes políticos y sociales del referéndum del 1-O provocó una oleada de protestas, algunas violentas, en las grandes ciudades de Cataluña. Esa movilización tuvo su eco en Madrid. El 16 de octubre de 2019, Gallardo —que estaba vinculado a movimientos antifascistas y anarquistas— y otra joven fueron detenidos entre un grupo de unas 80 personas que “portaban palos y adoquines” mientras avanzaban por las calles y provocaban desperfectos en el mobiliario urbano. La sentencia considera probado que el joven causó una “contusión en el hombro izquierdo” a un agente de Policía.

Tras su detención, Gallardo ingresó en prisión provisional, donde pasó más de un año antes de quedar en libertad. Durante el juicio, negó su participación en los hechos, pero los magistrados de la Audiencia de Madrid no le creyeron y, en diciembre de 2020, dictaron sentencia condenatoria. El joven recurrió, primero ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y más tarde ante el Tribunal Supremo, pero solo consiguió que el alto tribunal le rebajara la pena en seis meses al considerar que el delito de desórdenes públicos no debía ser en su modalidad agravada.

Durante todo este tiempo, Gallardo, que se trasladó a vivir a Montblanc (Tarragona), ha permanecido en libertad provisional a la espera de una sentencia que ya es firme. La Audiencia de Madrid había ordenado su ingreso en prisión para cumplir la pena impuesta, pero sus abogados presentaron un recurso con el argumento de que se estaba tramitando, por parte del Gobierno, una ley de amnistía de la que Gallardo podría ser uno de los beneficiarios. El texto, que se encuentra en fase de negociaciones entre Junts y el PSOE tras el voto en contra de los independentistas en el Congreso, prevé eximir de responsabilidad penal, entre otras, todas las acciones de protesta vinculadas con el procés. A los magistrados, sin embargo, la tramitación de ese perdón no les convenció y han ordenado ahora que Gallardo, sin más dilación y en tres días como máximo, ingrese de forma voluntaria en prisión. Si no lo hace, el tribunal dictará una orden de búsqueda y captura para ser trasladado a la cárcel.

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Sobre la firma

Jesús García Bueno
Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.
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