Cataluña declara la guerra a los pisos turísticos: el Govern quiere cerrar 28.000

La Generalitat de Cataluña ha dado un contundente paso para regular la oferta de pisos turísticos y contener el impacto que tiene en el acceso a la vivienda para los vecinos, tanto en grandes ciudades como en pequeños municipios. Para ello el Govern ha aprobado este martes un decreto ley que cambia las reglas del juego y, si se aprueba (para lo que necesita apoyo en el Parlament), supondrá el cierre de 28.000 apartamentos turísticos en municipios de costa o el Pirineo. Hasta ahora, para obtener un número de registro de vivienda de uso turístico (HUT en sus siglas en catalán) a los propietarios les bastaba con darse de alta con una declaración responsable ante Turismo y tenían la licencia para siempre y por menos de 300 euros. A partir de ahora, serán los ayuntamientos quienes decidan: tendrán que permitir el uso turístico de las viviendas en planes urbanísticos y concederán las licencias, con el sistema que decidan. Con la concreción y gestión a cargo de los consistorios, en la nueva regulación el Govern solo fija las reglas generales: un tope de 10 pisos turísticos por cada 100 habitantes y que las licencias serán para solo cinco años. La nueva regulación afectará a los 262 municipios que concentran 95.000 pisos turísticos de los 103.000 existentes. La patronal de apartamentos turísticos de Barcelona Apartur y la de ámbito catalán Federatur ya han puesto el grito en el cielo y han asegurado que recurrirán judicialmente la normativa, si se acaba aprobando.

Para los municipios turísticos medianos, la propuesta supone una declaración de guerra a la oferta de viviendas turísticas, porque prevé revocar un total de 28.000 licencias en 47 poblaciones. El decreto ley prevé una ratio máxima de 10 pisos turísticos por cada 100 habitantes y hay 47 poblaciones que la superan. Entre las poblaciones donde habrá que revocar licencias figuran ubicaciones en zonas turísticas del Pirineo (Alp, Alt Aneu, Queralbs, Rialp, Espot, Esterri), la costa de Tarragona (Salou, Cambrils, L’Ametlla, L’Ampolla), la de Girona (Cadaqués, Begur, Roses, Calonge, Castelló d’Empúries, Palafrugell, Pals, Torroella-L’Estartit) o comarcas interiores como la del Priorat (La Vilella Baixa). Sobre qué sistema se empleará para decidir qué licencias se revocan y cuáles se otorgan, el Govern defiende la “autonomía municipal” y prevé que lo decida cada Ayuntamiento. Una de las fórmulas que ha sugerido es un concurso de licencias.

En el caso de Barcelona, es poco probable que haya revocaciones, porque la ratio 10-100 entre pisos turísticos y habitantes está lejos de la futura norma: hay 9.600 pisos turísticos y 1,6 millones de habitantes. Con el decreto, el tope sería de 160.000 apartamentos turísticos, pero dependerá del plan urbanístico que redacte la ciudad. En cualquier caso, el Ayuntamiento de la capital catalana es de los que se adelantó a la nueva normativa autonómica y en 2015 congeló la cifra de 9.000 pisos turísticos en su plan urbanístico de alojamientos turísticos, el PEUAT. Otros municipios han fijado otras normas: en Girona aprobaron un tope máximo del 4% de las viviendas de la ciudad para uso turístico. Y otros, como Piera, solo permitían pisos turísticos en viviendas unifamiliares. En cualquier caso, todos los propietarios de pisos turísticos con registro de HUT deberán solicitar las nuevas licencias.

“Barcelona no se puede permitir tener casi 10.000 viviendas que no lo son”

Desde el actual gobierno municipal de Barcelona, la teniente de alcalde Laia Bonet ha celebrado la propuesta del Govern: “Hemos sido consultados, va en la línea de una norma para regular y restringir la actividad de los pisos turísticos y su impacto, que en Barcelona es obvio. El Gobierno de la ciudad se hace suya la idea de que las viviendas se usen como tales y trabajaremos en los próximos cinco años para aterrizar la propuesta y ver el impacto que tiene a corto, medio y largo plazo”. “Barcelona no se puede permitir tener casi 10.000 viviendas que no tienen uso de vivienda y esta herramienta va en la buena dirección a la hora de restringir esta realidad”, ha alertado. Y ha aplaudido también que las autorizaciones pasen de comunicado a licencia urbanística y caduquen en cinco años.

El futuro de todos ellos, en cualquier caso, dependerá de los planes urbanísticos que redacten los ayuntamientos, para recoger explícitamente la posibilidad de acoger apartamentos turísticos con una nueva calificación urbanística que incluirá la Ley de Urbanismo. Si un municipio decidiera que no permite el uso turístico de su parque residencial, se extinguiría a los cinco años. Y si el propietario justificara una inversión en el piso, podría prorrogar cinco años más la licencia. El Govern asegura que no tendrá que indemnizar a nadie. Solo si el propietario demostrara que ha hecho una inversión en los últimos en la vivienda, podría conseguir una prórroga de cinco años más en la autorización.

El listado de 262 municipios que estarán sujetos a la nueva regulación incluye dos situaciones: los 140 que ya tienen un mercado de vivienda tenso que dificulta el acceso a la vivienda; y otros 134 donde existe riesgo de romper el equilibrio urbano y tienen más de cinco pisos turísticos por cada 100 vecinos. La idea es que la Generalitat revise el listado cada cinco años, porque entiende que la realidad es dinámica.

“El objetivo es garantizar el derecho a la vivienda, garantizar su uso social, sobre todo allí donde el uso turístico garantiza tensión en los precios y tensiones para garantizar la provisión de vivienda para la población”, ha defendido la consejera de Territorio, Ester Capella. “El decreto se fundamenta en directivas europeas, el Estatut y la Ley del Suelo, que determina que debe ir condicionado a generar vivienda para las personas”, ha destacado. “Actuamos para garantizar el acceso a la vivienda, que es la puerta de entrada a muchos otros derechos”, ha zanjado. Sobre un eventual apoyo al decreto, fuentes de Junts han declinado este martes posicionarse. Fuentes del PSC explican que están estudiando el texto, y que esta vez el Govern les compartió el redactado antes de presentarlo.

Desde la patronal de los apartamentos turísticos, Apartur ha tachado la medida de “expropiación sin indemnizar”, ha alertado de que afectará al 50% del turismo de Cataluña, “el 6% del PIB y los empleos que genera también en la restauración” y ha reprochado al Govern haberla aprobado sin diálogo “de forma irresponsable y a toda prisa”. El presidente de la patronal de Barcelona y representante de la catalana, Enrique Alcántara, ha augurado que será “un juez quien acabe decidiendo sobre el futuro” de la propuesta, que al ser decreto ley solo se podría recurrir ante el Tribunal Constitucional, y ha llamado a los partidos políticos a no apoyarla y exigir tramitar una ley con debate y los plazos preceptivos. Alcántara también ha arremetido contra las regulaciones que “favorecen a unos alojamientos concretos y dejan el sector en manos del lobby hotelero” y dejan a “80.000 familias propietarias de los 103.000 pisos turísticos disfruten de los beneficios del sector”.

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