Gobierno y Generalitat se dan seis meses para pactar los estatutos del nuevo operador de Rodalies

El Gobierno y la Generalitat se han dado un margen de seis meses para elaborar los estatutos y pactar los órganos de gobierno de la operadora, compartida a medias, que se encargará de la gestión de algunas líneas del servicio de Rodalies de Renfe. Pese a ese horizonte temporal, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reclamado prudencia sobre las fechas límites. “Prometer plazos es casi siempre equivocarse”, ha señalado junto a la consejera catalana de Territorio, Ester Capella, tras la reunión que han mantenido los dos equipos negociadores, con ellos dos al frente, sobre el traspaso de Renfe este lunes.

Durante este año se llevarán a cabo los estudios para traspasar las líneas del Maresme (R1), Papiol-Hospitalet-Vic-Puigcerdà (R3) y Sant Vicenç de Calders-Barcelona (R2). Una vez hecho, se procederá a hacer el calendario para traspasarlas, priorizando la línea 1. En ese estudio se planteará el estudio de otras líneas susceptibles de traspasar y, de consensuarse su transferencia a la nueva operadora mixta, se marcaría un periodo de traspaso durante 2025.

Del documento sellado por ambas partes, el más específico y más próximo en el tiempo, es el que fija para este año el traspaso del déficit de explotación en el que incurrió la operadora Renfe el pasado año, y cuyo servicio depende de la Generalitat. El Gobierno catalán estima esa cifra en los 410 millones de euros. Asimismo se establece que en los Presupuestos Generales para este año se incluirá una partida pendiente de acordar para compensar a la Generalitat por gastos que ya ha tenido que abonar, como los planes alternativos de transporte derivados de obras o incidencias en el servicio de corto radio, y que en este caso, según también del Gobierno catalán, estarían 160 millones.

“Estamos materializando el acuerdo de transferencia de Rodalies”, ha señalado Capella, que ha visualizado una buena sintonía con Puente, y que ha reivindicado que la Generalitat “se siente capaz de asumir toda la responsabilidad y ejercer todas las competencias”. Ambos han aparecido ante los medios de comunicación sin haber facilitado el documento, alegando que lo querían compartir primero con los sindicatos, y respondiendo muy escuetamente a las preguntas. Más allá de la redacción de los estatutos, apenas han enumerado los seis grupos de trabajo que trabajarán en el traspaso: sobre el traspaso de la operadora, que ahora es Renfe; sobre servicios ferroviarios; sobre el seguimiento del Plan de Rodalies; sobre el traspaso de la infraestructura, que pasaría de manos de Adif a Ifercat; sobre asuntos económicos; y sobre otros asuntos jurídico-administrativos.

La parte laboral, la más polémica hasta ahora, está salvada de momento: es la laboral, que llegó a amenazar huelga por la desconfianza del personal de Renfe y Adif, que ven en el traspaso del servicio una puerta abierta a la pérdida de sus condiciones laborales. Ese punto lo tendrán que trabajar los técnicos encargados del grupo de trabajo para el traspaso de la operadora. Según el documento facilitado por ambas administraciones, la nueva operadora “dispondrá de un convenio de colaboración y cooperación con Renfe que asegure la movilidad laboral entre ambas y el mantenimiento de los derechos adquiridos”.

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