Los empresarios de pisos turísticos ven la regulación catalana como una amenaza pese a su flexibilización

El plan para controlar los apartamentos turísticos en Cataluña, una iniciativa pionera en España con la que se pretendía cerrar miles de pisos dedicados a esta actividad, quedará presumiblemente muy descafeinado con respecto al proyecto inicial. El PSC votó este miércoles a favor del decreto ley propuesto por el Gobierno de ERC, pero a cambio de que se tramite como proyecto de ley con unas modificaciones sustanciales, entre ellas, que se suprima la medida estrella de poner un tope de 10 pisos turísticos por cada 100 habitantes. Pero pese a que esta flexibilización de la norma podría interpretarse como una victoria fruto de la presión de los alcaldes y del sector de los apartamentos turísticos, los empresarios niegan la mayor: cierto, celebran que este tope decaiga en el futuro, pero creen que la norma supone una amenaza a largo plazo para su actividad. El Sindicato de Inquilinos, por su parte, obvia los cambios comprometidos en el acuerdo con el PSC, y asegura que la norma aprobada termina “con la barra libre para especular con pisos turísticos”.

Tanto los defensores de la actividad de los apartamentos turísticos como sus detractores han barrido para casa y ven, en el acuerdo entre socialistas y republicanos, argumentos que les reafirman en sus posturas. Lo cierto es que el proyecto, aunque está aprobado, perderá algunos aspectos clave fruto del acuerdo político. Una de las medidas que se prevé que decaigan es la del tope a los pisos según el número de habitantes, pero es que el acuerdo además prevé rebajar de 262 a 140 los municipios que estarán afectados por la norma, circunscribiéndola a aquellos que presentan un mercado de la vivienda tensionado según la ley de Vivienda. El acuerdo prevé dejar en manos de los Ayuntamientos la regulación final y la conveniencia o no de establecer un tope, aunque con matices: con la nueva norma los apartamentos turísticos necesitarán una licencia que tendrá una vigencia de cinco años —y no solo, como ahora, un número de registro, definitivo y que solo cuesta 300 euros—, y los Ayuntamientos deberán aprobar un planeamiento urbanístico sobre este aspecto y remitirlo a la Generalitat. Las licencias del nuevo régimen se prorrogarán automáticamente si lo permiten estos planeamientos. El acuerdo establece un régimen transitorio también de cinco años para los apartamentos que estén habilitados como turísticos cuando entre en vigor la norma.

El Sindicato de Inquilinos ha celebrado “como un primer paso valiente para recuperar viviendas del mercado turístico” la aprobación del decreto propuesto por el Govern, aunque admite que el acuerdo con los socialistas prevé “diluir la norma dentro de unos meses”. “Pero esto no está aprobado, y a día de hoy no tienen mayoría para hacerlo”, ha advertido la entidad en las redes sociales, donde se ha conjurado para mantener el decreto aprobado este miércoles.

En el otro lado de la balanza, las patronales de pisos turísticos Federatur y Apartur, de ámbito catalán y barcelonés respectivamente, han criticado con dureza el decreto aprobado, y también el acuerdo que prevé diluir las medidas. “Federatur se felicita por haber conseguido eliminar el tope de las viviendas de uso turístico en función de la población, pero insiste en su preocupación por los aspectos que no han quedado bien resueltos y por la inseguridad jurídica que imperará a partir de ahora en el sector”, apunta la patronal en un comunicado. El presidente de la asociación, David Riba, ha dicho a las puertas del Parlament que el decreto es “insuficiente”. “Pone en precario nuestra economía, que da muchos puestos de trabajo, y no resuelve el problema de la vivienda, ya que nosotros solo representamos el 2,5% del parque”, ha dicho. El temor de los empresarios es que dejarlo en manos de los alcaldes implique una multiplicidad de criterios, y critican que las licencias tengan una vigencia de cinco años, lo que a su juicio desincentivará la inversión en los apartamentos: “¿Para qué vas a cambiar el plato de ducha si igual no sigues con esta actividad?”, se ha preguntado Enrique Alcántara, presidente de Apartur.

Alcántara considera que el acuerdo entre socialistas y republicanos no implicará ningún cambio en Barcelona con respecto a lo que establecía el proyecto inicial del decreto: “Es un decreto turismofóbico, va contra nuestra actividad y se ha hecho de espaldas a todo el mundo. Barcelona perderá competitividad, lo sufrirán las ferias y los congresos”, expresa, a la vez que recuerda la intención declarada del alcalde Jaume Collboni de reducir los pisos turísticos. Ambas entidades esperan que el PP lleve la norma al Tribunal Constitucional: “Es el único recurso que nos queda”.

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