Malvender lo público
El Gobierno de Artur Mas privatizó inmuebles muy por debajo del precio de mercado y ahora el Ejecutivo de Aragonès proyecta volver a ser propietario
Cuando en 2010 CiU recuperó su viejo domicilio de la plaza de Sant Jaume, una de las primeras medidas que tomó fue deshacer lo que el Tripartito había hecho. De la mano de Artur Mas, se dinamitó la política de compra de inmuebles auspiciadas por Pasqual Maragall. Un estudio realizado en 2004 por el Ejecutivo de izquierdas mostraba que en 2027 la financiación por la compra ascendería a unos 20 millones al año, mientras que su alquiler alcanzaría en la misma fecha los 37 millones de euros anuales.
El caso es que Mas y su entonces aliado, el Partido Popular, decidieron que lo más importante era hacer retroceder el endeudamiento. Con la venta de patrimonio inmobiliario, la Generalitat pretendía obtener 550 millones de euros con la salida al mercado de 37 edificios públicos, según cálculo del consejero Andreu Mas-Colell. Se acabaron logrando. Se malvendió patrimonio para obtener liquidez. Sin embargo, si la Generalitat en 2011 pagaba 29 millones anuales por acceder a la propiedad de inmuebles, tras la operación la factura de los arrendamientos ascendía a más de 40 millones. Solo en la venta de cuatro edificios, la Generalitat de Mas perdió más de 42 millones de euros. Actualmente la Administración catalana paga en alquileres de sus dependencias 81 millones de euros anuales.
Cierto es que Cristóbal Montoro –entonces aliado de CiU y padre de una amnistía fiscal que no figuraba en el programa del PP– se reservó para la Administración central la parte blanda del objetivo de déficit y dejó el hueso para las comunidades autónomas. Pero al Govern no le debía parecer tan mala idea, pues ya en 2011 el astuto Mas, alumno aplicado de la austeridad, aprobó con los votos del PP fijar para 2018 un déficit estructural de 0,14% del PIB, que el Gobierno central situaba en 0,40% para 2020. Los recortes dejaron bajo mínimos la sanidad, educación y las políticas sociales… Se presentaba como un “éxito” ante los inversores la reducción de partidas como la de la Renta Mínima de Inserción. Luego Mas ha asegurado –como los primeros desnudos del cine español– que eran exigencias del guion. Se vendió el 65% de Túnels del Cadí a BGT-Pactual por 60 millones de euros, porción de la que en dos años el nuevo comprador se deshizo por 146 millones. Total: 87 millones de beneficio. La privatización de Aigües Ter Llobregat fue otro fiasco, pues un concurso mal hecho –con más sombras que un teatro chino– acabó convirtiendo lo que debía ser un ingreso en una indemnización de más de 300 millones de euros.
En 2015 la Generalitat ingresó el 8% de lo previsto con las privatizaciones, según datos de ejecución presupuestaria del propio Govern de septiembre de aquel año. En 2014, la cosa había ido algo mejor pues el porcentaje alcanzado fue del 16,5%, de acuerdo con la misma fuente. Pero las circunstancias exigían un nuevo giro de guion. La marca CiU estaba gastada por la corrupción y el astuto Mas ideó coligarse con Esquerra en Junts pel Sí y ello obligaba a corregir el libreto hacia terrenos más socialdemócratas y de defensa de lo público.
A Mas no le sirvió, pues la CUP –necesaria para su investidura– lo envió a la papelera de la historia y tuvo que dejar de hereu a Carles Puigdemont. El resto de la historia ya es conocida. Ahora el Govern de Aragonès ha hecho cuentas y, al parecer, hay que volver a ser propietario de los inmuebles. La idea es buena si cada gosplan no supone sacrificar lo que es patrimonio de todos.
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