El juez de la trama rusa del ‘procés’ añade incertidumbre a la amnistía de Puigdemont

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha prorrogado seis meses la instrucción de la trama rusa del procés, que implica, entre otros, al exresponsable de relaciones internacionales de Convergència Víctor Terradellas; al jefe de la oficina del expresident Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, y al informático Jaume Cabaní. El juez observa vínculos de personas del entorno de Puigdemont con diplomáticos extranjeros, e incluso la celebración de reuniones en la Generalitat en los días previos a la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017. El relato del juez incide en que se realizaron maniobras para alterar la unidad territorial de España y para buscar alianzas con Rusia, lo que puede poner en jaque la aplicación de la amnistía al expresidente catalán si el avance de la investigación concluye que tuvo responsabilidades directas en la trama, bien por su propia participación o por órdenes a sus subordinados. El articulado de la proposición de ley de amnistía al procés excluye expresamente del perdón los “delitos de traición” y contra la paz del Estado o los delitos que afecten “a los intereses financieros de la Unión Europea”.

El auto se ha hecho público este lunes, la víspera de que la proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña se someta a votación del Congreso de los Diputados, y supone un segundo flanco de ataque sobre una norma que está pensada para dar carpetazo judicial a las causas derivadas del desafío independentista catalán. La ley es objeto de una fuerte tensión política y judicial. El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Tsunami Democràtic, ha tratado de desvirtuar una amnistía de Puigdemont alegando que sobre el expresident pesan indicios de terrorismo porque tuvo un papel relevante en las algaradas públicas que organizó Tsunami en octubre de 2019 contra la sentencia del Tribunal Supremo que impuso penas de cárcel por sedición y malversación a los líderes independentistas. La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera acusó hace diez días al juez García-Castellón de tener “una implicación política importante”. Y “siempre en la misma dirección”, abundó Ribera.

El auto del juez Aguirre añade incertidumbre a la evolución de la trama judicial que rodea al procés. El instructor explica que la prórroga de la investigación de la trama rusa empieza a contar desde que se concluya el actual plazo, el 27 de febrero, y se alargará seis meses más. El juez trata de aclarar supuestas maniobras diplomáticas, urdidas desde el entorno de Puigdemont, para lograr apoyos para la secesión. Ha detallado que debe prorrogarse la instrucción de esta carpeta, ya que “esta es la pieza de la que derivan las demás piezas separadas de la llamada Operación Voloh, por si resulta necesario practicar más diligencias de prueba comunes a las demás piezas y hasta que no finalicen estas”.

En octubre de 2020, la Embajada de Rusia en España hizo público un desmentido sobre los datos incorporados en una investigación judicial que aludía los contactos de Víctor Terradellas con el Gobierno de Vladimir Putin para lograr el envío de 10.000 soldados rusos a Cataluña para apoyar y defender una eventual declaración de independencia.

Tras revisar la documentación de la causa, el juez Aguirre asegura que ha encontrado “datos que identifican a personas y confirmarían las estrechas relaciones personales existentes entre algunos de los investigados con individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana”, alguno de ellos mientras ocupaba cargos diplomáticos y tenían relaciones con los servicios secretos rusos.

Según el relato judicial, el interés de los investigados era establecer vínculos de “influencia política y económica para la desestabilización de la democracia y la Unión Europea, consecuencias entre las cuales se podría producir la salida de España de la UE por causa de la independencia unilateral de Cataluña apoyada por el gobierno ruso”.

En el artículo 2 del texto de la ley de amnistía que se debe someter a debate del Congreso este martes se enumeran las exclusiones a la norma. Los partidos independentistas catalanes, Junts y Esquerra, han centrado sus esfuerzos en incluir dentro de la amnistía a supuestos susceptibles de terrorismo, en un intento de proteger a Marta Rovira, secretaria general de ERC, y Carles Puigdemont, líder de Junts, de las responsabilidades que les pueda generar un hipotético vínculo con Tsunami Democràtic. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón cree que Tsunami Democràtic “podría” haber tenido “en mente” actuar al paso de una comitiva del rey Felipe VI en Barcelona en 2020.

Frente contra la amnistía

La instrucción de la trama rusa puede suponer otro frente para desbaratar la amnistía de Puigdemont, toda vez que el juez apunta a una serie de actuaciones que lesionan “la paz o la independencia del Estado” y los “intereses financieros de la Unión Europea”.

Aguirre cree que hay mucha documentación aún por revisar y su intención es profundizar en las relaciones con ciudadanos rusos, uno de ellos, un exdiplomático que se reunió con Puigdemont en la Casa dels Canonges de Barcelona días antes de la declaración unilateral de independencia, el 27 de octubre de 2017. En el auto también explica conversaciones entre Terradellas y David Madí, ex alto cargo de CDC, y otras reuniones de la exdirigente de Junts y persona de confianza de Puigdemont, Elsa Artadi, en el hotel Colón de Barcelona.

Aguirre es el mismo juez que instruye el caso Negreira, por pagos del Barça a los árbitros. Ha citado a declarar como investigado para el próximo mes al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira por los pagos del Barça, tras concluir que, pese a que sufre algún deterioro de memoria, Negreira conserva las facultades mentales para ser enjuiciado.

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