Las familias desahuciadas de Badalona, a la calle: “Albiol presume del árbol de Navidad más grande, pero no atiende a la gente”

“El alcalde [Xavier García] Albiol, que presume de que Badalona es la ciudad con el árbol de Navidad más grande, no es capaz de atender a la gente, a familias con niños”. El agotamiento y desespero tomaba este lunes una sala de la parroquia de la Salut Alta, en Badalona. La Iglesia ha prestado el espacio para que se reúnan las familias que fueron desahuciadas el pasado 15 de diciembre de un edificio en ruinas de la calle Calderón de la Barca, en el barrio de La Salut de ese municipio catalán. Quien lamenta la actitud del Ayuntamiento y el alcalde es Carles Sagués, de la plataforma Sant Roc Som Badalona, que está siguiendo el caso y apoyando a los afectados en lo que puede. El Consistorio, que defendió el desahucio, ha avisado a las familias de que a partir de este martes deja de pagar a las mujeres y los menores (todos nacidos en Badalona) la pensión donde se han alojado en el barrio de Fondo, en la vecina Santa Coloma de Gramenet.

En un comunicado, el Ayuntamiento que lidera el popular Xavier García Albiol insiste en que las familias ocupaban ilegalmente sus viviendas, que pertenecen a un particular que desoyó las peticiones de la administración para rehabilitar la finca, hasta que tuvo que instar el desahucio por seguridad. En realidad eran infraviviendas, en un entramado de escaleras que subían y bajaban y con construcciones añadidas y habitáculos en sótanos. Días antes del desalojo, varios afectados mostraban sus contratos de alquiler (algunos finalizados, pero otros con casi 20 años de antigüedad), y recibos escritos a mano y pagados en negro, o pantallazos de transferencias del pago de rentas hasta noviembre de 2023.

“No tenemos adonde ir, no pedimos nada gratis, pero es imposible encontrar un alquiler que podamos pagar”, asegura Lamya que desde el día del desahucio se ha alojado en la pensión con sus dos hijos menores de edad. Otros dos, que pasan los 18 años, y su marido, Mohamed Bakali, se han buscado la vida en casa de conocidos. Ella tiene cáncer y está en medio del segundo tratamiento de quimioterapia. Aguanta como puede: “No está funcionando, en esta situación no sé ni cómo estoy”. Días antes del desahucio, la pareja explicaba que nunca habían sido atendidos por los servicios sociales y cuestionaban al Ayuntamiento de Badalona por responsabilizarles de la situación. A media reunión del lunes, el móvil de Mohamed suena y se entera de que le han despedido del almacén de artículos de decoración donde ha trabajado desde hace muchos años. Llevaba un tiempo de baja por una extraña alergia.

Fátima, que vivía sola y con problemas de visión, es otra de las afectadas que se quedará en la calle. Y Souad Gahilan, con dos hijas en edad de ir al instituto, la tercera. “Me conformo con cualquier lugar donde puedan hacer los deberes y comer. No hemos robado a nadie, solo pedimos un lugar donde ir: un garaje, una habitación, lo que sea”, susurra cansada y lamenta que en la pensión no hay cocina y han tenido que comprar y comer frío. Boubakar Diallo (ferrallista de profesión que no trabaja desde que sufrió un grave accidente en un pie) y otro hombre que vivía en la finca ya han encontrado alojamiento, uno en un albergue municipal y otro en una fundación que le ha alquilado una habitación. Hay cuatro más, explica Abderraman, que buscan piso. “Si me llamara Manolo me lo alquilarían”, lamenta el afectado. Asegura que duermen algunas noches en pensiones y otras en el taxi donde trabaja uno de ellos.

En un comunicado de este lunes, el Ayuntamiento que capitanea el exlíder del PP catalán, responde sobre la situación que “las familias conocían que se tenían que ir desde hacía dos años”; que “se trataba de pisos ocupados de forma ilegal y con los suministros pinchados” y que “de manera excepcional” el Consistorio ha facilitado una solución habitacional provisional “a las tres familias que presentaban una situación de mayor necesidad para que pudieran buscar una alternativa”. El Gobierno local mantiene, además, que las familias sabían que el alojamiento finalizaba el 8 de enero.

En los días previos al desalojo, Albiol publicó vídeos en las redes sociales en los que acusaba a los habitantes de la finca del número 79 de ser okupas ilegales, delincuentes y de causar conflictos que, en el entorno, vecinos y comerciantes desmienten por completo. Incluso el cartero les conoce a todos desde hace años: este lunes coincidieron en la calle y les entregó la correspondencia que ha guardado desde que el edificio fue desalojado y sus puertas y ventanas tapiadas con ladrillos. “Mientras yo sea alcalde de Badalona, el Ayuntamiento no va a blanquear a los okupas lanzando un mensaje de que tú puedes ocupar y dedicarte a hacer la vida imposible al resto de vecinos y cuando hay problema, cuando te tienen que desocupar, el Ayuntamiento corriendo tiene que ir a proteger a estos pobrecitos okupas”, presumía el alcalde en diciembre.

Mientras, en la plataforma Sant Roc Som Badalona añaden que el propietario se ha desentendido de las familias. El Defensor de la Ciudadanía de Badalona le pidió que les permitiera entrar a retirar sus pertenencias, e incluso hizo gestiones para que los bomberos supervisaran una eventual entrada, pero se negó. “No se entiende cómo el Consistorio no ha montado un operativo para analizar caso a caso y cómo paliar las consecuencias que tendría el desahucio para las familias” señala Sagués, que destaca que todas sus pertinencias, “materiales, sentimentales, muebles o electrodomésticos”, siguen en el edificio. “Es inaceptable”, concluye.

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