La Generalitat ultima su propuesta para la “mejora” del aeropuerto de El Prat

La Generalitat espera una convocatoria formal del Ministerio de Transportes para poner en marcha la comisión técnica que tendrá que decidir la “mejora” del aeropuerto de Barcelona-Josep Tarradellas. Técnicos de al menos los departamentos de Territorio y Acción Climática ultiman los trabajos que ayudarán a fijar la posición de la Administración catalana en las conversaciones, según aseguran fuentes del Govern. A esos informes internos se les sumarán otros documentos adjudicados en julio pasado a la consultora ALG Global Infraestructure Advisors, responsable de actualizar el Plan Estratégico de la Aviación de Catalunya 2030, a la que también se le encomendó un análisis de las diferentes alternativas existentes para dar más capacidad operativa a las instalaciones de El Prat.

La inminente finalización de esos trabajos preparativos explica que la consejera de Territorio, Ester Capella, enviara una carta a la entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez, el pasado 30 de octubre. La respuesta fue casi inmediata, confirmando la intención de convocar en los días siguientes, aunque todo el proceso de investidura y de formación del nuevo Gobierno ha acabado dilatando la decisión. Ahora, el peso de esa negociación recaerá sobre el relevo de Sánchez en el ministerio, Óscar Puente, previsiblemente con la propuesta que presentó Aena en el verano de 2021 y que acabó con una doble crisis institucional: la del enfrentamiento entre los dos partidos que gobernaban entonces la Generalitat (ERC y Junts) y entre los gobiernos catalán y estatal. La empresa semipública y cotizada preveía prolongar la pista mar unos 500 metros para que pudiera permitir los despegues de aviones de mayor capacidad y afectar la zona de La Ricarda, protegida por la red Natura 2000, que los republicanos inicialmente rechazaron. Ante la negativa, Aena aplazó el proyecto inversor para Barcelona, de unos 1.700 millones de euros en total, hasta su siguiente plan de inversiones, que se aprobará en 2027.

El president Pere Aragonès se comprometió a principios del año pasado con el PSC a participar en una comisión técnica para consensuar una fórmula de “mejora” del aeropuerto, una de las condiciones para conseguir el aval socialista en los Presupuestos de 2023. El límite para constituirla era diciembre y en los últimos meses ha estado trabajando en diferentes propuestas. Para ello ha analizado las expectativas de crecimiento del aeropuerto y cómo impulsar sus enlaces intercontinentales, cómo minimizar o compensar el impacto sobre los espacios protegidos (por los que España tiene abierto un procedimiento de infracción por dejadez medioambiental desde la anterior ampliación aeroportuaria) y, conjugando todo eso, qué alternativas son viables para que las instalaciones ganen capacidad de despegues y aterrizajes.

La presión del PSC sobre el tema ha estado acompañada en todo momento de la empresarial: no hay institución económica que no apoye la ampliación. El último gesto, y el más contundente y trabajado, lo hizo Foment del Treball, con un documento que analizaba diez propuestas distintas para actuar sobre las pistas y otra (que parece imposible) que versaba sobre la posibilidad de que los aviones operaran como estaba previsto con las dos actuales pistas, sobrevolando los municipios de Gavà, Viladecans y Castelldefels, con el impacto sonoro que eso genera sobre los vecinos. La patronal que preside Josep Sánchez Llibre incluso ofreció una propuesta de máximos, con una prolongación de más de 820 metros de la pista mar que se alzaba sobre el estanque de La Ricarda.

Todas esas alternativas las tiene el presidente Aragonès y todas ellas serán analizadas, entre otras propias, por la firma ALG, que se adjudicó por 280.000 euros un contrato para actualizar cuál ha de ser la estrategia aeroportuaria catalana. Ese contrato tiene un periodo de ejecución de dos años, pero el Govern prevé poder tener la parte de El Prat antes, para incluirla en el debate. No ha trascendido cuál es la posición preferida de la Administración catalana, que sí ha manifestado su interés de conseguir un sistema aeroportuario catalán conectado a través de trenes de alta velocidad que permita descongestionar El Prat y darle oxígeno para tener más capacidad para operar vuelos intercontinentales. Esa decisión es, sin embargo, difícil, porque las aerolíneas con derechos de despegue asignados los pueden mantener tanto tiempo como quieran siempre y cuando lo utilicen.

Una de las dudas es si la Generalitat utilizará el debate para hablar de la gobernanza del aeropuerto de El Prat, la presencia del Govern en la gestión de la infraestructura. Es uno de los temas más delicados, aunque el informe de Foment encontraba una solución en un apartado que finalmente fue eliminado por la petición de algunos partidos políticos. Señalaba, tal y como publicó EL PAÍS, que era posible encajar esa convivencia en una comisión de coordinación del aeropuerto de Barcelona en el que la Generalitat y municipios de la zona podrían “trabajar conjuntamente con Aena” en competencias como los proyectos estratégicos, la ampliación, la financiación y la capacidad operativa.

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