La UOC pide solucionar el “vacío legal” sobre su estatus por las barreras para acceder a financiación pública

¿La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) es pública o privada? Ni una cosa ni la otra, y las dos a la vez. Desde hace varios años que el campus vive en un limbo jurídico desde que la fundación que la gestiona pasó a tener una mayoría privada y la Generalitat cambió la normativa en cuanto a la definición de las fundaciones del sector público. Esto está comportando muchos quebraderos de cabeza al campus, especialmente a la hora de acceder, por ejemplo, a financiación pública. Hace un tiempo que la UOC y el Departamento de Universidades trabajan para solucionar este “vacío legal” y “dar un encaje jurídico” a la universidad. “Pedimos que se reconozca la singularidad de la UOC, se preserve el mandato público y la gestión privada”, sintetiza su rectora, Àngels Fitó.

La UOC fue creada por la Generalitat en 1995 con la intención de ofrecer estudios superiores a distancia en catalán. En colaboración con la Federación Catalana de Cajas de Ahorros, la Cambra de Comercio y la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, se constituyó la Fundación de la UOC -de carácter privada, pero sin ánimo de lucro, según su normativa- y un patronato en que la mayoría la tenía la Generalitat. Hasta 2014, con Andreu Mas-Colell al frente de Economía -departamento en el que se integraban las universidades-, cuando la Generalitat redujo su presencia en el patronato, que pasó a tener una mayoría privada. Actualmente, este organismo está presidido por el empresario Pere Vallès y formado por 11 personas, de las cuales seis son del sector privado y cinco de la Generalitat (entre ellos los consejeros de Universidades y Educación).

La particularidad de su naturaleza jurídica hace que la UOC se mueva entre dos aguas. En muchos aspectos, se comporta como una universidad pública más: sigue el mismo proceso a la hora de crear y autorizar la impartición de los grados, los importes de las matrículas están determinadas por el Govern vía decreto (aunque son unos dos euros por crédito más elevados que en las públicas), está sometida a un control público y una rendición de cuentas, forma parte de la ACUP (la asociación de las universidades públicas catalanas) y las compras se realizan vía licitación pública.

Pero en otros aspectos sigue el régimen de las privadas, principalmente por la mayoría en el patronato, por la forma de contratación del profesorado (como la de cualquier otra empresa; aquí el personal no es funcionario) y por la duración de los mandatos del rector/a, que es de siete años (cinco en la pública).

El problema surge en 2017, cuando la Ley de acompañamiento de los presupuestos cambia los criterios para que una fundación pueda ser considerada del sector público. “Es a partir de ese momento que se generan dudas sobre la naturaleza jurídica de la fundación y el régimen que hay que aplicarle”, detallan desde la universidad. Desde entonces, existe “un vacío legal”, tal y como reconoce la rectora, sobre el estatus de la universidad, y eso le comporta ciertos problemas. “El hecho de estar en este limbo implica que no podemos inscribir los estatutos, no podemos actualizar el contrato programa y estamos en una situación de debilidad ante las oportunidades de financiación pública”, resume Fitó. Sobre este último aspecto, la rectora abunda que no pueden optar a fondos europeos porque en los requisitos se pide que sea universidad pública y que se rija por el decreto público de precios. La UOC solo cumple la segunda condición.

Otro obstáculo es que no pueden acceder a los planes de mejora laboral de los profesores que se llevan a cabo en la pública: “Se están haciendo planes de estabilización de los profesores y de mejora de los salarios y nosotros no podemos hacerlo, cosa que nos puede crear dificultades a la hora de captar y retener talento en el futuro”, admite la rectora. Y añade: “Nosotros vamos a precio público [en las matrículas] y no podemos usarlo para actualizar los salarios, así que si hacemos una función pública, también se nos debería reconocer un mecanismo para actualizar sueldos”.

Pero al campus virtual se le suman otros inconvenientes, como el retraso en la firma del convenio programa, que establece el volumen de financiación pública durante cuatro años. El último caducó en 2018 y no se puede renovar, según el campus, hasta que se aclare la cuestión de la naturaleza jurídica del campus. Con todo, la universidad recibe anualmente una inyección de la Generalitat, pero en forma de subvención. Una aportación que ha ido perdiendo peso en el global de las cuentas de la UOC: en 2023, de los 160 millones de presupuesto, el 19% provenía de la Generalitat, cuando en 2015 suponía el 30%.

Otro obstáculo es que no pueden acceder a los planes de mejora laboral de los profesores que se llevan a cabo en la pública: “Se están haciendo planes de estabilización de los profesores y de mejora de los salarios y nosotros no podemos hacerlo, cosa que nos puede crear dificultades a la hora de captar y retener talento en el futuro”, admite la rectora. Y añade: “Nosotros vamos a precio público [en las matrículas] y no podemos usarlo para actualizar los salarios, así que si hacemos una función pública, también se nos debería reconocer un mecanismo para actualizar sueldos”.

Con todo, la UOC no se plantea cambiar su forma híbrida. “Pasar a pública o privada no beneficia a nadie”, sentencia Fitó. La rectora defiende que su carácter privado permite al campus adaptarse al nivel de demanda de forma más rápida que la pública. “Durante la pandemia creció la demanda un 20%, y la UOC puede crecer ese 20% en docentes”, ejemplifica. Pero no quieren convertirse en totalmente privada por su misión de “servicio público”, incide la rectora.

Lo que pide la universidad es una mejora de financiación, y pide a la Generalitat un modelo “que sea viable, proporcional y justo”. Traducido en cifras: “ahora el 20% del presupuesto viene del departamento; si fuera el 40% estaríamos muy contentos”, admite la rectora. Y es que en los últimos años, el campus ha visto, como le ha pasado al resto, aumentar los gastos por el encarecimiento de la factura energética y la reducción de ingresos por la disminución del precio de las matrículas. No obstante, como aspecto positivo, el número de alumnos va creciendo: unos 71.300 en el curso 2021-22 en grado y máster, unos 600 más que el año anterior, y muy superior a los 46.000 de hace una década.

Paralelamente, universidad y departamento continúan en conversaciones para dar solución a ese encaje jurídico. El consejero de Universidades, Joaquim Nadal, reconoció en noviembre en el Fórum Europa que su departamento se encuentra en “un callejón sin salida”. “Tenemos que encontrar una fórmula, pero todavía no sabemos cuál puede ser”, admitió.

La UVic renueva contrato programa

La otra universidad con un estatus particular es la Universidad de Vic, de carácter privado, pero con un patronato formado principalmente por alcaldes de la comarca de Osona, además de personal del campus. A diferencia de la UOC, la de Vic sí está catalogada como fundación del sector público y ha logrado firmar con la Generalitat el nuevo contrato programa, que le asegura una financiación de 13,5 millones (el 25% del presupuesto del campus) durante cuatro años, aunque la cifra puede aumentar en este periodo, según los Presupuestos de la Generalitat. El último convenio finalizó en 2018 y desde entonces, la inyección de financiación se hacía vía transferencia. El importe, que sirve principalmente para costear los gastos ordinarios, es el más alto de los recibidos hasta ahora, según un comunicado del campus. En el escrito, sus responsables celebraron poder contar con recursos estables y poder planificar inversiones. La misma reivindicación hacen los rectores de la pública, que hace tiempo que exigen tener un contrato programa para inversiones.

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