Albiol defiende el desahucio de las familias de un edificio ruinoso de Badalona y les tacha de okupas y delincuentes

La alerta la dio el domingo pasado la plataforma vecinal Sant Roc Som Badalona, que atiende a familias en riesgo de desahucio: ocho familias del barrio de La Salut afrontan este viernes el desalojo del edificio donde viven en infraviviendas, declarado oficialmente en ruina, y el Ayuntamiento no les ofrece alternativa de realojo. El lunes, el alcalde Xavier García Albiol, publicaba un vídeo en las redes sociales defendiendo el desalojo del bloque, “ocupado por personas que crean problemas de convivencia, incivismo y delincuencia”, y asegurando que la Guardia Urbana colaborará con los Mossos d’Esquadra para echarles. Los vecinos y comerciantes del entorno defienden a las familias y niegan que hayan protagonizado incidentes. Mientras, varias familias del bloque muestran sus contratos de alquiler (algunos finalizados, pero otros con casi 20 años de antigüedad), y recibos escritos a mano o pantallazos de transferencias del pago de rentas hasta este mes de noviembre: entre 100 y 300 euros.

El propietario, un particular, se niega a responder las preguntas de este diario sobre la lamentable situación del edificio y se limita a afirmar que “desde la pandemia, no paga nadie”. Desde el consistorio, fuentes municipales responden que cumplirán con las “obligaciones legales activando a los servicios sociales de emergencias por 48 horas de las personas que lo necesiten” y hablan, sin cuantificar, de que desde hace tiempo han recibido “numerosas quejas de los vecinos de la zona sobre los ocupantes del edificio por problemas de peleas, incivismo y convivencia”.

Es una situación compleja, con las habituales aristas y capas de precariedad y situaciones informales que afrontan las familias, con más o menos vulnerabilidad. Para empezar, aparentemente el edificio, en la calle Calderón de la Barca, tiene solo la planta de la calle y otra superior, pero la documentación municipal contabiliza siete viviendas: dos en el primer piso, una en el bajo, dos interiores y dos en el sótano. En la información catastral figuran cuatro pisos (entre ellos uno de cinco metros cuadrados y otro de 15 metros cuadrados). Y en el registro de la Generalitat solo aparece uno, con la cédula de habitabilidad caducada desde 1993. El bloque solo tiene un contador de luz y otro de agua, explican los vecinos, que se reparten los gastos.

El propio Ayuntamiento inició en noviembre de 2022 el procedimiento para declarar “el estado ruinoso del inmueble” y propuso “la declaración de ruina económica”, situación que se produce cuando la rehabilitación de una finca supera el 50% del valor de nueva construcción. Las escaleras son estrechas, empinadas, no siguen una estructura lógica, hay puertas o rellanos cada pocos metros, y un patio varios niveles abajo desde el que es fácil preguntarse cómo se aguanta el conjunto. La última comunicación a los vecinos, de la que se han enterado tres familias a través de los servicios sociales, es una notificación de marzo de este año ordena al propietario “apuntalar los balcones y tribunas ubicados en el fondo de la finca” en un plazo de tres meses y si no, derribar “las construcciones” en un plazo de nueve meses, que finalizan este viernes.

Este escenario de infraviviendas aloja a familias desde hace décadas. Souad Gahilan tiene que bajar un buen tramo de escaleras imposibles --”todo esto lo he limpiado y pintado yo un montón de veces”, dice señalando paredes descascarilladas y excrementos de palomas-- y luego subir otro tramo para llegar a su piso, donde vive con sus hijas de 13 y 17 años. “Llegué en 2009 años”, relata y admite que no paga alquiler “desde que con otro vecino denuncié al propietario por el estado de la finca”. “No ha vuelto a cobrarnos”, asegura. Lo corrobora Abderraman Boukilassi, que también denunció.

En los bajos vive Boubacar Diallo, con su hermano y un sobrino. Muestra los recibos del último año, escritos a mano, con pagos de 300 euros. “Trabajaba de ferralla en una obra y hace dos años tuve un accidente en una pierna y todavía no puedo trabajar”, dice señalando sus cajas de herramientas. “Aquí no hay problemas de convivencia, el problema es que no puedo trabajar y no tengo adónde ir si me echan”, dice bajo un techo con humedades y una cocina viejísima. Reconoce que no está empadronado el piso, donde llegó después de vivir en el Maresme, desde donde su mujer y sus hijos volvieron a Guinea hartos de no poder seguir adelante.

Y en el primero está la familia de Mohamed Bakali. Su mujer, Lamyna, en tratamiento por un cáncer, y sus cuatro hijos, los dos pequeños todavía escolarizados en el barrio. “Llevamos veinte años aquí, antes vivíamos en uno de los pisos interiores y en 2010 nos cambiamos, yo siempre he tenido trabajo, nunca había ido a los servicios sociales y ahora que he ido me sugieren que vuelva a Marruecos”, se indigna. “Lo que dice el alcalde es todo mentira, lo hace para no responsabilizarse de la situación”, lamenta. Sin poder trabajar por brotes alérgicos y con el contrato caducado, Bakali explica que tras un acuerdo verbal con el dueño sigue pagando, y muestra el último ingreso de 100 euros, en noviembre. “Claro que no nos gusta el edificio, hemos arreglado suelos y la electricidad, pero se cae, solo queremos vivir de alquiler, pero piden dos nóminas y cuando ven nuestros nombres marroquíes, pese a que somos españoles, nos dicen que no”. lamenta Lamyna.

En su vídeo, Albiol insiste: “Mientras yo sea alcalde de Badalona, el Ayuntamiento se va preocupar de los vecinos que no tienen vivienda y no crean problemas de convivencia e incivismo, pero no se va a preocupar de los okupas conflictivos. El Ayuntamiento de Badalona no va a blanquear a los okupas lanzando un mensaje de que tu puedes ocupar y dedicar hacer la vida imposible al resto de vecinos y cuando hay problema cuando te tienen que desocupar”. Desde la plataforma Sant Roc som Badalona, Carles Sagués, se pregunta “qué responsabilidad tiene la propiedad en todo este procedimiento” y reprocha a la administración “que se lave las manos y mienta y exagere sobre la condición de familias vulnerables”. “Es indignante lo que afirma”, zanja.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal