El plante de Puigdemont a su “Generalitat paralela” rubrica la caída en desgracia de la entidad

El último fin de semana de octubre, Carles Puigdemont se convirtió oficialmente en presidente de Junts per Catalunya. El nombramiento, por aclamación durante un congreso político que el partido celebró en Calella (Barcelona), generó un efecto instantáneo en el Consell de la República, la entidad independentista ideada por el propio Puigdemont desde Bélgica para actuar como una suerte de Generalitat paralela. “Hay que repensar el Consell de la República y no nos tiene que dar ningún miedo tomar decisiones”, manifestaba durante el congreso de Junts una persona que ha ocupado responsabilidades en el órgano de gobierno del Consell. Ocho días más tarde, el lunes 4 de noviembre, Puigdemont se reunía con la cúpula de la entidad y decidía dimitir. Todos sus colaboradores renunciaban, en bloque, con él. El vacío de poder embravece el remolino interno que han provocado las acusaciones contra Toni Comín, vicepresidente de la entidad, por uso indebido de dinero.

El Consell queda temporalmente en manos de una comisión gestora y se asoma a un abismo de incertidumbre que rellena de dudas su futura organización y su utilidad. La foto actual choca con la ambición que rebosaba el propósito inicial, cuando se anunciaba como una arma secreta del independentismo capaz de lograr un millón de afiliados para confrontar con las instituciones Estado desde una situación de invulnerabilidad jurídica. “Las cosas que no se pueden hacer ni decir en Cataluña, se harán y se dirán desde fuera para lograr la independencia”, aseguraba Carles Puigdemont en 2018.

El Consell de la República se ideó y se registró en Bélgica para facilitar la toma de decisiones de su líder, el propio Puigdemont, y para blindarlo de un posible asedio de la justicia española. Presentado como un artefacto transversal con capacidad para dar cobijo a las diferentes sensibilidades del independentismo catalán, logró incluso el apoyo institucional de la Generalitat, con la presencia del entonces president Quim Torra en varias de las reuniones fundacionales. Torra llegó a tildar al Consell de “esencial”. De entrada, Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana respaldaban las pretensiones del Consell. Pese a los recelos, también Esquerra Republicana y la CUP mostraban complicidad con la iniciativa parida en Waterloo.

Pero, el paso del tiempo terminó retratando al Consell como un brazo de Junts y, más concretamente, como una herramienta al servicio de Puigdemont. Hace un año, los 90.000 socios de la entidad fueron convocados a una votación telemática para responder a esta pregunta: “¿El Consell de la República tiene que promover el bloqueo a la investidura del presidente del Estado español por parte de los partidos independentistas catalanes?”. El 74,9% respondió que sí, con una participación de solo 4.000 personas; es decir, el 4% del censo. Puigdemont combinaba entonces la presidencia del Consell con el pilotaje de la negociación de Junts con el PSOE para lograr una ley de amnistía a cambio de la investidura de Sánchez. El veredicto de las bases del Consell no alteró el avance de las conversaciones con el PSOE.

Ha habido otros chascos, cuando se ha buscado mezclar al Consell con la negociación política. Tras las elecciones catalanas de febrero de 2021, ganadas por Esquerra y Pere Aragonès, el Consell se convirtió en una piedra en el zapato de los negociadores que tramaban un acuerdo entre ERC, la CUP y Junts. Los seguidores de Puigdemont defendían la necesidad de dejar en manos del Consell el diseño de la hoja de ruta independentista que tenía que seguir el Govern. Esquerra no lo aceptó y, al cabo de unos meses, Junts salió del gobierno.

El pasado mes de febrero el Consell convocó elecciones para reelegir presidente a Puigdemont. En la votación participó menos del 10% del censo de la entidad. Cuatro semanas después, Pere Aragonès avanzó elecciones en Cataluña y Carles Puigdemont reaccionó manifestando que sería el candidato de Junts. Aquel anuncio marcó el principio del fin de su relación con su ‘Generalitat paralela’ y destapó la endeblez que sufre la entidad sin el amparo del expresident. Las posteriores denuncias sobre el supuesto uso indebido de dinero por parte de Toni Comín han terminado de embarrar la imagen de un organismo que en su último comunicado reconoce “la necesidad de auditar la actividad y la gestión del Consell”.