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ERC se une a Junts para recurrir la ley de vivienda que apoyó y ensalzó en el Congreso

Los republicanos alegan ahora que la norma invade competencias de la Generalitat

Camilo S. Baquero
La presidenta del Parlamento de Cataluña, Anna Erra, durante el debate sobre el recurso de inconstitucionalidad a la ley de vivienda.
La presidenta del Parlamento de Cataluña, Anna Erra, durante el debate sobre el recurso de inconstitucionalidad a la ley de vivienda.Quique García (EFE)

Es poco usual que un partido vote a favor de una ley y después la recurra ante el Tribunal Constitucional. Ha sucedido este viernes: ERC ha apoyado en el Parlamento de Cataluña recurrir la ley nacional de vivienda después de colocarse la medalla, el pasado mes de mayo, por haber logrado sacarla adelante en el Congreso. ERC y EH Bildu fueron, de hecho, los partidos que en aquel momento presentaron la ley ante los medios de comunicación, reivindicando que habían sido ellos quienes habían conseguido convencer al Gobierno para aprobarla. Ahora, los republicanos justifican el giro escudándose en el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, órgano de la Generalitat que dictaminó que la ley invade competencias autonómicas. ERC ha contado con el apoyo de Junts y de la CUP para recurrir la nueva ley, aunque los de Junqueras han acusado a Junts de moverse más para “frenar los avances sociales” que para proteger el autogobierno.

“La ley tiene artículos que van en contra del Estatut, que otorga competencias plenas al Govern en materia de vivienda”, ha denunciado Mònica Sales, portavoz de Junts, partido que en mayo votó en contra de la norma. “ERC ha negociado, pactado y votado la ley estatal para después sumarse al recurso de inconstitucionalidad. Pero bienvenidos a bordo”, ha remachado Sales. ERC y Junts habían tenido un amargo intercambio de reproches cuando, el pasado mayo, los de Carles Puigdemont no se sumaron a dar luz verde a una ley que había nacido en parte del trabajo previo hecho por la Generalitat. El Gobierno catalán, pese al recurso, ya ha puesto en marcha la maquinaria para aplicar la normativa.

Junts, como el PNV o la Comunidad de Madrid, no tardó en reprobar el contenido de la norma que, entre otras cosas, fija un tope a los precios de los alquileres en las llamadas zonas tensionadas. Junts instó a que el Parlament pidiera un informe al Consejo de Garantías Estatutarias (órgano autonómico homólogo al Consejo de Estado y cuyo posicionamiento no es vinculante) y ese texto se conoció a principios de agosto. El Consejo dictaminó que ocho artículos y tres disposiciones de la norma invaden competencias de la Generalitat, aunque contó con dos votos particulares.

El encargado de defender la posición de ERC fue el diputado Pau Morales, que reivindicó la posibilidad de mejorar los posibles problemas de la norma a través de este recurso, aunque dio por bueno el contenido de la ley y su objetivo. Haberla tumbado en el Congreso, ha alegado, “hubiera supuesto perder una ocasión irrepetible de lograr avances sociales, como la regulación de las rentas de alquiler o que sean los arrendadores quienes paguen los costes de los contratos de alquiler”.

Morales ha explicado que ya en el proceso de negociación en el Congreso se logró la retirada de más de una decena de artículos que abiertamente sí entraban en las competencias de consumo de la Generalitat. “Y negociamos solos, demasiado solos”, ha afeado a sus exsocios de Govern. Pero el diputado republicano ha ido más allá y ha acusado a Junts de querer enmascarar como litigio competencial una agenda conservadora sobre el tema de la vivienda. Para Morales, que el Consejo no le diera la razón en todo a los de Puigdemont demuestra que “bajo el amparo de la defensa de Cataluña se esconde la voluntad de frenar los avances sociales”.

El dictamen es muy técnico y entra a dirimir cuestiones que acepta que no tienen impacto directo sobre la ley. Un ejemplo es el artículo 18, que hace referencia a las zonas tensas de alquiler. El Consejo de Garantías Estatutarias considera que, si bien lo que recoge la ley “no tiene ninguna incidencia en la competencia de la Generalitat ni tampoco tiene carácter habilitador”, no se trata de una materia que sea del ámbito de decisión del Estado y por tanto no debería entrar en ese terreno.

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El PNV, que en su día votó en contra de la ley, ha aprovechado la votación en el Parlament para poner ante el espejo a EH Bildu, que sí apoyó el texto y criticó a los peneuvistas por oponerse a los aspectos más progresistas del mismo. En sus redes sociales, el PNV critica a la formación de Arnaldo Otegi apoyándose en la decisión de ERC de recurrir ahora la ley. ¿Algo que decir, EH Bildu?”, ha sido el mensaje.

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Sobre la firma

Camilo S. Baquero
Reportero de la sección de Nacional, con la política catalana en el punto de mira. Antes de aterrizar en Barcelona había trabajado en diario El Tiempo (Bogotá). Estudió Comunicación Social - Periodismo en la Universidad de Antioquia y es exalumno de la Escuela UAM-EL PAÍS.

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