La ampliación del aeropuerto de Barcelona salta de la negociación por la investidura

Amnistía, referéndum, mejora de la financiación y traspaso de Rodalies. Son los temas que más se barajan como posibles contrapartidas para que ERC y, sobre todo, Junts ofrezcan su apoyo a la reelección de Pedro Sánchez. La ampliación del aeropuerto de El Prat, reivindicación fija del PSC en el último año, se ha quedado fuera del debate, como si ya no hubiera prisa para abordar un tema espinoso que enfrenta a PSOE y Sumar y que también ha generado pugna política entre ERC y Junts. Aena, la empresa semiestatal que gestiona los aeropuertos, y el empresariado catalán reclaman la operación, que podría suponer una inversión de 1.700 millones de euros y dar mayor capacidad a vuelos transatlánticos que quieran recalar en Barcelona. En marzo, socialistas y republicanos pactaron crear una comisión técnica para analizar los posibles escenarios, pero ese grupo no está creado y todo apunta ahora que no se constituirá hasta la fecha límite de diciembre, si es que hay investidura y el PSOE retiene La Moncloa.

Decidir cómo debe diseñarse el futuro de la instalación se ha convertido en una patata caliente para Junts y ERC, los dos partidos catalanes que tienen la llave de la investidura de Pedro Sánchez. El conflicto medioambiental que acarrea sobre el delta del Llobregat ensanchar una de las pistas para facilitar la operativa de grandes aviones ha impuesto la necesidad política de transitar de puntillas sobre una infraestructura que en las últimas décadas ha demostrado una sobrada capacidad para convertirse en arma política.

El plan de Aena terminó, en septiembre de 2021, en un chasco por la falta de acuerdo con la Generalitat sobre cómo debía alargarse la tercera pista, la más cercana al mar. Aquel episodio también abrió una grieta entre Esquerra y Junts, entonces socios en el Ejecutivo catalán. Junts se encargó de airear que eran los republicanos quienes debían cargar con la responsabilidad de que el proyecto se fuera al traste y, en la práctica, el planchazo de la ampliación tendió un manto de silencio en lo que se refiere al tratamiento del aeropuerto.

Pese a que los técnicos alertan de que la infraestructura se acerca inevitablemente al tope de su capacidad, previsto en los 55 millones de usuarios, concretar cómo se aborda la ampliación de las instalaciones de El Prat no tiene prioridad en el argumentario de los dos partidos independentistas. Míriam Nogueras, la voz de Junts en el Congreso, basó su campaña en denunciar el olvido del Gobierno con las infraestructuras de Cataluña, pero su foco se posa sobre los trenes de Rodalies y sobre el Corredor Mediterráneo, “uno de los grandes incumplimientos del Estado”, según ella. El precario servicio que da la red de Rodalies en Cataluña es una fuente de argumentos para el independentismo: “No se puede permitir que día sí y día también se produzcan retrasos, con las consiguientes pérdidas de productividad y de tiempo personal”, ha mantenido Nogueras.

En las pasadas elecciones municipales, el candidato de Junts por Barcelona, Xavier Trias, abordó el tema del aeropuerto limitándose a reclamar “máximo consenso” de todos los actores implicados para definir el futuro de la instalación. Durante esa campaña electoral, como también ocurrió en la de las generales, el aeropuerto quedó en un segundo plano. Los partidos no querían ruido en torno a una materia espinosa.

A menor volumen suenan las manifestaciones de Esquerra relacionadas con el aeropuerto. Durante la campaña por las municipales de Barcelona, el candidato republicano Ernest Maragall trató de saldar el envite afirmando que “el Govern está a punto de desbloquear el futuro del aeropuerto”. Medio año después de esas declaraciones, no hay novedad sobre el tema. El partido, a través de Teresa Jordà, ha dejado claro que la lista de exigencias al nuevo Gobierno la encabeza el traspaso de Rodalies, además de una mejor financiación y una mesa de negociación para tratar el encaje de Cataluña en España.

Ese silencio se ha conseguido pese a que durante la negociación presupuestaria los socialistas forzaron a los republicanos a comprometerse a crear una comisión técnica que permitiera afrontar desde cero las posibilidades para que el aeropuerto amplíe su capacidad, sobre todo desde la perspectiva de ganar operativa de aviones de largo radio. Ese grupo de trabajo no se ha creado todavía y ni tan solo se conocen los nombres que lo podrían integrar. Y si bien se puso como límite el primer trimestre para acordar otra cuestión como el Cuarto Cinturón del Vallès, en este caso la fecha límite se va a diciembre próximo. Y todo apunta que hasta entonces, si Pedro Sánchez consigue retener el mando, no habrá avances.

Mientras tanto, las instituciones empresariales de Cataluña, las que más han presionado para que esa inversión salga adelante, van dando su opinión. Lo han hecho la Cámara de Comercio de Barcelona y BCN Global, en dos posicionamientos que llaman a ampliar la pista del lado mar (el origen de toda la controversia), pero con menos longitud de la que ansiaba Aena, lo que limitaría el impacto sobre el espacio natural de La Ricarda, el punto que genera resistencia al proyecto entre los comunes (Sumar) y los republicanos. Ambas entidades han abogado además por dar más protagonismo a los aeropuertos de Girona y Reus, a los que consideran que se podrían trasladar vuelos de menor valor para El Prat y aquellos con la Costa Brava o Tarragona como punto de destino para los usuarios. La Generalitat ya se había expresado en esa dirección en 2022 y de hecho había arrancado el compromiso del Gobierno de conectar con la alta velocidad los tres aeropuertos catalanes para crear un sistema más o menos mayado.

La organización que todavía no ha dicho cuál es su posición definitiva es Foment del Treball. La patronal constituyó también un grupo de trabajo que ha ido escuchando diferentes voces y en febrero contabilizaba nueve propuestas diferentes. De ellas tendrá que salir la definitiva, que no se conocerá hasta septiembre. Las reuniones ya están concluidas y ahora solo falta la redacción del informe, para poder presentar la idea “más ecológica, verde, sostenible y eficiente” y que más consenso pueda generar la primera semana de septiembre, según explican fuentes integrantes de esa comisión.

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