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Cataluña apura hasta la última gota antes de declarar la emergencia por sequía

El Govern de Pere Aragonès ha postergado desde noviembre el peor escenario por la crisis hídrica, que conllevará las restricciones más duras

Pantano de Sau, al 5% de su capacidad, con el embarcadero sobre tierra el 27 de enero.
Pantano de Sau, al 5% de su capacidad, con el embarcadero sobre tierra el 27 de enero.Albert García

Apurar al máximo los recursos hídricos. Esa ha sido la prioridad de la Generalitat para postergar sucesivamente desde el pasado noviembre la declaración del peor escenario del Plan Especial de Sequía, que afectará en cuestión de días a casi seis millones de personas de 202 municipios del área de influencia de Barcelona y algunas poblaciones de Girona. David Mascort, consejero de Acción Climática, explicó en la última rueda de prensa tras el Consell Executiu que la poca agua de los embalses de las cuencas internas, al 16,34% de su capacidad este martes, se habían estirado más de un año. “Hemos conseguido retrasar 14 meses la declaración de emergencia gracias al plan de 2020″, afirmó Mascort. Las restricciones tienen costes políticos, ciudadanos y afectan a la industria, el turismo o el sector primario. Hasta en cinco ocasiones el Govern ha barajado una fecha para la entrada en esta fase de emergencia.

La entrada en emergencia supone la aplicación de las medidas más restrictivas del protocolo y perjudicará, en gran medida, a los motores económicos de Cataluña, aunque sectores como la agricultura, la ganadería o la industria llevan tiempo sufriendo sus efectos. El pasado noviembre, los niveles de los embalses de las cuencas hidrográficas internas, al 18,85% de su capacidad, descendían a un ritmo vertiginoso y el Govern pretendía anticiparse a que la situación empeorara. Sin embargo, acabó activando la fase de preemergencia, un escenario que no estaba previsto en el Plan Especial de Sequía, para postergar a diciembre las restricciones más duras, aunque con la vista puesta en que las previsiones no eran nada buenas. “Nos ponemos en modo emergencia. Todos debemos hacer un esfuerzo extra”, señaló Mascort. El consumo doméstico se redujo entonces de 230 a 210 litros por habitante y día; el agrícola y el ganadero, al 40% y 50%, respectivamente; y se prohibió el uso de agua potable para limpieza de calles o vehículos, así como el llenado de piscinas de uso individual, entre otras medidas.

La siguiente fecha marcada en rojo era el 14 de diciembre. De nuevo, el veloz descenso de las reservas de los embalses hacían saltar las alarmas en plena campaña navideña. Envuelto en una polémica con el sector deportivo por pedir a la población que dejara de ducharse en los gimnasios para ahorrar agua, Mascort afirmó que las medidas más restrictivas llegarían a comienzos de año. “Ahora es una propuesta, en enero será obligatorio”, afirmó entonces el consejero de Acción Climática, que anticipó que esta sería una de las modificaciones que más tarde realizarían al Plan Especial de Sequía. El Govern anunció, además, la reducción de los caudales ecológicos de los ríos Llobregat, Ter y Muga.

Ya en enero, a pesar de haberlo sugerido a mediados de diciembre, la Generalitat miró esperanzada una dana (acrónimo de depresión aislada en niveles altos, es decir, un embolsamiento de aire en capas altas de la atmósfera) que pudiera ganar tiempo a la entrada en la emergencia. Sin embargo, las precipitaciones fueron menos importantes de lo previsto y las cuencas hidrográficas internas se mantuvieron en el 17% de su capacidad, al borde del umbral definido en el Plan Especial de Sequía. “Activaremos la emergencia cuando los embalses lleguen al 16%”, señaló Mascort en la rueda posterior al Consell Executiu del Govern de entonces. De la reunión que mantuvo a comienzos de mes el consejero de Acción Climática con los gestores de las instalaciones deportivas, tras el revuelo causado por el cierre de las duchas, trascendió a los medios que la Generalitat decretaría la emergencia el 1 de febrero. Era la cuarta vez que se anunciaba la entrada de las medidas más severas, que conllevan la reducción del consumo doméstico de 210 a 200 litros por habitante y día; la restricción del riego agrícola un 80%; un 50% la ganadería y un 25% el uso industrial, en una primera fase. Además, las actividades económicas que requieran un uso intensivo del agua no podrán ponerse en marcha hasta que se supere la fase. Aunque podrán continuar con los trámites legales.

El último giro de la Generalitat llegó el pasado jueves, cuando las reservas de los embalses de las cuencas hidrográficas internas estaban al 15,99%. El Govern aclaró que serían los niveles del sistema Ter-Llobregat, que nutre directamente a los 202 municipios del área de influencia de Barcelona y Girona, que se encontraban al 16,55%, quienes marcasen la declaración de emergencia, después de que Pere Aragonès afirmara, en una entrevista para Catalunya Radio, que la emergencia se activaría esta semana. Este martes, tras rebasar esta red el 16,34% de su capacidad, la Generalitat ha vuelto a señalar que será este jueves cuando se decreten las peores restricciones, aunque las medidas no se activarán hasta que aparezcan en el Diario Oficial de la Generalitat (DOG).

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